El Consell d'Eivissa tiene en el banco en torno a 80 millones de euros que no se pueden tocar. Se trata del superávit presupuestario, el dinero que estaba previsto gastar en el presupuesto y no se pudo ejecutar ese año.
La Ley de Estabilidad Presupuestaria impuso unas reglas estrictas para el uso de ese dinero. Solo se puede usar para obras financieramente sostenibles, es decir, aquellas que suponen una mejora de los servicios y con una vida útil de cinco o más años. Para poder utilizarlo en estas obras la administración tiene que estar libre de deuda pública (el Consell lo está) y cumplir con sus pagos en una media inferior a 30 días (esto ya no).
El Consell d'Eivissa no es un pagador diligente. Su periodo medio de pago es de 44,3 días. Pero ayer la institución dio un buen mordisco para reducir esta media.
El pleno aprobó por vía urgente 17 expedientes de reconocimiento extrajudicial de deuda por un valor total de 771.459,81 euros.
Miles de facturas que se debían a entidades y proveedores, desde Endesa o Telefónica a Cruz Roja o Amadiba. Algunas llevaban en los cajones del Consell desde 2014. Todos los grupos menos el PSOE, que se abstuvo, aprobaron que se procediera al pago de esta deuda.
Prioridad del Consell
Alcanzar los requisitos para poder utilizar el remanente no es un tema baladí para el Consell. Dentro del Pla 5 (antiguo Plan Insular de Obras y Servicios) hay previstos 1,9 millones de euros de ese superávit para inversiones financieramente sostenibles.
Salvador Losa, el conseller que sustituye a la consellera María Fajarnés en el área de Economía y Hacienda, explicó que el recorrido para estar al día será costoso. Un atasco que se produce por el modo de tramitar los contratos y la relación entre departamentos.
Es por ello que el Ejecutivo trabaja en un plan de reorganización de procedimientos para hacer la institución más efectiva. «Queremos crear sistemas de contratación que encajen en el modo de funcionar de la casa y que sean legales», explicó.
Una de las medidas para poder poner en marcha este procedimiento era la derogación de una de las bases de ejecución del presupuesto del Consell de 2020, la 21a, que se aprobó en el pleno de ayer.
La base se redactó en la anterior legislatura el gobierno PSOE-Podemos y el actual ejecutivo PP-Ciudadanos decidió mantenerla. Un par de meses después la derogan, algo que criticó la consellera de Podemos, Viviana de Sans, dado que era una medida exigía unos requisitos más detallados que la ley para conceder los contratos menores (de obra hasta 40.000 euros y de servicio hasta 15.000 euros).
El Consell considera que esta normativa encorsetaba y retrasaba la aplicación del presupuesto. «Si no cumplimos el periodo medio de pago es que no somos eficientes y no podemos permitirnos no ser eficientes», valoró Losa.
Aseguró que se ha implicado a todos los departamentos en esta mejora de los procedimientos de contratación y las simulaciones que tiene el Consell auguran que el mes que viene podrían estar en un periodo medio de pago inferior a los 30 días.
«Esto es una prioridad para nosotros. El objetivo es cumplir con el periodo de pago y poder desbloquear esos 80 millones para poder contratar. Habrá PIOS», aseguró.