Entre reunión y reunión nos recibe en su despacho el presidente del Colegio de Arquitectos de las Pitiusas, Iván Torres (Ibiza 1982). El organismo a nivel balear presentó este mes el informe de edificación de enero a septiembre de 2019.
—Tenemos una espera de 28 meses para dar una licencia de obra en Ibiza, mientras en el resto de islas el plazo es de la mitad, ¿qué se hace mal?
—Seguramente todo. Es un tema que se vio agravado en el año 2009 con la Ley Omnibus que hizo unos cambios importantes. Lo primero es que a partir de ese momento no es necesario visar el proyecto básico. Cuando se presentan los proyectos en los ayuntamientos no están revisados, por lo que la información puede estar incompleta o puede que no esté ordenada como obliga el colegio de arquitectos, que hace más fácil su análisis por parte del técnico. Otro tema es que en ese momento cambian las responsabilidades y los técnicos de urbanismo pasan a ser responsables patrimonialmente de sus errores. Es por ello que cuando un técnico tiene que decir sí o no y de ello depende su patrimonio se lo piensa mucho más, pide informes que a veces no son necesarios o hace muchas más consultas. También la legislación es cada vez más compleja. Esto provoca una enorme inseguridad jurídica, porque además cada cuatro años la legislación cambia. Toda esta maraña jurídica hace que los proyectos se dilaten mucho.
—Pero en otras islas, con la misma legislación, el plazo es la mitad, ¿cómo se explica?
—Quizá porque tienen una normativa más estable o porque tienen más recursos humanos. Uno de los problemas con este último tema fue la Ley Montoro, sin embargo la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común dice en su artículo 20 que el personal que tuviese a su cargo la resolución de asuntos tendrán que remover los obstáculos que dificulten o rechacen el ejercicio de derecho de los interesados. Habría que eliminar cualquier traba que no permita la resolución de una licencia de obra en 3 meses, según lo que dice la normativa balear. Una de las medidas a adoptar tendría que ser la de contratar más personal.
—Si alguien decide iniciar unas obras sin licencia ¿a qué riesgos se enfrenta?
—Para empezar está cometiendo una ilegalidad. Además, si el Ayuntamiento no te para y tú acabas esa vivienda, con este panorama que tenemos en el que la normativa cambia tanto, puede resultar que algo que se ha hecho no se podía hacer. En Cas Mut, por ejemplo, si alguien hubiera decidido hacer obras sin licencia adecuándose a los parámetros del plan del 87, que ahora es el vigente, se puede encontrar con que va a tener que demoler la mitad de la casa. No te queda otra que pasar por los filtros de la administración, a pesar de que no se cumpla con los plazos, aunque sea injusto, porque si no pago a hacienda a tiempo seré sancionado, en cambio a la administración no le pasa nada.
—¿Es necesario eliminar las cédulas de habitabilidad?
—Desde el colegio de arquitectos propusimos la eliminación de las cédulas de habitabilidad para las obras nuevas. Porque una licencia debe cumplir una normativa de habitabilidad y solo te darán la licencia si el proyecto la cumple. Por ello el proyecto, que ya cumple con la ley, en principio cumplirá con esas normas de habitabilidad. Pero además, cuando se acaba una obra se tiene que pedir un final de obra, que previamente va visado en el Colegio de Arquitectos y una vez visado se presenta en el Ayuntamiento y se inspecciona el edificio. Si la construcción cumple con la habitabilidad y se obtiene el final de obra y la primera ocupación, ¿qué sentido tiene hacer este trámite que supondría una duplicidad? Nosotros pedimos que en el final de obra se entregue la primera ocupación y la cédula de habitabilidad. Eso lo pedimos para la vivienda nueva, pero se debe cumplir con la normativa de habitabilidad. No estamos en contra de esa normativa sino de un trámite duplicado que para el Consell d'Eivissa supone un año desde que está acabada la obra para poder entrar a vivir
—Pero no se ha logrado eliminar, ¿cuál es el problema?
