El impacto fiscal que puede tener sobre la figura de los pactos sucesorios propios del Derecho Civil de las Pitiusas el proyecto de ley de Medidas de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal que prepara el Gobierno dividió ayer al Pleno del Consell.
El equipo de gobierno quería hacer una declaración institucional en apoyo al acuerdo adoptado por el Consell Assessor de Dret Civil d'Eivissa i Formentera respecto a este tema, pero se quedó en una mera comunicación. PSOE y Unidas Podemos, a pesar de insistir en su respeto a esta institución independiente, manifestaron su desacuerdo con la opinión de los juristas de reconocido prestigio que lo componen.
El vicepresidente primero del Consell, Mariano Juan, fue el encargado de resumir el parecer del Consell Assessor. Explicó que el proyecto de ley no toca en ningún aspecto la figura de los pactos sucesorios, que se mantiene igual y con la misma tributación al 1% respecto al valor de lo recibido. Sin embargo, lo que sí se modifica es el trato fiscal que se da a una hipotética compraventa de los herederos en vida de esos bienes. Una modificación que desnaturaliza, según el Consell Assessor, la institución civil y genera dos tipos de herederos, aquellos que han heredado tras la muerte de los padres y aquellos que han heredado mientras ellos vivían.
Se dará un trato fiscal distinto a unos y otros herederos cuando la naturaleza de esa transmisión de bienes es la misma. Así, mientras en las herencias ordinarias, si el heredero vende lo que heredó, se le aplica el IRPF sobre lo que ganó respecto al valor que tenía ese bien cuando lo recibió, a aquellos que reciban un bien mediante un pacto sucesorio y vendan el mismo bien se les aplicará el impuesto del IRPF sobre el valor que tenía el bien cuando lo adquirieron los padres.
El proyecto de ley crea una ficción fiscal que considera que cualquiera que recibe una herencia en vida tiene la intención de defraudar si vende el bien que ha recibido antes de que muera quien le dio la herencia.
Para el Consell Assessor, según explicó Juan, esto supondría una doble tributación, dado que el heredero debería tributar dos veces por la ganancia patrimonial que se produjo al recibir el bien. Por ejemplo, si una persona recibe un inmueble que sus padres compraron por 30.000 euros, que actualmente tiene un valor de 180.000, y decide venderlo dentro de 20 años con sus padres todavía vivos por un valor de 300.000 euros, se considerará que ha tenido una ganancia patrimonial de 270.000 euros a la que se aplicará un 20% en el impuesto de IRPF. En cambio, aquel que lo herede tras la muerte de los padres y se encuentre en la misma situación, tributaría por una ganancia patrimonial de 120.000 euros.
Fraude
Desde Unidas Podemos y el grupo PSOE se defendió que esta ley contra el fraude lo que hace es corregir un uso fraudulento de esta institución.
La portavoz de Unidas Podemos, Viviana de Sans, manifestó su respeto al dictamen e incluso indicó que su grupo estaba de acuerdo con algunos de los puntos del mismo. Sin embargo criticó el «circo mediático» que el PP estaba generando en torno a este tema. Apuntó que mediante esta norma se pone coto a determinadas actuaciones fraudulentas, como podría ser el simulacro de una herencia en vida cuando lo que se pretende es una venta del bien para tributar al 1% por la ganancia patrimonial.
Vicent Torres manifestó que «el verdadero debate» que estaba sobre la mesa es respecto al «modelo de la derecha, de reducir impuestos y por tanto, recortar en igualdad», y del otro el «modelo de izquierdas, de asegurar una sociedad solidaria e igualitaria, en la cual quien más tiene, más contribuye».
Juan no negó que estas conductas se pueden producir, pero recordó que para controlarlas existen figuras como la revisión y la inspección fiscal. Consideró que esta ley pretende «matar moscas a cañonazos» al meter a todos lo herederos en vida en el mismo saco y criticó que desde el Estado no se hubiera contado con los ibicencos para llevar a cabo esta reforma y adecuarla al fin que se pretende sin penalizar todos los casos de herencias en vida.
Por otra parte criticó la postura del PSOE de Ibiza, que en Formentera sí había apoyado el dictamen del Consell Assessor.