Las modificaciones efectuadas por el Gobierno central desde el Real Decreto 8/2020 al Real Decreto 11/2020, en el que el Ejecutivo de Pedro Sánchez se refiere a «la voluntad -en lugar de obligación- de la empresa de mantener el empleo durante el plazo de seis meses desde la finalización de las medidas de reducción de jornada o suspensión de contratos basadas en el Covid-19», ha sido acogido de forma desigual por empresarios y sindicatos.
Esta medida afecta a muchos sectores -comercio, centro médico, lavandería orientada al turismo, para un total de cerca de 20.000 trabajadores fijos discontinuos-, pero el primero que entra es el hotelero.
Los más contentos son los empresarios. Así, el presidente de Fomento de Turismo, Alejandro Sancho, indicó que, aunque antes «no había quedado bien definido el asunto», eso se ha arreglado «cambiando simplemente unas palabras que le dan otro formato y ya se recoge la demanda del sector económico».
Ahora, lo que toca, dijo Sancho, es seguir solucionando algunos otros asuntos pendientes, como el de los autónomos, que, a pesar de estar sin trabajar, deben seguir pagando la cuota, además de su vida diaria.
Alfonso Rojo: «Totalmente de acuerdo con la modificación»,
Por su parte, el presidente de la Petita i Mitjana Empresa d'Eivissa i Formentera (Pimeef), Alfonso Rojo, indicó que está «totalmente de acuerdo con la modificación», ya que no se les podía «descolgar, desproteger ni obligar a hacer algo que se sabe que no se va a poder cumplir».
Por lo tanto, aunque, al principio, la situación «generó mucha tensión y mucha preocupación», Rojo se mostró contento con esta «noticia esperada», tras la cual se propone luchar por algunas otras metas, ya que, ante la realidad del «acortamiento de una temporada turística muy complicada», será necesario adaptar mucha de la nueva normativa a la realidad insular a la dependencia del turismo. En este sentido, Rojo subrayó que «no es lo mismo la realidad industrial en la Península que la realidad dependiendo de una única industria, que es el turismo», como sucede en Baleares.
También el vicepresidente de la Confederación de Asociaciones Empresariales de Baleares (CAEB) en las Pitiusas, José Antonio Roselló, se mostró satisfecho por el cambio efectuado por el Gobierno ya que «ha habido un avance en los fijos discontinuos y ahora entran todos con lo cual el expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) es una medida muy buena para las empresas ya que les permite una vía de escape para afrontar la situación actual». Sin embargo, Roselló alertó de que los ERTEs «siempre son voluntarios», por lo que se mostró en contra «de distinguir entre obligatoriedad y voluntad y menos si no está en un artículo concreto» . El dirigente de CAEB insistió en varias ocasiones en que él recomendaría a cualquier empresa que se acogiera a un ERTE, ya que, si no lo hace así, «puede tener problemas». En este sentido, Roselló recordó que el ERTE «es una vía que los agentes sociales a nivel nacional establecieron para da mayor tranquilidad a los trabajadores quienes pueden cobrar una prestación y para que las empresas tengan mayor libertad de movimiento». En definitiva, en su opinión, «el ERTE es una buena medida para afrontar esta difícil situación». «Quien no quiera presentarlos tendrá un problema, porque tendrá que llamar a toda la plantilla cuando toque, pagando los salarios y sin tener actividad», explicó Roselló, quien, de nuevo, empujó a acudir a los ERTE a las empresas que todavía dudan de la idoneidad de presentarlos.
El problema que tiene presentar un ERTE por fuerza mayor es que luego se necesita un compromiso de seis meses por parte del empresario para que el trabajador mantenga el empleo para los fijos discontinuos. Sin embargo, tanto CAEB, como Pimeef y otras asociaciones ya le han planteado a la Conselleria de Modelo Económico, Turismo y Trabajo, encabezada por Iago Negueruela, que como el estado de alarma se está extendiendo es posible que no se pueda cumplir dicha garantía en 2020. Negueruela les tranquilizó al decirles que la ley «se interpretará de manera flexible» y, si no se puede cumplir este año, se hará más adelante. Teniendo como base, además, el Real Decreto 11/2020, los empresarios ya no han de temer presentar un ERTE, explicó Roselló.