—Que desde el Govern se ha hecho una interpretación inadecuada de la normativa. Ellos interpretan que sin este trámite no puede haber habitabilidad y nosotros decimos que eso no es cierto. Lo que garantiza que haya habitabilidad es que los proyectos cumplan con la Ley. Insisto en que hablamos de obra nueva. Luego está la cédula de habitabilidad de carencia, que es para las viviendas que se construyeron sin este trámite y se quiere regularizar por el motivo que sea; o por renovación, se supone que las cédulas de habitabilidad se tienen que renovar cada diez años. Esas dos consideramos que se deben mantener, eso sí que garantiza que esas viviendas, si han sufrido reformas que no se ajustan a la legalidad tengan que volver a los parámetros de habitabilidad. Pero con la obra nueva hay tantos mecanismos que garantizan que la obra está cumpliendo con los requisitos de habitabilidad que no entendemos que un proceso más alargue tanto tiempo la posibilidad de acceder a una vivienda.
—¿Se hace suficiente por construir Vivienda de Protección Oficial (VPO) en Ibiza?
—Durante mucho tiempo hemos estado en Ibiza si hacer VPO y este trimestre han entrado los proyectos para 116. De ellas 49 están en Santa Eulària y 67 están en Ibiza. Por otra parte este año se han hecho 178 viviendas plurifamiliares privadas. Es decir que estamos en un 40%-60% de proporción entre VPO y vivienda privada. Nos parece interesante y necesario que se apueste por la VPO, pero esto es representativo en 2019, porque en años anteriores no se ha hecho VPO. Consideramos además que la VPO se tiene que ofrecer en régimen de alquiler, para que en el momento en el que las administraciones consideren se pueda ir utilizando esta vivienda pública para lo que se precise. Es fundamental que la administración apueste por la VPO.
—¿Qué mejoras deben hacerse en el PTI según el Colegio de Arquitectos?
—Estuvimos de acuerdo en su momento en que se hiciese un diagnóstico del territorio para que analizase qué incidencia había tenido el anterior PTI desde 2005 hasta 2018, qué cosas había que mejorar y cuáles añadir. Tenemos un territorio finito y tenemos que cuidarlo. Sin embargo parece que ese diagnóstico final tiene unas respuestas un poco partidistas, en el sentido de que ofrece explicaciones que parecen orientadas a explicar la moratoria que hizo en su momento en el PTI. Nosotros pedimos en su momentos que el colegio participara en la elaboración del diagnóstico, dar nuestro punto de vista y ser parte de la solución para hacer esta nueva modificación.
—¿Desde el Colegio no estaban de acuerdo con la anterior modificación?
—No, por la manera en la que se hizo y porque no se utilizaron las bases de un diagnóstico del territorio que realmente sirva para elaborarlo. En lo que sí estamos de acuerdo es en que se revise y se haga correctamente. El PTI es una herramienta fundamental que puede funcionar muy bien siempre que se utilice en pro de la isla, no de unos intereses políticos o de un programa político. Consideramos que el diagnóstico del territorio se tiene que analizar más y hasta que esto no suceda al Colegio le es difícil decir hacia dónde queremos ir. Lo que sí debe quedar claro es que estamos a favor de la protección y de que se respeten los valores de sostenibilidad o medio ambiente. Pero sin embargo hay cuestiones en las que estamos muy decididos, como puede ser por ejemplo que a todas las viviendas ilegales que existen en suelo rústico se les debe dar una salida. No podemos estar legislando y a problemas que tenemos no intentar darles una solución. Cómo puede ser que en Balears tengamos miles de viviendas ilegales y los políticos no quieran solucionar o dar una salida a este problema.
