El conseller balear de Medi Ambient i Territori, Miquel Mir, informó ayer ante la Comisión de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio del Parlament que de las 79 Estaciones de Depuración de Aguas Residuales (EDAR) que gestiona la Agencia Balear del Agua y la Calidad Ambiental (Abaqua) hay ocho que no cumplen la normativa: Eivissa, es Mercadal, Porreres, Llubí, Cala Sant Vicent, Vilafranca, Sant Josep y Sant Joan de Labritja.
Mir subrayó que prácticamente la totalidad del caudal mal depurado (concretamente, el 92 %) corresponde a la depuradora de Eivissa. Recordó que el Estado lleva a cabo la construcción de unas nuevas instalaciones en Sa Coma, actualmente detenidas al encontrarse en el proceso de expropiación de terrenos para instalar las canalizaciones de bombeo de agua desde la actual depuradora a la que está en construcción.
En cuanto a las otras siete, anunció que ya hay en marcha actuaciones en todas estas para revertir la situación actual. Concretó que la Conselleria invertirá 5,7 millones de euros en estos trabajos de los que 264.000 se destinarán a la isla de Ibiza.
Para las obras de mejora de la EDAR de Sant Josep, actualmente en estudio previo, se destinarán 164.000 euros; para el servicio de vaciado de las lagunas de la EDAR de Cala San Vicent, también en estudio previo, se destinarán 75.000 euros; en cuanto a la EDAR de Sant Joan de Labritja, la Conselleria destinará 25.000 euros a las obras de mejora.
Planificación balear
Mir quiso recalcar que «la hoja de ruta de la Conselleria de Medi Ambient i Territori va más allá de las actuaciones puntuales en las ocho estaciones de depuración donde se han identificado los problemas explicados». En este sentido, anunció el inicio, este mismo año, de la redacción del Plan Director Sectorial de Saneamiento y Depuración de las Illes Balears.
Además anunció la creación de la Unidad de Calidad Ambiental de Abaqua, que empezará, este año, el proyecto de gestión inteligente de las depuradoras mediante la monitorización. Así, con el objetivo de tener un conocimiento en tiempo real de los datos de los efluentes de entrada y salida, se prevé construir una red de recogida de datos mediante sensores que registrarán al momento los principales indicadores de calidad del agua y el caudal depurado.
Corresponsabilidad
Con todo, señaló que las actuaciones previstas no solucionarán por sí mismas el problema si el resto de administraciones no se implican. En este sentido, explicó que los análisis revelan que siete de las ocho depuradoras que no cumplen los requisitos reciben agua de alcantarillado que supera los valores límite de vertido permitidos de acuerdo con la normativa, establecida en las ordenanzas municipales y el Plan Hidrológico de las Islas Baleares.
Este problema es especialmente manifiesto en las Pitiüses, donde el 82 % de las EDAR reciben agua residual municipal que supera los umbrales legales. En Mallorca (43 %) y Menorca (58 %) esta problemática es menos generalizada, a pesar de que no deja de ser importante.
Mir pidió «potenciar la corresponsabilidad de todas las administraciones competentes y que todas estas impulsen políticas con el objetivo común de revertir todas aquellas situaciones que, en materia de depuración y saneamiento, merezcan ser revertidas».
EL APUNTE
Miquel Mir pide que se impulse el Pacto por el Agua
El conseller de Medi Ambient i Territori, puso de manifiesto en su comparecencia la conveniencia de cerrar el Pacto por el agua acordado durante la última Conferencia de Presidentes para poder asegurar así que las administraciones puedan garantizar una gestión integral y efectiva del ciclo del agua, con énfasis especial en el saneamiento. Según los datos que Mir dio ayer a conocer, siete de las ocho depuradoras que incumplen con la normativa reciben más agua de la que pueden tratar de las redes municipales de alcantarillado. Este dato «es demostrativo de que los problemas de depuración muy a menudo van ligados a la calidad del agua que entra en las EDAR provenientes de las redes municipales», afirmó el conseller durante la comparecencia. Un problema, además, que no se limita a las ocho depuradoras que no cumplen la normativa. Y es que los análisis revelan que el 46,5 % de las aguas residuales de entrada procedentes del alcantarillado supera los umbrales legales y dificulta la capacidad del funcionamiento correcto de las depuradoras. «Estas aguas residuales», indicó el conseller, «llegan a cuarenta depuradoras de las Illes». Por otra parte el conseller recordó, que en la última reunión del Comité Posidonia, celebrada el pasado día 2 de marzo, se aprobó la tramitación de un estudio del impacto producido por los emisarios públicos en las praderas de posidonia.