Suspensión de actividades. El personal del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses pasó ayer de las protestas «simbólicas» a medidas más contundentes ante las «gravísimas y flagrantes deficiencias» que presentan las dependencias localizadas en los sótanos del nuevo juzgado de sa Graduada.
La lluvia caída durante la madrugada de ayer se tradujo en la aparición de nuevas grietas y filtraciones en las paredes. A este hecho, se sumaba un «ambiente irrespirable por el olor a humedad», denunciaron los trabajadores antes de llevar a cabo una nueva concentración protesta, la tercera en los tres días de vida del nuevo juzgado y la más numerosa. «Hoy –por ayer– ya no hacen falta carteles porque la situación es lamentable y peor de lo que pensábamos», apuntó Elena Sanz, portavoz del colectivo que recibió el apoyo de una treintena de personas entre las que figuraban magistradas, secretarias judiciales y abogados.
La forense hizo hincapié en que para los profesionales es una situación «bastante dolorosa» tener que abandonar su trabajo para «perder el tiempo con manifestaciones por algo que es obvio y previsible, y que responde a una inoperancia real, supina y manifiesta», en referencia a las deficiencias del edificio.
Graves defectos
Tras la conclusión el martes del primer día hábil, la valoración sumaba nuevos aspectos negativos. «Nos encontramos con una salas de atención a las víctimas que están abiertas por su parte superior. No son estancos y no hay privacidad», denunciaron. «Cualquier entrevista, cualquier exploración es oída de forma nítida y palabra por palabra, incluso por personas que están afuera», lamentó Sanz, quien remarcó que este hecho es «un atentado a la intimidad y atención al usuario, que es flagrante».
A este factor, se suma la proximidad y paso de detenidos que son conducidos desde los calabozos que se encuentran a escasos metros.
Sanz señaló que esta situación está haciendo perder el tiempo a los usuarios, además de retrasar procedimientos.
El servicio del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses atiende normalmente a una veintena de personas, una cifra que se dispara durante la temporada de verano.
Los trabajadores insistieron en que a esta situación no se debería haber llegado porque desde antes del verano ya advirtieron que el emplazamiento en los sótanos «no era lógico, ni funcional, ni reunía los mínimos requisitos exigibles».
Deficiencias previsibles
Por su parte, el portavoz de Justicia del CSIF, Sabino Aramburu, respaldó la protesta de los trabajadores y advirtió que las filtraciones de agua y los malos olores «eran más que previsibles. Ahora, nos hemos encontrado con otros problemas y entendemos que esto no es de recibo».
El pasado 28 de agosto, con las inundaciones registradas por otro episodio de lluvias, el delegado del Gobierno, Ramon Morey, señaló que había servido como una prueba de estrés del edificio. Ayer, Aramburu apostilló que está claro que el edificio «padece de ansiedad».
Indicó que las lluvias del martes habían abierto grietas en las paredes y que los malos olores se debían a una incidencia en un aparato de la climatización. En este sentido, apuntó que el mantenimiento de estas máquinas corresponde a una empresa de Barcelona y que, por lo tanto, veía poco posible una solución para esta semana.