El presidente del Consell Insular de Ibiza, Vicent Marí, y el vicepresidente Mariano Juan se reunieron hoy jueves con los cinco ayuntamientos de Ibiza para conocer el alcance de cuál es la afectación del decreto ley 9/2020 de medidas urgentes en materia de Urbanismo que el Govern balear aprobó el pasado 25 de mayo y que afecta muy especialmente a competencias municipales e insulares.
En este encuentro, el vicepresidente Mariano Juan ha anunciado que "el Consell de Ibiza ha comenzado oficialmente la redacción de un reglamento insular para sacar burocracia al Consell de Ibiza" y que tiene como objetivo "reducir los tiempos de espera para conseguir cédulas de habitabilidad y tramitar nuevas licencias, no sólo al Consell Insular sino también a los ayuntamientos", y por las que ahora se tardan cerca de 20 meses. Por ello, el Consell de Ibiza iniciará toda unos serie de "mesas de trabajo" integradas por técnicos municipales y colegios profesionales, "con la convicción de que en este tema todo vamos en la misma línea y tenemos que colaborar", concluyó Juan.
Respecto a la afectación del Decreto, Juan explicó que "lo primero que tenemos que hacer es tener una foto actual de este decreto ley urbanístico que ha venido desde Mallorca" y que, según Juan, da la posibilidad al Consell Insular para determinar "si algunos suelos urbanos, que actualmente pagan la contribución cono urbana, quedan como urbanos o pasan directamente a ser considerados suelo rústico", un proceso en el que se quiere contar con los ayuntamientos. "El decreto ley los excluye, no tienen ninguna potestad para incidir en la decisión que tome el Consell Insular, pero nosotros no queremos actuar de esta manera", explicó Juan.
Por ello, el encuentro de hoy ha servido para confirmar qué municipios están afectados y cuáles no. "En primera instancia, parece ser que afecta a Sant Antoni y en Sant Josep", ha explicado el conseller, y que "por el contrario Santa Eulària y Sant Joan no se verían afectados". Por otra parte, el municipio de Ibiza, "con toda probabilidad" tampoco se vería afectar por tener el Plan Gneral de Ordenación Urbana (PGOU) en tramitación.
Una vez hecho este diagnóstico, el Consell Insular y los ayuntamientos designarán equipos de trabajo para acordar las decisiones respecto de qué hacer con los suelos urbanos afectados "para no tomar decisiones sin contar con los consistorios, que son los conocedores de cada realidad ", y evitar, a la hora, al máximo posible, "las posibles responsabilidades patrimoniales” que, según el decreto ley, podrían recaer sobre los el Consell.
Finalmente, se trabajará en determinar cuáles son los suelos urbanos que pueden verse afectados por este decreto, "ya que el texto no dice qué grado de desarrollo es el mínimo para no acogerse a los efectos de este texto", concluyó Juan.