El Consell d'Eivissa pidió al Govern que se cambiara la ley de turismo balear para así permitir a Ibiza la posibilidad de precintar pisos turísticos. Una petición que estaba enmarcada en el documento de medidas para la reactivación económica que presentó la máxima institución insular de Ibiza al Ejecutivo autonómico y que, finalmente, no ha sido atendida. Así lo explicó ayer la directora insular de Lucha contra el Intrusismo, Naihara Cardona, quien señaló que el Govern ha hecho «caso omiso» a esta petición. «En turismo se hicieron varias propuestas y la única que se ha aceptado es que los inspectores puedan actuar sin identificarse», afirmó Cardona, quien señaló que la última ley turística se tendría que modificar «de manera importante y consensuada y no sólo con un decreto de urgencia» en referencia al decreto de reactivación económica que aprobó la semana pasada el Govern y que deja fuera prácticamente todas las peticiones que hizo Ibiza.
Precisamente, uno de los puntos débiles de la ley turística balear es que contradice las directivas europeas. «Tenemos una ley turística que es una auténtica chapuza, que contradice directivas europeas. Las últimas modificaciones que se introdujeron en 2017 justamente se hicieron para poder sancionar a plataformas como Airbnb. Lo que pasa es que la ley turística contempla una sanción por no publicar el número de registro turístico, pero esta sanción va en contra de la UE y conforme a la jerarquía de leyes, la normativa europea está por encima de la estatal», afirmó Cardona. En este sentido, cabe recordar que el TSJB ha procedido a anular la multa de 300.000 euros por comercializar pisos turísticos. En esta sentencia, el TSJB establece que no se les puede sancionar como comercializadores turísticos porque «no lo son; ellos no ponen los anuncios, no fijan los precios como sí hace Uber, simplemente ponen la web a disposición de la gente para que cuelgue sus anuncios al precio que la gente quiere y ellos se llevan una comisión, pero no intermedian».
El convenio
El Consell d'Eivissa estaba negociando con Airbnb un convenio mediante el cual se le exige que no publique ofertas de viviendas en alquiler turístico que no cuenten con licencia o que, si se publicase alguna, atienda al requerimiento del Consell para su retirada inmediata. El convenio estaba en una fase muy avanzada y a punto de ver la luz y este pasado lunes por la tarde, Cardona recibió un mail en el que «de repente rompían las negociaciones; hoy [por ayer] he entendido por qué», en referencia a la publicación de la noticia de la sentencia favorable a la empresa Airbnb.
«Lo teníamos casi todo cerrado, les he pedido que no cortemos las negociaciones, este viernes me volveré a reunir con ellos. Siempre voy a intentar la vía del diálogo y del acuerdo», afirmó la directora insular de Lucha contra el Intrusismo, quien especificó que la «normativa europea dice que ellos no son responsables de los anuncios ilegales porque no intermedian, pero si la autoridad competente, en este caso el Consell d'Eivissa, demuestra que hay anuncios ilegales y se lo hace saber, los debe retirar». De hecho, éste es uno de los puntos sobre los que se rige el convenio que está preparando la institución insular. Cardona apuntó, además, que este año seguirán con las batidas para destapar pisos turísticos y, de hecho, tenían previsto empezar en Semana Santa, pero la crisis sanitaria y el confinamiento impidieron que se desarrollaran.