—Ahora mismo los informes dicen que no tenemos recursos para mantener ese crecimiento
— Pero sí negamos la mayor y no queremos reconocer que esas viviendas existen, ¿cómo podemos hacer que las infraestructuras sean adecuadas a la realidad si no tienes en cuenta esas construcciones? Las Áreas en el Medio Rural (AMR), por ejemplo, son parcelas en suelo rústico que en un momento su dueño las dividió en 8, 10 o 15 trozos. En esos trozos se hicieron casas sin licencia, o incluso tal vez con licencia porque la normativa era más laxa. Eso es como una urbanización en el medio rural en las que con el tiempo se han hecho calles, aceras, infraestructuras...y no están en el computo de los planes generales. Nosotros pedimos que todas las viviendas que existan en las Pitiusas pasen a formar parte del cómputo total. Y las que estén ilegales se tienen que legalizar o que tomar las medidas correctoras necesarias.
—¿Hay mucha obra ilegal en Ibiza?
—Sí. Ten en cuenta que una vivienda ilegal no se puede reformar pero los propietarios la acaban reformando ilegalmente, eso provoca muchísima obra ilegal. Nadie permite que su vivienda ilegal se le caiga. Nosotros queremos ir en contra de la obra ilegal y que sí se hace una reforma se haga con todas las garantías y basándose en la habitabilidad, en unas cuestiones de sostenibilidad y de disponibilidad hídrica. Todo eso debe estar en el PTI, que debe ser el marco que permita que se le dé una salida a todo esto. No te puedo decir cuál es la solución concreta pero se debe estudiar para poder darle una solución a todas estas cuestiones.
—¿Se aplican en Ibiza suficientes medidas de eficiencia energética en las nuevas viviendas?
—Nosotros promulgamos que todavía se apliquen más. Nosotros queremos que se pongan en marcha las tres ‘R': rehabilitación, regeneración y renovación urbana. Falta muchísimo para ello. Hay que reducir el consumo tanto eléctrico como de agua. Es por ello que se deberían hacer unas políticas en favor de ello. Por ejemplo estamos estudiando, de acuerdo con el consumo de Ibiza y Formentera, cuál sería la infraestructura necesaria para abastecer la isla con energía solar.
—¿Qué haría falta en Ibiza?
—En base al consumo, que son en torno a 9-9,5 Mwh, con una instalación de 1,5x1,5 kilómetros podríamos ser independientes. No estoy diciendo que hagamos una instalación que ocupe ese espacio, pero se podría hacer instalando esas placas en edificios públicos, naves industriales o aparcamientos que se puedan cubrir. Si tenemos en la isla de Ibiza 1 millón de metros cuadrados de suelo industrial, utilizando ese espacio podríamos conseguir el 60% de la energía que necesitamos.
—¿Un departamento de inspección a nivel insular podría evitar tanta obra ilegal?
—Para nosotros es fundamental que se unifique este control. Incluso que todos los planes generales siguieran los mismo parámetros. Un único plan general. Ahora mismo tenemos cinco planes en Ibiza y otro en Formentera. Todos son distintos, te piden unas cosas aquí, otras allá. Hacer un proyecto en Ibiza es farragoso y complicado. En una isla tan pequeña podríamos contar con un planeamiento general y una estrategia unificada. Ya no solo a nivel de urbanismo sino en infraestructuras, educación… hay muchos aspectos que deberían controlarse a nivel general en beneficio de la isla. Debería ser lo mismo construir una casa o un edificio en Sant Antoni, en Sant Josep o en Santa Eulària. Esto evitaría mucha inseguridad jurídica que se da ahora mismo.
—Se aprobó la semana pasada la declaración de la casa Van der Driesche como Bien Catalogado, ¿ahora qué?
—Es fundamental que la administración exija su restablecimientos y que se hagan las obras necesarias para protegerla. Se trata de un icono de la arquitectura contemporánea. Hemos dado un paso en cuanto a protección inimaginable, porque hemos sentado un precedente a nivel español. Ahora cualquier proyecto que se haga en la casa deberá pasar por las comisiones técnicas y ser informado por la CIOTUPHA.
—¿Son los propietarios los que tienen esa obligación de restaurar?
—Sí, ahora que se considera como Bien Catalogado es su obligación conservarlo.