Las vacaciones le han proporcionado poco descanso al alcalde de Sant Josep, Josep Marí Ribas ‘Agustinet' (Sant Josep, Can Bartomeu Agustinet, 1959). A las preocupaciones y problemas que genera la crisis sanitaria en todos los municipios se suma el día a día de un municipio complejo, en el que las decisiones del pasado todavía pasan factura.
—Con tantos frentes en Sant Josep: desorden urbanístico, problemas en la red de agua, establecimientos de ocio nocturno siempre buscando el límite de lo legal… ¿qué le llevó a querer afrontar una tercera legislatura como alcalde?
—Bueno, todavía considero que tengo fuerza para abordar todas estas cosas. A mí siempre me ha gustado el trabajo de alcalde y pensé que podía aportar una legislatura más para después retirarme. Esa era mi intención y sigue siéndolo a día de hoy. Dejar la alcaldía después de estos cuatro años. Lo que pasa es que yo pensé que sería una legislatura más plácida de lo que está siendo. Las dificultades del municipio que mencionas las conozco desde que tengo ganas de ser alcalde. Son muchas y daría para muchísimo rato hablar de estos 154 kilómetros cuadrados, con sus problemáticas y aberraciones, decisiones equivocadas como la desaladora de Ses Heres que contaminó el acuífero de Sa Serra Grossa o los grandes errores urbanísticos que se cometieron en el pasado y que repercuten en el presente.
—Con estos antecedentes, no creo que uno pudiera pensar en una legislatura plácida.
—Bueno, quería culminar proyectos. Empecé en 2007 a 2011, después tuve la moción de censura que me supuso un sabor agridulce. En 2015 volvimos a ganar, llevaba dos legislaturas y pensé que podía afrontar una tercera. La alternativa era volver a mi trabajo anterior. La banca ha cambiado mucho y no me apetecía volver. Yo estoy excedente en la Banca March y por tanto mi empleo está ahí. Pero lo que te decía, pensé que en cuatro años más podía iniciar la redacción del Plan General o disfrutar de la primera legislatura con agua buena en el municipio y seguir trabajando en mejorar la red. Esto lo disfrutamos, pero han salido otras cosas que dificultan mucho el trabajo.
—Tiene a los vecinos de los Don Pepe en la puerta que dicen que no les ha ofrecido hablar desde el viernes (esta entrevista tuvo lugar el miércoles 26 de agosto).
—Estoy abierto a reuniones con los vecinos de los Don Pepe, pero no me han pedido ninguna. Yo, con estos saludos que me dedican cuando llego y cuando salgo y las pancartas alusivas a una culpabilidad que me atribuyen, en fin, me reuniré con ellos cuando me lo pidan, pero…
—¿Hay algo nuevo que les pueda ofrecer?
—No hay ninguna novedad. Ellos creo que han focalizado sobre el Ayuntamiento esta culpa. Yo lo intento explicar cada vez. Empatizo con una situación compleja y es razonable que se sientan dolidos y desesperanzados. Pero más allá de esto, la culpa de su situación no la tiene el Ayuntamiento. Espero que lo acaben entendiendo y veremos qué se puede hacer. El edificio está muy mal.
—A estas dos familias que quedan sin alojamiento, ¿no sería más fácil que tenerlas fuera protestando darles estancia en unos apartamentos como hasta la semana pasada?
—Sí, desde luego sería la solución rápida, me quitaría una preocupación de en medio. Pero el Ayuntamiento debe actuar con criterios de objetividad e igualdad de oportunidades para todos. No puede ser que porque alguien proteste más se le dé un trato especial. A todos los demás les hemos ayudado y les hemos buscado soluciones. Estamos dispuestos a ayudarles a buscar un sitio, pero alguno de ellos no quiere tratar con Servicios Sociales. Si les pagamos la estancia en los Bon Sol, ¿por qué no tienen los demás derecho a que lo sigamos haciendo? Los apartamentos Bon Sol fueron una opción de emergencia cuando tuvieron que salir sin tiempo para buscar otra cosa. El Ayuntamiento les ayuda a buscar otra cosa para que se ubiquen en otro sitio. Esta es la parte que no se ha entendido. E insisto en que es un tema que me genera mucha preocupación.
—Ha indicado más de una vez que se habla con el Govern de soluciones a medio y largo plazo, ¿qué hay sobre la mesa?