Preguntado por si el escenario podría cambiar si no llegaran las ayudas del Gobierno para las empresas y los trabajadores, Roselló no dudó en asegurar que las primeras se enfrentarían a una posible falta de liquidez. «Algunas no podrían aguantar demasiado la falta de apoyo», deslizó el dirigente de CAEB. Además, Roselló expresó su preocupación acerca del «día después» del levantamiento del estado de alarma -porque el ERTE dura hasta ese momento- y expresó su confianza en que la economía española se vaya «reactivando para dar cobertura a todo esto». En este sentido, pidió a la Unión Europea (UE) «un fondo grande para hacer frente a esta cuestión».
Obligatoriedad y voluntad
No todos piensan así sobre el asunto de la obligatoriedad y la voluntad. Es el caso del gerente de la Federación Hotelera de Ibiza y Formentera (Fehif), Manuel Sendino, dijo que «nada cambia» si no está en el articulado. «Eso sí: es mejor así y ayuda a interpretarlo», añadió.
También es el caso del director insular de Turismo, Juan Miguel Costa, para quien «el Gobierno no ha acabado de clarificarlo», ya que, «si haces un ERTE, debes garantizar seis meses a los fijos discontinuos y si la temporada empieza en julio o agosto es imposible». Al respecto, Costa añadió que el Gobierno «no tiene en cuenta la casuística de Baleares, que es muy diferente a la de un hotel de Madrid, por ejemplo, que va a seguir facturando durante todo el invierno». «Imagínate que cualquier restaurante de 20 trabajadores tuviera que darles trabajo durante todo el invierno cuando no está abierto ni facturando», dijo Costa, quien añadió que, de esta forma, «nos vamos a cargar a cualquier empresa de Baleares».
Los sindicatos, descontentos
Por motivos distintos estaban descontentos los sindicatos. Así, el secretario general de Comisiones Obreras (CCOO) en Ibiza, Felipe Zarco, ya adelantó su disconformidad con el cambio de «obligación» del empresario a su «voluntad». Por este motivo, afirmó que están intentando hacer ver a sus compañeros de Madrid las peculiaridades de Baleares para que luchen por que sea una obligatoriedad también, de modo que todos estos fijos discontinuos puedan ir acogiéndose al subsidio de desempleo, que no les correspondería de otra manera, sin que les consuma de su paro normal. Por lo tanto, insistió Zarco, el sindicato está a favor de que las empresas hagan ERTE «sí o sí» en el caso de que sean servicios esenciales y tengan que cerrar.
«Si la empresa no está obligada, tiene que dar el permiso retribuido y luego el trabajador recuperará las horas», apuntó. Eso sí, el máximo representante de CCOO en Ibiza abogó por que el ERTE sea por fuerza mayor para que los trabajadores puedan cobrar el subsidio y también por las empresas, cuyas cotizaciones a la Seguridad Social desaparecen si tiene menos de 50 trabajadores y se quedan en la mitad si tienen más.
Finalmente, el secretario general de la Unión General de Trabajadores (UGT) en Ibiza, Fernando Fernández, afirmó que el cambio «no tiene sentido» ya que «los trabajadores fijos discontinuos son trabajadores fijos y se les debe aplicar la misma norma que a cualquier otro trabajador». Al respecto, coincidió con Zarco en que «no queda otro remedio que ser fuertes y seguir negociando que los fijos discontinuos deben estar incluidos en los ERTE sí o sí». En su opinión, esta es la única manera de salvar el comienzo de la temporada, de modo que se mostró descontento por el cambio en el Real Decreto.
Por último, Fernández alertó a las empresas que no hagan el ERTE de que podrían recibir una demanda por despido colectivo, que al final sería «improcedente» y tendrían que indemnizar a los trabajadores.