La coalición PSOE-Reinicia Sant Antoni debe andar muy desesperada para acusar al alcalde, Marcos Serra (PP), de defender los intereses de la empresa autorizada a instalar y explotar el chiringuito de Cala Gració, siendo el anterior gobierno municipal liderado por los socialistas el principal causante de este enorme desaguisado que saldrá bien caro a las arcas municipales.
Revés del Consell Consultiu. El dictamen del Consell Consultiu de les Illes Balears, que es preceptivo y vinculante en un procedimiento como el que instó el consistorio portmanyí al final de la legislatura pasada para la revisión de oficio del permiso de instalación permanente mayor del chiringuito de Cala Gració, dice que a esa pretensión del equipo de gobierno de PSOE-Reinicia, no ha lugar. El equipo de gobierno del alcalde Pep Tur Cires y del teniente de alcalde Pablo Valdés han fracasado en su intento de anular el permiso que ellos mismos otorgaron en abril de 2018.
Permisos en regla. La empresa disponía de la autorización de la Demarcación de Costas en Illes Balears —con el informe favorable del Ayuntamiento de Sant Antoni— y le fue otorgada la licencia municipal de instalación y actividad permanente, condicionada a presentar una declaración responsable una vez finalizado el montaje. Súbitamente, el consistorio cambió de criterio y decidió que se requería un certificado de final de obra, algo que Bambagás no podía tener nunca porque no hubo obra ninguna. Se trató de una burda maniobra para impedir el funcionamiento del chiringuito, una actuación que se investiga en el Juzgado de Instrucción número uno de Ibiza y por la que el 25 de octubre del año pasado fueron a declarar Cires y Ribas en calidad de investigados por un delito de prevaricación.
Inseguridad jurídica. La querella presentada por Bambagás es la reacción lógica a una injusticia brutal. No cabe mayor inseguridad jurídica que la de tener todos los permisos legales exigidos y que de golpe, por arbitraria decisión de unos políticos irresponsables, se impida abrir con objeciones burocráticas sobrevenidas, si no sobretraídas, forzadamente. Porque hay que recordar que el secretario del Ayuntamiento informó a favor del chiringuito y entonces se encargó un dictamen externo a un despacho de abogados que dijese lo contrario.
Protesta de Prou!. ¿Qué sucedió para que Cires, Valdés y Ribas cambiasen de opinión? ¿Qué originó ese cambio de rumbo tan radical como errático e injustificado? Las críticas surgidas por la instalación de un chiringuito de temporada en un lugar donde nunca había habido uno. PSOE y Reinicia se habían mostrado extremadamente críticas con los gobiernos del PP, acusándoles de urbanizar la costa. Pero resultó que a las primeras de cambio, ellos autorizaron un nuevo chiringuito sin calcular las consecuencias políticas y la oposición social que podía suponer aquella decisión.
La plataforma Prou! convocó una concentración en junio de 2018, junto al chiringuito ya instalado pero cerrado y sin actividad, en la que participaron una treintena de personas. Eso fue todo. Las motivaciones de la protesta se sustanciaron en temores y futuribles. Que si sienta un peligroso precedente; que si todo esto se llenará de coches; que si cada tarde, con la puesta de sol, se concentrará una multitud y habrá música y suciedad. Eso poco bastó para que Cires y sus socios políticos decidiesen que había que impedir la puesta en marcha del quiosco.
Actuación contradictoria. Pablo Valdés, edil de Medio Ambiente, defendió en el pleno de mayo de 2018 que «no podía haberlo hecho de otro modo porque esto no es una cuestión política, es técnica». «En los supuestos que tasa la propia Ley de Costas no entraba ninguno para denegarlo», sostuvo entonces. Y afirmó que denegar la instalación hubiera sido incurrir en «prevaricación». Luego dijeron que el permiso otorgado era nulo de pleno derecho, algo que niega el Consell Consultiu. Obviamente, hacían falta documentos para justificar el cambio de criterio del Ayuntamiento y se los procuraron. Así pudieron sostener que había informes contradictorios y precintar el chiringuito. En 2018 no pudo abrir, en 2019 ya no fue instalado y ya veremos qué pasará el año próximo, último año de vigencia del permiso de Costas.
¿Plantar batalla? El PSOE-Reinicia insta al alcalde Marcos Serra a plantar batalla e impedir que el chiringuito sea instalado el verano de 2020, cuando eso solo puede acarrerar aún más indemnización que la que a buen seguro habrá que pagar por el mal funcionamiento de la Administración. Pretenden los socialistas que Serra haga compañía a Cires y Ribas como investigados por prevaricación. Se aduce que el quiosco está en suelo rústico protegido. ¿Por qué no le denegaron el permiso de instalación y actividad permanente?
Suelo rústico. El chiringuito de Cala Gració, una instalación de temporada completamente desmontable cuyo permiso concluye en 2020, no es la única instalación que ocupa el dominio público marítimo-terrestre en suelo rústico protegido y nadie se rasga las vestiduras. Tampoco se plantea que cuando se les acabe la concesión no se les renueve y desaparezcan. La costa de Sant Antoni está atestada de ellas y no se ve que a la plataforma Prou! le importen mucho, ni tampoco al PSOE-Reinicia.
Un ejemplo es el Aquarium de es Cap Blanc. Pablo Valdés lo conocerá porque trabajó allí un tiempo. Era una instalación de temporada, pero no es desmontable sino fija. A pesar de no contar con baños (algo inconcebible) ni ser accesible a personas con movilidad reducida, en 2016 pasó a ser una concesión administrativa titularidad del Ayuntamiento. Y, además, carece de licencia de actividad. Pero hay que batallar contra el quiosco de Cala Gració, que solo hubiese estado en verano, desmontable y con baños y rampas. Y al que el próximo verano se le acaba la autorización y nos olvidaremos del asunto.
Si a los señores del PSOE de Sant Antoni les sigue pareciendo que no hablo con propiedad, díganmelo y con mucho gusto les pondré más ejemplos.