—Todavía no puedo anunciar ninguna novedad. Es un tema que se está tratando. Pero a medio plazo, sus abogados han recurrido el decreto de desalojo en el que han pedido al juez la legalización del edificio. Si hubiera una resolución judicial nosotros la atenderíamos. Pero nuestros técnicos entiende que no se puede permitir la rehabilitación. No creo que en la zona que está sea posible superar los obstáculos urbanísticos. Hemos pedido un dictamen jurídico al Consell d'Eivissa y al Govern sobre la situación urbanística de estos edificios y para saber si estamos en los cierto, o no, cuando decimos que el edificio está fuera de ordenación. El 23 de julio solicitamos a ambas instituciones este dictamen y estamos pendientes de recibir una respuesta. Pero sea la solución que sea no será a corto plazo. También estamos pendientes del informe de nuestro técnicos y los indicios apuntan a que todo el edificio está mal.
—¿Qué se haría de tener que desalojar todo el edificio?
—No lo sé. Tendremos que buscar una solución pero se nos multiplican los problemas. A mí me gustaría contar con más comprensión que la que tenemos. Con el Ayuntamiento se tiene poca empatía. Se nos ve como los malos. Las administraciones deberíamos hacer esfuerzos para colaborar más y alcanzar soluciones a problemas que a veces son muy complejos.
—Respecto al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), creo que no es la primera vez que se intenta ¿cómo va y hasta qué punto cree que se podrá llegar esta legislatura?
—Lo que se ha hecho varias veces era una aprobación inicial de una revisión de las Normas Subsidiarias. En esto, tanto nosotros en 2007 como después el PP en 2013, hicimos intentos de aprobación de esta revisión. Pero la LUIB ya obliga a hacer una PGOU, que por contenido es mucho más extenso y complejo. Ahora estamos en el proceso de licitación de la redacción del PGOU de Sant Josep por esta obligación de la ley, no porque queramos. Es un procedimiento administrativo complejo y en ello estamos.
—¿Por qué se permite que se siga construyendo en zonas tan saturadas como por ejemplo Cala Vedella?
—Las zonas calificadas como urbanas, si tienen esa calificación, no es optativo construir. En un principio los derechos urbanísticos de los propietarios de terrenos les permiten construir. Por tanto, lo que ha pasado en Cala Vedella, con errores en algunas licencias otorgadas, es que hablamos de un suelo urbano. Otra cosa es si debería ser suelo urbano cuando no tenemos la depuradora recepcionada. Pero esto es algo que se hizo entre los años 70 y 80. El terreno es urbano porque fue calificado así y no se puede obviar. Allí todavía existe una licencia para 62 viviendas más que no se han iniciado, pero la tienen.
—Entonces, sin una depuradora con capacidad, ¿no se puede hacer algo para parar nuevas obras?
—Hombre, se podrían suspender y revisar, pero esto requeriría pagar indemnizaciones muy importantes. La ley garantiza los derechos de los ciudadanos y hay que tener en cuenta el efecto de estas medidas en las arcas públicas. Está casi todo construido, hay licencias otorgadas que estamos tratando de contener sin que esto suponga unos costes para el Ayuntamiento. Es injusto que los ciudadanos tengan que pagar estos errores urbanísticos. Intentamos que no se construya más y anular algunas licencias que hay pero sin tener que pagar indemnizaciones.
—¿Cómo está el proceso de ordenación de los urbanos no consolidados y los suelos urbanizables del municipio que se estableció en el decreto ley 9/2020?
—El decreto ley decía básicamente dos cosas: que los suelos urbanizables que no se hubieran utilizado por temas de planeamiento quedan suspendidos, nosotros tenemos algunos, sobre todo en la zona de Cala Tarida, que afortunadamente se quedan sin efecto; y después en los suelos urbanos que no tienen servicios o les faltan servicios se pueden desclasificar como suelo urbano. Esta decisión de mantenerlos o eliminarlos la debe tomar según la norma el Consell Insular. Estamos hablando con ellos este tema y nos han dicho que nos ayudarán, pero de momento no hemos tenido ninguna reunión. Tenemos bastante identificadas las zonas que deberían seguir siendo urbanas y los suelos que teóricamente se podrían desclasificar o pasar a urbanizables para que los propietarios los doten de servicios. Es verdad que en nuestro caso, casi todos los suelos urbanos tienen algunos servicios. La mayoría de estos están en las zonas de Sant Jordi y Cala de Bou y son suelos urbanos a los que les faltan aceras o algún servicio.
