El equipo de gobierno del Consell d’Eivissa detectó, hace unos meses, una reclamación de la asociación Amadiba por 1,5 millones de euros contra la institución. Una reclamación que está fechada en diciembre de 2018, por lo que «ahora, probablemente», esté por los dos millones y no sabemos cómo pagarlo», lamentó el vicepresidente primero Mariano Juan.
La reclamación de la asociación deriva de varios servicios prestados durante 2018 que suman esa cantidad, pero Juan se refirió a dos contratos específicos firmados el 1 de enero de 2018 y el 23 de marzo del mismo año, por valor de 226.000 y 438.000 euros respectivamente, de los que no tienen documentación.
«Dos contratos que parece que se aprobaron sin ningún tipo de procedimiento ni hecho; es lo que consta en los expedientes administrativos contra estas reclamaciones que Amadiba ha hecho, más allá del pago de facturas que ahora se consiguen desbloquear con estas convalidaciones», criticó el conseller, quien recalcó que «se pagarán todos los servicios siguiendo lo que marca la Administración».
De momento, aseguró que se está estudiando el tema «para ver qué parte se ha pagado y cuál no», ya que en sesión plenaria hace dos meses se aprobaron algunos pagos.
Irregularidades
El pleno del Consell d’Eivissa aprobó ayer, por unanimidad, dos modificaciones a dos conciertos sociales aprobados justo antes de las elecciones municipales por el anterior equipo de gobierno y que, según matizó Mariano Juan, vicepresidente primero y portavoz del equipo de gobierno, no se ajustaban a la «legalidad» y «bloqueaban» el pago de las facturas.
Una de ellas corresponde al concierto social de vivienda supervisada por importe de 380.928 euros sobre el que, según reiteró Juan, ya se tenía constancia de que había habido irregularidades en su tramitación y a pesar de ello se adjudicó el 24 de mayo. Cabe destacar que el concierto recayó precisamente en Amadiba, única entidad social que se presentó y que cumplía con las bases.
«En el informe del secretario general de la institución, del 13 de febrero, se relatan más de 10 irregularidades y eso provocó que no se emitiera el informe favorable de Intervención a la hora de su adjudicación», espetó Juan.
En este sentido, Viviana de Sans, portavoz de Unidas Podemos, reconoció que el departamento conocía esta advertencia, pero «había otro diciendo que se estaba haciendo como tocaba».
Aún así, el Consell ya ha pagado esta semana unos 120.000 euros a la entidad adjudicataria del concierto por servicios que estaban siendo facturados desde enero y que no habían sido cobrados.
De Sans no pasó por alto que fue el anterior equipo de gobierno quien aprobó un decreto para poner en marcha los conciertos sociales, inexistentes hasta entonces en la isla de Ibiza. «El problema que encontramos fue la diversidad de criterios jurídicos. Siempre se ha pasado por Intervención, otra cosa es que informe negativamente», explicó.
Sin embargo, Vicent Marí frenó la justificación del partido morado; partido que estuvo a cargo durante cuatro años del departamento de Benestar Social. «Señora de Sans, no culpe a los técnicos porque esto es por una cuestión de falta de criterio político y de dedicar tiempo», dijo. «No dudo de la buena voluntad que ha habido, pero sí de la capacidad y el trabajo que se ha hecho», insistió.
Para Marí, la «mala» gestión hecha ha tenido consecuencias que tendrían que asumir los responsables políticos de la materia, entre ellos Lydia Jurado y Judith Romero. En cuanto a los criterios a los que se refirió la de Unidas Podemos, el presidente indicó que «eran los mismo cuando estaban ustedes que ahora, por eso tendrían que asumir su responsabilidad».
Otro desbloqueo aprobado ayer corresponde al concierto social del servicio de centro de día para personas con discapacidad intelectual y/o física por valor de 866.414 euros (547.209 euros para el ejercicio presente y 319.025 para el año que viene). En este caso no se había otorgado a ninguna entidad, por lo que se ha resuelto la situación de irregularidad antes de que se empiece a dar el servicio.