Las obras de construcción de un complejo residencial de 61 apartamentos en primera línea de una punta de Cala Vedella, en el solar en el que el Ayuntamiento de Sant Josep facilitará ahora la construcción de 12 villas de lujo, gracias a un convenio urbanístico con la promotora, debieron acabar en marzo de 2009.
Sin embargo, más de 11 años después de la fecha fijada para su finalización, las obras aún no han empezado y, curiosamente, la licencia no ha sido caducada.
La promotora, Zomote, obtuvo la licencia el 31 de agosto de 2005, hace poco más de 15 años. Las obras debieron empezar como tarde el 27 de marzo de 2006 y acabar 24 meses después.
Como la promotora tenía derecho a una prórroga de 12 meses, la mitad del plazo inicial, a dos días de finalizar el mismo solicitó dicha ampliación (el 25 de marzo de 2008). La solicitud fue atendida, por lo que un año más tarde debió finiquitarse la promoción (marzo de 2009).
La concesión de prórrogas a licencia es una práctica tan habitual que debe calificarse de mero trámite.
Lo que sí es, cuando menos, curioso es que el Ayuntamiento de Sant Josep no inició procedimiento de caducidad del permiso hasta el 16 de diciembre de 2016, es decir, con siete años de retraso, máxime cuando la intención municipal era suspender licencias en la zona (ver apoyo).
Mucho más curioso todavía es que el procedimiento finalmente no se completó, ya que las alegaciones presentadas por Zomote, el entonces titular del terreno y de la licencia, fueron estimadas al tragarse el Ayuntamiento de Sant Josep sus argumentos y no percatarse de las numerosas curiosidades, contradicciones, afirmaciones discutibles y omisiones. Tantas que son unas alegaciones artificiosas.
Y es que, según el documento que obra en poder de Periódico de Ibiza y Formentera, la promotora basa su defensa en dos argumentos que son, cuando menos, contradictorios y, cuando más, muy discutibles.
Por un lado, defiende que las obras habían empezado y, por otro, que existía un procedimiento judicial anterior a la concesión de la licencia que afectaba a la titularidad del terreno ante el que la promotora optó por no ejecutar las obras. Obviamente, ambos razonamientos son contradictorios.
Tal como se puede acreditar en las fotografías aéreas, la afirmación de que la promotora hizo «trabajos de excavación, demolición de construcción en la parcela y movimientos de tierras» es dudosa, ya que no se aprecian dichas intervenciones en el solar a día de hoy. Solo hay rastro de alguna pequeña demolición.
Siguen en pie algunas infraconstrucciones y no hay rastro ni de excavaciones ni de movimientos de tierras, de lo que se infiere que fueron intervenciones meramente testimoniales con el único objetivo de dar la apariencia de actividad, nunca para comenzar la construcción.
En las alegaciones, se hace referencia a un informe emitido por los servicios técnicos municipales, «y así quedó acreditado (por la promotora) en la solicitud de la prórroga, las obras se encontraban iniciadas».
Fuentes conocedoras de la operación, han explicado a este diario que las obras nunca empezaron y que únicamente se vistió la operación para lograr la primera y, hasta el momento, única prórroga y que, a la vista de convenio aprobado inicial en comisión de gobierno, aún vigente.
Procedimiento judicial
El otro gran argumento de las alegaciones es que el terreno estaba afectado por un conflicto judicial sobre la titularidad del terreno. En este aspecto, los promotores incluyen, a modo de jurisprudencia, hasta cinco referencias a sentencias de diferentes tribunales para hacer ver al Ayuntamiento que, en caso de procedimientos judiciales en marcha sobre la titularidad, no está justificado caducar la licencia.
En las alegaciones, no se aporta ningún documento para acreditar fehacientemente dicho procedimiento judicial, curiosa omisión de un aspecto clave para una promotora que pretende lograr revertir el expediente de caducidad en base a este litigio.
Sí se deduce que el conflicto, en cualquier caso, es anterior a la licencia. Y también que no se trata de un conflicto entre la promotora y un tercero, sino de la quiebra de la mercantil Imsidex, matriz de Zomote. Hasta octubre de 2009, es decir, más de un año después de la fecha en la que debieron finiquitarse las obras, no hubo sentencia por la que los terrenos aportados en su día por Imsidex para constituir Zomote volvían a la matriz para ser subastados en un proceso de quiebra.
Es curioso que se aluda a un procedimiento judicial promovido por Imsidex contra Zomote en el año 2004 (no se indica la fecha) como una de las causas que han impedido ejecutar una promoción cuando los trámites se iniciaron posteriormente.
Y es que, a pesar del conflicto judicial, la promotora solicitó licencia, pagó el impuesto de construcción y aparentó el inicio de las obras.
La contradicción en este punto es palmaria: a pesar de haber un conflicto judicial, la promotora tiró adelante con los trámites del proyecto y empezó, supuestamente, las obras, pero también como consecuencia de dicho procedimiento no ejecutó el proyecto y exige que la licencia no sea caducada.
Alegaciones en 2008
Por si fuera poco, según ha podido saber este periódico, la promotora presentó alegaciones, en el año 2008, a la aprobación inicial de las Normas Subsidiarias de Sant Josep. La revisión no llegó a aprobarse, contemplaba una reducción de la edificabilidad de más del 50% y unas cesiones más amplias a favor del municipio.
Curiosamente y en plena supuesta inactividad, la promotora propuso construir 14 grandes mansiones y que dicha promoción quedara excluida de la unidad de actuación propuesta en la revisión de las NN.SS.
En este caso, el supuesto conflicto judicial sobre la titularidad de los terrenos no fue óbice para tratar de modificar el proyecto de los 61 apartamentos por otro de 14 villas de lujo.
El uso de los procedimientos judiciales para vestir que las obras no se ejecutaron no por falta de voluntad no acaba aquí.
También se alude, en las alegaciones de Zomote, a otro procedimiento interpuesto por la Sindicatura de la quiebra de Imsidex en julio de 2012, es decir, siete años después de la concesión de la licencia y más de tres años después de que finalizara el plazo para acabar las obras sin que éstas hubieran empezado.
Del resultado final, la revocación del expediente del caducidad de la licencia, se desprende que el Ayuntamiento de Sant Josep no ha tenido en cuenta estas contradicciones, ni se ha preocupado de la incidencia real de los procedimientos a la hora de poder realizar ciertas actuaciones (las obras, las alegaciones y un nuevo proyecto) y otras no.