—¿Esta medida facilitará al municipio la puesta en marcha del PGOU?
—Naturalmente. Es trabajo que se podrá adelantar Teníamos identificados todos estos suelos porque forman parte de las ochenta y tantas unidades de actuación que de alguna manera ya estaban condicionadas. Porque es verdad que, aunque sea suelo urbano, si no tienen todas las infraestructuras tú les tienes que obligar a que las hagan. Nos encontramos con suelos urbanos que no están completos pero que se pueden acabar.
—Son muchas zonas por acabar.
—Las normas del 86 son peculiares. En el momento que se hicieron imagino que hubo un trabajo que obedecía a lo que pidió el gobierno de aquel momento. Pero ahora esto provoca tener zonas urbanas de muy baja densidad. Viviendas unifamiliares con parcelas muy grandes, con lo cual tenemos servicios en este suelo urbano que afectan a muy poca gente. Cuando quieres construir vivienda asequible al terreno le tienes que dar una densidad mayor y no lo puedes hacer.
—¿Alcanzará el suministro de agua a cubrir las necesidades del nuevo PGOU? Se lo pregunto porque es uno de los temas con los que más problemas ha tenido Vila.
— No se prevén en el nuevo PGOU grandes crecimientos, así que no tiene por qué haber un problema de abastecimiento porque ya tenemos una dotación de agua adecuada. Hemos conectado, ahora que el agua es buena, a mucha más gente a la red y seguramente seguiremos. Antes había muchas redes privadas porque el agua municipal era muy mala. Pero ahora estamos conectando muchas casas a la red para que puedan consumir agua desalada. Creo que es lo que toca. Lo recomendable sería que los Ayuntamientos utilizarán principalmente agua desalada y dejáramos descansar los acuíferos. No son todos los que hacen esto. Sant Antoni tiene desaladora pero tira de agua de pozo. Santa Eulària gasta poca agua desalada y consume agua de pozo, quizás porque le sale más barata. Sant Josep consumió en su momento hasta el mar, salinizó sus acuíferos por este exceso y el atentado que supuso la desaladora de Ses Heres es de libro. Si tienes una desaladora en el interior facilitas la penetración del agua de mar.
—¿No considera que haga falta una nueva desaladora?
—No. Son instalaciones muy caras y costosas de mantener. Hay quien opina que en Ibiza no debería haber tres desaladoras sino una de gran capacidad. Pero bueno, de las tres que hay se puede ampliar el caudal y se distribuye con el nuevo anillo de interconexión.
—La pasada legislatura se inició el proyecto de reordenación de la bahía de Portmany, ¿cuándo podremos ver el inicio de las obras?
—Hemos adjudicado la oficina técnica que será el pulmón de este proyecto. Estamos en proceso de adjudicación del proyecto ejecutivo. Espero que el próximo año podamos empezar las obras. Pero hay que tener en cuenta que las obras del paseo de la bahía de Portmany serán posteriores al trabajo de arreglar todo el saneamiento de la bahía. Tenemos unas infraestructuras de los años 60 en unas condiciones terribles, con tuberías de fibrocemento entre los hoteles y el mar, algunas a la vista… todo esto hay que arreglarlo primero.
—Parece que será un trabajo largo
—Bueno, depende. Cualquier obra es compleja, pero yo espero ver el paseo iniciado durante la legislatura.
—Otro proyecto importante, financiado por el Estado con los fondos que se entregaron por la quiebra de Thomas Cook, es la remodelación de la avenida Pere Matutes Noguera y la calle Murtra, ¿qué cambio supondrá para Platja d'en Bossa?
—Creo que va a ser referente y modelo para el resto de Platja d'en Bossa. El Ayuntamiento de Sant Josep ha redactado el proyecto, hemos hecho un convenio con el Ayuntamiento de Ibiza y en este momento falta la aprobación del proyecto que será en breve. Queremos sacar las obras a licitación en el mes de septiembre para que se empiecen este invierno y tenerlo listo para el verano que viene. Este es el calendario que tenemos. La obra implicará un cambio de pavimento y se estrechará el tráfico rodado para dotar de mucho más espacio a las aceras y elementos de jardinería que le darán un cambio radical.
—Sant Josep ha implantado un sistema de cámaras para controlar el aforo de playas similar al que prevé el Consell dentro del proyecto Smart Island, ¿se cederá posteriormente o lo seguirá gestionando Sant Josep?
