El presidente del Consell d'Eivissa, Vicent Marí, el vicepresidente primero y conseller de Gestión del Territorio, Infraestructuras Viarias y Lucha contra el Intrusismo, Mariano Juan, y el conseller de Presidencia y Gestión Ambiental, Vicente Roig, mantuvieron ayer un encuentro con representantes de las organizaciones sindicales del personal funcionario de la Administración del Estado en las Islas Baleares: Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), Alternativa Sindical de Policía (ASP), Confederación Española de Policía (CEP), Sindicato Unificado de Policía (SUP), Sindicato Profesional de Policía (SPP), Justicia Policial (JUPOL) y Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC).
En dicho encuentro, Marí mostró el apoyo de la máxima institución insular hacia la «justa reclamación» que realizan estos sindicatos por la equiparación de la indemnización por residencia para los empleados públicos estatales destinados en las Islas Baleares con la que se percibe en las Islas Canarias, Ceuta y Melilla.
Una reclamación que, desde el Consell d'Eivissa, se elevará de forma oficial a través de un escrito dirigido al presidente del Gobierno en funciones, a todos los grupos parlamentarios del Congreso y a todos los grupos del Parlament de les Illes Balears. También se solicitará que se modifiquen los Presupuestos Generales del Estado para el año 2020 con el objetivo de que la aplicación de esta equiparación sea efectiva o, al menos, la cuantía suficiente para permitir que, vinculándose a futuros ejercicios presupuestarios, se alcance en un proceso mínimo de dos años.
Asimismo, se solicitará que el abono del complemento de productividad especial que se acordó como incentivo para la cobertura de puestos de trabajo de personal funcionario en Ibiza sea extensivo a todos los colectivos dependientes de la administración central, ya que hubo cerca de 300 trabajadores que no recibieron cantidad alguna por este concepto. Una opción que se solicita, al menos como medida transitoria, hasta que la Administración proceda a la equiparación salarial solicitada.
Objetivo
Tal y como explicaron los representantes sindicales, los inconvenientes de la insularidad (dificultades de comunicación, precios elevados en alquiler y compra de vivienda, precios elevados en la cesta de la compra, etcétera), se agravan en las Islas Baleares con respecto a Canarias, Ceuta o Melilla. Esto provoca escasa permanencia en el destino de los empleados públicos de la Administración Estatal y falta de cobertura de plantillas, ya que son muchos los funcionarios que se ven obligados a regresar a la península ante el alto coste de vida en Baleares.
El objetivo de estas reclamaciones es «solventar la situación que atraviesan los funcionarios del Estado en nuestras islas, conseguir que reciban el plus de insularidad reclamado y poder contar así con plantillas estables y sin falta de plazas cubiertas», aseguró Marí.