El Ayuntamiento de Santa Eulària ha impuesto una sanción de casi 365.000 euros a una empresa que explota una finca agrícola en la Parroquia de la Villa del Río para ejercer las actividades de restaurante, bar-cafetería y centro de yoga sin los permisos adecuados. La firma también ofrecía servicio de custodia de menores y se observaron deficiencias de seguridad que suponían un peligro real tanto por los adultos como por los pequeños. Además de la sanción económica, se decreta el cierre de toda actividad para la que no tiene licencia.
El procedimiento sancionador se inició el pasado 12 de agosto cuando un técnico municipal y agentes de la Policía Local se personaron en la finca, situada en la Parroquia de Santa Eulària, para hacer un control de actividades del establecimiento. La comisión inspectora municipal constató que en la parcela, situada en suelo rústico, se estaba desarrollando una actividad de guardería, se disponía de elementos para la realización de actividades comerciales de restauración y existía una zona habilitada para la realización de clases dirigidas de yoga.
La revisión de las instalaciones evidenció también la falta de determinadas medidas de seguridad que podían poner en riesgo a las personas, especialmente a los menores. Así, se observó un enchufe en el suelo del baño sin protección o aislamiento al tiempo que la cocina presentaba un acceso al exterior sin ninguna medida de cierre, por lo que cualquier menor podía acceder sin impedimento con el riesgo de que esto supone. Por último, una revisión de la documentación permitió observar que la cuantía del seguro de responsabilidad civil cubría sólo la mitad de lo que legalmente corresponde.
La propiedad ha tratado de justificar los hechos alegando que son un 'club' que tiene como finalidad "recuperar y cultivar tierras abandonadas en Ibiza con semillas ibicencas nativas", explicando que el material de restauración se utilizaba para degustaciones privadas de los socios o que la instalación de la sala de yoga también era sólo para afiliados. Estas versiones se contradicen con la publicidad de sus actividades hecha de manera on line donde se ofrecen estos servicios al público en general.
Ante la constatación de estos hechos, se ha estimado que concurren diferentes infracciones de la Ley 7/2013 de Régimen Jurídico de Instalación, Acceso y Ejercicio de Actividades de las Islas Baleares. Dos son muy graves (con multa de 165.000 euros cada una), dos graves (33.000 en conjunto) y una leve, de 1.650 euros. La misma ley permite la adopción como medida cautelar la suspensión o prohibición total o parcial de la actividad, aplicándose en este caso el cierre definitivo de toda la actividad ampliada, es decir, la de bar-cafetería-restaurante, centro de yoga y la guarda y custodia de menores.