—Había una necesidad imperiosa de actuar con efectividad y experimentar. La acumulación de gente en las playas más importantes de Sant Josep es muy grande y era necesario controlar los aforos por la epidemia de Covid-19. Se nos hizo una oferta de prueba con un sistema de leasing para las cámaras, no son adquisiciones sino un alquiler con opción a compra. Creímos necesario implantar este sistema en cuatro playas del municipio. Probablemente es el mismo sistema que comentas, puede que cambie el software. Nosotros ahora lo hemos asumido como Ayuntamiento, se puede mantener y si a través del proyecto Smart Island se puede profundizar y mejorar, tanto mejor. Quiero insistir en una cosa, no es un sistema de vigilancia, nadie observa a la gente en la playa. El sistema es autónomo y mediante un algoritmo de software calcula la densidad de gente en las playas. Nosotros la información que recibimos es el porcentaje de ocupación de la playa y la advertencia cuando se supera cierto nivel de ocupación.
—Ha dicho que la opción para usar el remanente que ha propuesto Hacienda es buena para Sant Josep, ¿por qué es buena?
—Básicamente, porque podremos utilizar por primera vez este remanente, aunque sea en 10 años. Además la prima de un 35% de lo que se aporte en los años 20 y 21, para el Ayuntamiento de Sant Josep sería una cantidad importante. Creo que los que han generado el problema no deberían estar tan en contra de la medida. Por tanto, recibimos más de lo que tenemos y se nos permite utilizar aquello que hasta ahora no se podía utilizar. Podría decir también que es bueno porque tenemos que pagar para tener el dinero en el banco y ahora cobraremos y podremos mover este dinero que solo nos supone un gasto.
—La oposición duda que el Ayuntamiento pueda ejecutar la cantidad que le llegue.
—Ahora el problema será si lo sabremos gastar o no. Vamos a ver, a veces no entiendo a la oposición. Que nos lo den que ya lo arreglaremos para gastarlo. La oposición se ha equivocado conmigo casi siempre. Casi toda la información que manejan los grupos de la oposición se la dí yo mismo en una Junta de Portavoces que hicimos para informar sobre este decreto. Algunos de ellos sabían poco en ese momento del decreto. Así que reciben la información, se posicionan y plantean una moción contraria a la voluntad del equipo de gobierno. Entiendo que es su función, pero en los temas económicos solemos tener razón.
—También dicen que el Ayuntamiento se quedará sin liquidez si envía todo el remanente.
—Hay mucha desinformación en este tema. La gente tiene que saber respecto a este decreto, que está pendiente de ratificar y que puede que se modifique, que ya se prevé que los Ayuntamientos no manden todo el remanente. Dice lo que te puedes quedar, que son los derechos reconocidos que no has cobrado o las inversiones comprometidas y que no has ejecutado.
—Entonces, ¿quedaría liquidez?
—Claro, sino no se podrían pagar ni las nóminas. Ningún alcalde creo que se planteara hacer algo así. Ya hemos hecho algunas aproximaciones y de los más de 54 millones se mandarían en torno a 38.
—¿Lo que recibirá Sant Josep del remanente cubrirá el descenso de ingresos?
—Creemos que sí. Ese es otro aspecto a tener en cuenta, porque este año dejaremos de recaudar varios millones de euros entre las reducciones en las tasas por las concesiones de playas, que estarán por debajo de la mitad, o por la tasa de basuras de los negocios, que hemos dejado de cobrar directamente, sin que se tenga que solicitar.
—¿Qué llegaría a Sant Josep?
—La prima del 35% con estos cálculos, que todavía son aproximados, podría suponer una aportación extraordinaria y gratuita de 15 millones de euros en dos años. Esto hay que valorarlo. Insisto que tenemos que recalcularlo todavía, no quiero que se me tiren encima porque dije que era tanto y ahora es menos. Tenemos un borrador con cifras a groso modo y hasta el 15 de septiembre para hacer el cálculo detallado. Pero sí que es verdad que la cifra es importante y que hay que pensar en los ciudadanos de Sant Josep. Con este dinero se podrán hacer proyectos de interés para la ciudadanía. Sino qué hago, ¿rechazo este dinero y lo dejo en el banco para seguir pagando costes bancarios? Porque cambiar la norma parece que no se va a cambiar. Además durante los próximos diez años llegarán entre tres y cuatro millones cada año en ingreso no financiero. Con este dinero se pueden programar inversiones durante la próxima década.