Los retrasos en las administraciones son algo más que habitual. Muchos proyectos se eternizan durante meses en los Ayuntamientos a la espera de una luz verde que permita su ejecución. Hasta tal punto se van acumulando, que, desde el sector, estiman que hay alrededor de 900 millones de euros en inversión en la construcción entre los expedientes acumulados de los ejercicios de 2018, 2019 y 2020, incluyendo tanto obra nueva, como reforma y ampliaciones.
Unas cifras que se explican mejor con el retraso que acumulaban los ayuntamientos en 2018 y que, dos años después, siguen en plazos similares. Sant Antonio es el municipio que más problemas presenta en este aspecto llegando a los 30 meses de retraso. En 2018 le seguía Santa Eulària con 27 meses; Sant Josep, con 25; Sant Joan bajaba hasta los 15; y Vila cerraba la lista con un año de espera.
Un atasco administrativo que se podría agilizar en algunos aspectos con el paquete de medidas que presentó el miércoles el Consell d'Eivissa al Govern. El Plan Insular de Reactivación y Recuperación Económica, Social y Ambiental recortaría los trámites de reformas y ampliaciones, lo que supone aproximadamente un 20 % de los metros cuadrados de todas estas obras que esperan en los cajones.
Apoyo municipal
Los ayuntamientos más afectados por estos retrasos se mostraron favorables a muchas de estas medidas que permitirían una mayor agilidad a la hora de enfrentarse a estos trámites.
Desde Santa Eulària, la alcaldesa Carmen Ferrer reconoció este problema, pero pidió contextualizar la situación, señalando que «casi todos las licencias tienen requerimientos» que alargan los procesos. «Muchos proyectos pasan hasta tres o cuatro veces por el Ayuntamiento. También están las modificaciones de leyes que, en ocasiones, obligan a realizar cambios. Es un tema complicado. Ni si quiera hay unidad normativa entre los diferentes municipios de la isla».
Por todo esto, manifestó: «Todo lo que nos ayude a simplificar los informes será bueno. Nos ayudaría muchísimo unificar toda la amalgama para quitarnos parte de las cargas administrativas que alargan el proceso y por lo tanto eleva su coste. Sería bueno para todos».
En una línea similar se movió su homólogo en Sant Antoni. Marcos Serra admitió los retrasos, pero se defendió: «Sabíamos que heredábamos una Concejalía de Urbanismo saturadísima y estamos trabajando con ella, haciendo contrataciones de arquitectos y otros técnicos para intentar desatascar lo antes posible esta concejalía». También pidió la aprobación de este texto: «Si se aprueba este paquete de medidas, o al menos alguna de ellas. Será bienvenida».
Por último, Josep Marí Ribas Agustinet señaló: «Estoy de acuerdo con las medidas que simplifiquen los trámites. Si mejora, bienvenido sea».
Además, estas medidas que están pendientes de la aprobación del Govern podría reactivar un sector que está sufriendo en estos meses.
Leer bien la noticia!!!! No es que los ayuntamientos tengan ese dinero !!! Es dinero del sector privado retenido por los retrasos de la administración en tramitar licencias !!!! 🤡