El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 2 de Palma ha avalado la actuación del Ayuntamiento de Sant Josep en el desalojo por el peligro inminente de los apartamentos Don Pepe. La Corporación ha sido informada esta mañana de la resolución por la que el magistrado juez levanta las medidas cautelarísimas que dictó la semana pasada, en un auto donde condena a los recurrentes a abonar las costas del procedimiento.
El auto también traslada a las partes si procede inadmitir el procedimiento, tal como plantea el Ministerio Fiscal en su informe, y les da de plazo 15 días para pronunciarse.
La resolución llega una vez el magistrado juez ha podido escuchar los argumentos de las dos partes, no sólo una como el momento en que se emitió la cautelarísima. Así, asume que el Ayuntamiento ha actuado «por temor a la ruina que el edificio les podía ocasionar» a los recurrentes y al resto de personas desalojadas.
También se reconoce que desde los servicios sociales se han ofrecido alternativas habitacionales y ayudas económicas en función de la situación particular de cada afectado, excepto los recurrentes que «se negaron a toda cooperación».
Por todo ello, el magistrado-juez levanta la medida cautelarísima atendiendo a que se les ha ofrecido «no sólo ayuda económica para el alquiler sino un realojo provisional a instalaciones municipales». Asimismo, no aprecia «apariencia de buen derecho ante la voluntad obstativa los recurrentes».
El equipo de gobierno de Sant Josep se congratuló por el auto como «reivindica el buen trabajo de los servicios urbanísticos y sociales, así como del resto de los intervinientes en un episodio que para todos ellos ha supuesto un importante desgaste a todos los niveles». También quiere insistir en que «mantendrá su compromiso con todos los afectados de no dejar a nadie atrás». Como ahora se reconoce «el Ayuntamiento ha ido mucho más allá de lo que estaba obligado en esta actuación, que siempre ha sido guiada única y exclusivamente para la salvaguarda de la seguridad de las personas».