El Consell de Ibiza se reunirá con las entidades bancarias para instar a que cumplan con las medidas impulsadas por el Gobierno de ayuda a los inquilinos y evitar una posible oleada de desahucios como consecuencia de la crisis económica provocada por la Covid-19. La moción para promover esta actuación, propuesta por Unidas Podemos, fue aprobada por mayoría en el pleno celebrado ayer.
Conforme al texto aprobado, el Consell deberá solicitar a las entidades bancarias ibicencas que no lleven a cabo ni un solo desahucio por impago, ni de hipotecas ni de alquileres, a familias afectadas por la Covid-19 incluso una vez transcurrida la suspensión de seis meses que fija el decreto ley 11/2020; que se cumpla la nueva normativa estatal relativa a los microcréditos para pagar alquileres y la prórroga o nuevo contrato de 5 años de todos los contratos de alquiler de las entidades bancarias y sus inmobiliarias asociadas, con una renta mensual que no supere el 30% de los ingresos familiares de sus inquilinos.
La consellera de Podemos, Viviana de Sans, informó en la exposición de la moción de que su partido tenía constancia, a través de la Plataforma de Afectados por las Hipotecas y el Sindicato de Inquilinas de «una cantidad indecente de incumplimientos por parte de muchas entidades bancarias».
Concretó que, aprovechando el desconocimiento de las personas afectadas, en algunos bancos están estableciendo costes, intereses o exigiendo la contratación de productos bancarias para la tramitación de estos microcréditos de ayuda al pago de alquiler, que la norma establece que no deben tener coste ni intereses y están avalados por el Gobierno. Indicó también que tenían constancia de comunicaciones de posible desahucio «haciendo filigranas por tal de demostrar que uno u otro requisito de la legislación no se acaba de cumplir estrictamente por parte de los afectados».
«Es importante que el Consell como institución actúe y exija a las entidades bancarias responsabilidad social para responder a la situación de las personas más afectadas por la Covid», solicitó de Sans.
Todos los partidos mostraron su apoyo a la moción, si bien tanto el equipo de gobierno como la consellera no adscrita, Marta Díaz, instaron a modificar ligeramente el texto por motivos de precisión.
De Sans agradeció el apoyo e insistió en la importancia de que el Consell haga público el resultado de las consultas con los bancos como «medida de presión».
Ochenta millones
Por otra parte el pleno también aprobó instar al Gobierno a garantizar la autonomía de gestión de recursos a las entidades locales. La medida busca ejercer presión en el ejecutivo estatal para que libere el uso del remanente, los fondos que las entidades locales no han podido gastar en los últimos años debido a la Ley de Estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, que en el caso del Consell de Ibiza supone la imposibilidad de utilizar 80 millones de euros.
«Las entidades locales, que son las administraciones más cercanas al ciudadano, no deben convertirse en la tabla de salvación de un Gobierno que desde junio de 2018 ha sido incapaz de aprobar unos Presupuestos Generales del Estado», comentó la consellera de Economía y Hacienda, María Fajarnés, en relación a las insinuaciones hechas por la ministra de Hacienda María Jesús Montero de que podía hacerse necesario que el Gobierno acudiera al remanente de las entidades locales debido a la situación actual.
Desde PSOE y Podemos criticaron el tono de la moción, a pesar de que apuntaron que hacía una reivindicación hecha por estos partidos. «Es una moción con un tono de acusación y bronco que consideramos que está totalmente fuera de lugar», valoró Viviana de Sans.
Finalmente, Podemos votó a favor de algunos de los puntos de la moción, mientras el PSOE se posicionó en contra.