La tramitación del decreto que regula la Ley de Transporte Marítimo sigue en standby. Según precisó ayer en el pleno del Parlament Francina Armengol, presidenta del Govern, se trata de un decreto que es «complejo» técnica y jurídicamente.
En este sentido, recalcó que aunque el equipo de gobierno lo considera «absolutamente» necesario, más de 40 alegaciones presentadas por diferentes operadores de transporte marítimo y los consells de Ibiza y Formentera están ralentizando su aprobación.
De este modo, recordó que, por un lado, hay que establecer las frecuencias de horarios obligatorios que permitan conectar las Pitiusas, sobre todo a primera y a última hora del día; y, por otro, tener en cuenta las excursiones marítimas que funcionan como transporte de pasajeros.
Ante esta situación, Armengol indicó que el siguiente paso será concertar una reunión entre los dos consells para iniciar las negociaciones. «Los dos han cambiado y es un tema delicado. También hay controversias entre los diferentes operadores marítimos y ambiciones políticas diferentes. Necesitamos un decreto que regule la situación de Formentera, pero no se puede hacer por imposición, sino desde el diálogo y el consenso», matizó.
Sin embargo, la diputada de Gent per Formentera, Silvia Tur, criticó que no se haya avanzado en este decreto desde que, en julio de 2015, se dijera que era «prioridad». Tur también lamentó que «ni siquiera se ha convocado una mesa de transporte marítimo después de tres meses de gobierno», acusando al Govern de no dedicar los recursos necesarios para aprobarlo.
Inversión hidráulica
En el pleno, Antonio Francisco Fuster y Zanoguera, del Grupo Parlamentario Popular, se interesó por la reunión que mantuvo Armengol el pasado fin de semana con Ximo Puig, presidente de la Comunidad Valenciana. «¿Por qué no aparecía en la agenda?», preguntó, al tiempo que dijo que esta no se actualiza desde el 6 de septiembre criticando, así, la falta de transparencia de la institución.
Por su parte, Pilar Costa, consellera de Presidencia, recalcó que la reunión fue pública y que no ve ningún problema.
El PP, por su parte, exigió al Govern que el dinero recaudado con el canon de saneamiento de aguas se destine a obras de mejora en las depuradoras de Balears.
Por ello, pidieron un plan de inversión que solucione la problemática actual. Y es que aunque Miquel Mir, conseller de Medi Ambient, insistió en que el 100 % de la recaudación se destina a políticas hidráulicas, el popular Antoni Costa recordó que no solo es a mantenimiento y depuración.
«Este gobierno ha recuperado las inversiones en saneamiento porque antes solo el 50 % del canon se destinaba a estas políticas», zanjó Mir.
En otro orden de cosas, la popular Patricia Guasp se interesó por las infraestructuras de los diferentes centros escolares de Balears. Según matizó, en 2015, cuando había 93 barracones, «se dijo que se iban a reducir en más de la mitad y ahora hay 95 para 2.400 niños».
La presidenta del Govern no dudó en recordarle que «no es comparable el número de aulas modulares con el número de alumnos». En esta línea, señaló que este curso hay 2.200 alumnos más y que se han disminuido los ratios en Infantil.
177 millones de Madrid
El pleno del Parlament reclamó ayer del Gobierno estatal que abone al archipiélago balear los 177 millones de euros que le debe como anticipo del sistema de financiación y de ingresos por el IVA.
Como estaba previsto ?después de que PSIB y Podemos aceptaran las enmiendas de Més? le han dado de plazo hasta el 1 del mes de noviembre y, a partir de ese día, se estudiarán otras vías, entre ellas acudir a los tribunales.
Todo ello, mientras se acercaba el horizonte de otras elecciones. Armengol dijo que la ministra Montero le garantizó los millones.