Cuatro expedientes sancionadores graves contra la empresa concesionaria de servicios no sanitarios en el Hospital Can Misses que ascienden a un total de 380.000 euros. Esa es la consecuencia de la auditoria técnica externa contratada por el Servicio de Salud a la empresa pública Tragsa. Estos expedientes sancionadores han sido recurridos por la empresa concesionaria ante la jurisdicción contencioso-administrativa.
Este estudio reclamado por el Servicio de Salud tras el trabajo de la auditoría de los técnicos del Área de Salud de Ibiza y Formentera fue encargado a finales de 2018 tras los episodios de moscas en los quirófanos del hospital ibicenco que obligaron a cerrar el bloque quirúrgico durante un mes hasta que fueron solucionados estos problemas. Esta incidencia fue muy sonada ya que se produjo más de un foco de moscas que paralizó la actividad de los quirófanos, siete de las salas fueron cerradas, solo el paritorio y urgencias permanecieron abiertos para atender los casos más acuciantes. Las moscas no fueron los únicos problemas que surgieron por aquel entonces. También hubo un caso de un hongo ambiental que obligó a cerrar varios de los quirófanos.
La auditoría llevada a cabo por la empresa Tragsa, con dos técnicos: una arquitecta y un ingeniero industrial, tenía como objetivo analizar y evaluar el estado técnico principalmente del bloque quirúrgico. Se inspeccionó la calidad de la construcción y su estado de conservación, así como el uso que se realizaba, estudiando la seguridad industrial de las instalaciones o la seguridad frente al riesgo biológico. Todo ello con el objetivo de identificar hábitos de operativa o de conservación inadecuados.
Así pues, según señaló ayer el Servicio de Salud, en el hospital se encontraron «graves deficiencias» tanto en la estructura, como en el servicio de mantenimiento del mencionado espacio.
Los expedientes
Yago Gómez, subdirector de Infraestructuras del Servicio de Salud, explicó ayer el motivo de cada uno de los cuatros expedientes abiertos. El primero de ellos viene derivado por defectos en la construcción de la instalación. Otro se corresponde con las deficiencias en las labores de mantenimiento que debe explotar la empresa concesionaria. El tercero expediente se impone por la desobediencia o la obstrucción a las órdenes de la administración durante el episodio de las moscas en el verano de 2018. Por último, el cuarto expediente sancionador procede por el incumplimiento de la normativa de seguridad y salud durante las obras realizadas.
Desde el Servicio de Salud destacaron en que los problemas surgidos en 2018 que motivaron este estudio ya están completamente solventados desde que se dieron aquellas incidencias que obligaron al cierre durante un mes. «Estas deficiencias se detectaron en aquel momento y se hicieron obras para subsanar esas deficiencias y poder volver a abrir los quirófanos», explicó Gómez, antes de insistir: «Ahora lo que se está haciendo es acabar un trámite administrativo después de una serie de informes y auditorías, pero las deficiencias ya están solventadas con aquellas obras».