No se puede afirmar taxativamente que el edificio A de la urbanización Cantos Rodados (los apartamentos Don Pepe) no tenga licencia. Es la conclusión a la que llega el Consell d'Eivissa tras estudiar la documentación remitida por el Ayuntamiento de Sant Josep respecto a estos apartamentos situados en Es Codolar.
Si bien el informe no es concluyente, la representación de los vecinos lo recibió como un rayo de luz para encontrar un camino en una situación con bastante penumbra. Si se llegase a apreciar que existió licencia, el edificio no se podría considerar fuera de ordenación y se podrían hacer las obras de mantenimiento que requiere. Las familias de dos de los portales fueron desalojadas del edificio en junio porque el Ayuntamiento apreció peligro en la estructura.
En la jornada de ayer representantes de los propietarios de los apartamentos se reunieron con el conseller de Gestió del Territori, Mariano Juan y el presidente del Consell, Vicent Marí, para conocer los pormenores del informe solicitado por el Ayuntamiento de Sant Josep y pedir al Consell que participe en las reuniones con el Consistorio.
El informe aprecia indicios que dan la impresión fundada de que pudo existir una licencia para el edificio. Entre otras, que la obra no se hizo de un modo «clandestino» sino con el beneplácito de las instituciones dado que se contruyó a la vista de todo el mundo, por lo que indica que no se puede pensar que se quisiera hacer un edificio ilegal de forma consciente.
El Ayuntamiento tuvo acceso en la jornada de ayer al informe del Consell, por lo que fuentes de la institución indicaron que «todavía no es posible hacer una valoración».
Las hipótesis
El informe da por acreditado que los promotores de la urbanización Cantos Rodados solicitaron licencia para los dos edificios que la componen, que en la Junta de Gobierno en la que se concede la licencia sólo se habla de un edificio y que el Consistorio da apariencia de legalidad a toda la urbanización, dado que siempre se han cobrado las tasas municipales y se ha dotado a los edificios de suministro de agua.
Respecto a la falta de licencia de uno de los edificios se plantean dos hipótesis. La primera, que hubiera un error en 1964 y que realmente cuando el acta de la Junta de Gobierno habla de un edificio se refiera a los dos.
La segunda hipótesis es que el Ayuntamiento sólo concedió licencia para un edificio. «Como se pidió licencia para un segundo edificio, quedaría por resolver el expediente de la segunda licencia. Si asumimos que no es un error, si hay dos solicitudes, una de ellas no se resolvió», explica Mariano Juan.
En este último caso, Juan indica que la alternativa sería que el Consistorio entrara a resolver la concesión de esa petición de licencia, aplicando la normativa de aquella época.
Trato injusto a los vecinos
El conseller quiso también señalar que, desde la opinión pública, se ha tratado a los vecinos como unos infractores y unos delincuentes, algo que considera totalmente injusto.
«Se ha dado por hecho que el edificio es ilegal, no tiene licencia y se ha asumido que los propietarios habrían cometido esta supuesta ilegalidad. Esto no es así. Los propietarios actuales no tienen nada que ver con los promotores originales», advirtió Juan.
Es por ello que recuerda que los propietarios actuales lo son «de buena fe», por lo que se trata de algo que se debe tener en cuenta a la hora tratar con ellos por parte de las administraciones y a la hora de informar respecto a este tema.
Propietarios
Participaron el la reunión con el Consell, la presidenta de la comunidad de propietarios de los apartamentos Don Pepe, Silvia Hernández, el abogado de la comunidad, Juan Nadal y la arquitecta técnica, Elena Murillo.
Nadal manifestó que la sensación tras la reunión era positiva y que esperaban alcanzar una solución jurídica. «El Consell es favorable a encontrar una solución, pero esa solución la debe tomar el Ayuntamiento.
Explicó que la documentación que se había aportado al Consell no estaba completa y recordó que es obligación del Ayuntamiento el tener toda esa documentación. Por otra parte criticó la postura municipal «que no es favorable o empática hacia los propietarios» que recordó que adquirieron de buena fe sus viviendas.
Por otra parte, insistió en la voluntad de la comunidad de propietarios de hacerse cargo de los trabajos necesarios para sanear la situación del edificio, teniendo en cuenta el criterio del Consistorio si fuera necesario.
Insistió en que a los vecinos se les cobran todas las tasas municipales y se les suministra agua, que el Consistorio no ha certificado nunca ninguna ilegalidad y que con anterioridad ya se concedieron licencias de obras de mantenimiento.