El Consell d'Eivissa ha remitido a la plataforma digital de alquiler Airbnb un convenio a través del que le exige que no publique ofertas de viviendas en alquiler turístico que no cuenten con licencia o que, si se publicase alguna, atienda al requerimiento del Consell para su retirada inmediata.
El conseller de Lucha Contra el Intrusismo y vicepresidente primero, Mariano Juan, dio cuenta en el pleno de ayer de este asunto y del funcionamiento de la Oficina Contra el Intrusismo frente a una interpelación del Grupo Podemos.
La consellera y portavoz de Podem, Viviana de Sans, indicó que su grupo había recibido como una «sorpresa agradable» que el Consell decidiera crear esta oficina. Sin embargo, planteó sus dudas respecto a ciertos temas, como el decreto de presidencia que recientemente asignaba a los inspectores de turismo a este nuevo departamento al considerar que esto podía minar su actividad inspectora en otros ámbitos. También respecto al convenio con Airbnb, anunciado en pasadas fechas, que supone pasar de la vía sancionadora a la negociadora.
«Entendemos que la colaboración tiene que ser la primera herramienta que utilice el Consell para conseguir sus objetivos políticos y si esto no funciona entraremos en el terreno sancionador», explicó Juan tras el pleno. «Estamos a la espera de recibir una respuesta de la empresa a nuestra exigencia. Entendemos que los procedimientos sancionadores son una buena herramienta, pero se tiene que atajar el problema de raíz y esto se hace evitando que Airbnb y cualquier portal de alquiler turístico publique ofertas ilegales». Subrayó que la firma de este convenio no implicará que si Airbnb no cumple con la Ley no se le inicie un proceso sancionador.
Atasco
El vicepresidente primero explicó que el primer trabajo de la oficina Contra el Intrusismo había sido hacerse una idea de la situación de la administración insular que Juan llegó a calificar de «dramática». Indicó que hay en torno a 200 procedimientos en trámite, entre diligencias previas y expedientes sancionadores, de los que más de un centenar son a viviendas de supuesto alquiler turístico ilegal.
«Hay que deshacer esta pelota», urgió. Entre las denuncias hay diligencias previas hechas en 2017 que están a punto de prescribir, que «si no se tramitan antes de que pasen tres años, el Consell ya no podría sancionar», explicó el conseller.
Otro aspecto en el que indicó que se habían encontrado con retrasos fue el de la retención de coches de taxistas pirata. «Tenemos 120 coches en los depósitos de las policías municipales y el del Consell en Sa Coma. Nos estamos quedando sin sitio porque no se habían tomado medidas para retirar estos vehículos», informó Juan. El Consell procederá al inicio del procedimiento para su conversión en chatarra o subasta si no son reclamados.
Si bien la oficina Contra el Intrusismo empezó a funcionar hace tres meses, fue en el mes de enero cuando se dotó su estructura y empezará a funcionar a pleno rendimiento el próximo lunes con la incorporación de los nuevos trabajadores. La oficina contará con dos juristas, dos técnicos, dos administrativos y todo el cuerpo de inspectores del Consell.
El conseller indicó que la oficina tiene como vocación «convertirse en el departamento sancionador de la institución que aglutine el tipo de procedimientos «más numerosos o más complejos».
Recurrir a la vía civil
Juan también apeló a intentar «atacar por la vía civil» el problema de los alquileres turísticos ilegales. Una vía a la que no puede recurrir el Consell, pero sí las comunidades de vecinos. Por ello, indicó que el Consell tiene la voluntad de poner en marcha una línea de subvenciones para ayudar a las comunidades de vecinos que quieran afrontar estas situaciones.
Para ello, indicó que las comunidades de propietarios tienen dos vías: una, prohibir los usos turísticos en sus edificios, «algo que tiene un coste» y dos, acudir a los procedimientos sancionadores por actividades molestas, insalubres y nocivas.
«Es una herramienta más que desafortunadamente se usa poco», valoró. Es por ello que planteó la posibilidad de incentivar a las comunidades de vecinos para que emprendan esa vía. «La vía administrativa es adecuada, pero la civil quizá sea más rápida».