El Consell de Govern ha acordado este viernes instar al Consejo de Ministros que declare el municipio de Sant Antoni, zona afectada gravemente por una emergencia tras los daños materiales causados por la Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) del pasado martes.
Tal y como ha avanzado en su edición de hoy Periódico de Ibiza y Formentera, el Consell de Ibiza planteó al Govern la declaración de situación de emergencia para paliar con la mayor celeridad posible los estragos causados por un 'cap de fibló' que barrió una franja de unos siete kilómetros entre Cala Gració y Corona, causando tres heridos de diversa consideración, tumbando unos 100.000 árboles y dejando daños en decenas de viviendas y vehículos, así como dejando sin suminstro eléctrico durante 48 horas a más de un centenar de vecinos.
Operarios de Elecnor apoyados por los bomberos y personal del Ibanat se afanan este jueves en los trabajos de reparación del tendido eléctrico.
En la rueda de prensa celebrada hoy tras el Consell del Ejecutivo autonómico, ilar Costa detalló que el fenómeno meteorológico afectó a una zona forestal de entre 250 y 300 hectáreas, así como a unas 100 viviendas, 5 vehículos y líneas de baja tensión que dejaron sin suministro eléctrico a unas 50 viviendas, al polideportivo municipal, mobiliario urbano y señales de tráfico. El temporal también obligó a cerrar dos carreteras y viales.
El acuerdo ha sido propuesto por la Conselleria de Administraciones Públicas y Modernización y también instará al Consejo de Ministros a adoptar otras medidas para ayudar a la recuperación íntegra de los daños sufridos en el municipio y se detalla que, siguiendo las alertas de la Agencia Estatal de Meteorología, el 21 de octubre de 2019 a las 14.00 horas, el SEIB 112 activó el Plan Meteobal relativo a los fenómenos adversos con el nivel de gravedad IG-1.
Un momento del devastador tornado.
El Govern ha argumentado que los graves daños materiales inherentes son susceptibles de ser compensados a través de las ayudas y las medidas económicas previstas en la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil, en los artículos 21, 22 y 24, y el Real Decreto 307/2005.
Sin embargo, Costa ha matizado que que «todavía no hay una cuantificación económica de los daños», si bien desde el Ayuntamiento del municipio enviarán una lista a la Delegación del Gobierno con los desperfectos.
Recorrido por una de las zonas afectadas en Sant Antoni.
Desde el Govern han recordado que el artículo 23 de la Ley 17/2015 regula el procedimiento de declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil y prevé que dicha declaración, que corresponde al Consejo de Ministros, la puedan solicitar las administraciones públicas interesadas.
Concretamente, establece que corresponde dictar esta declaración, en todo caso, cuando se produzcan daños personales o materiales derivados de un siniestro que perturbe gravemente las condiciones de vida de la población en un área geográfica determinada y cuya magnitud requiera la intervención del Estado, a través de las correspondientes medidas de recuperación, con objeto de restablecer la normalidad de la zona siniestrada.