El Ayuntamiento de Eivissa decidió ayer finalmente no anular la primera prueba de la fase de oposición para dotar de 6 plazas vacantes a la Policía Local, pese a haber detectado durante el plazo de revisión de alegaciones dos preguntas erróneas más (y ya van 26) y haber recibido el pasado martes una del sindicato Comisiones Obreras (CCOO) en la que solicitaba la nulidad de la prueba.
En dicha alegación la organización sindical abogaba por la repetición de la prueba celebrada el pasado 11 de febrero, consistente en dos exámenes tipo test de 50 preguntas cada uno.
Desde CCOO consideran que la anulación de 24 preguntas por estar fuera de temario, copiadas de anteriores exámenes de otros municipios o con la normativa derogada «da lugar a la desfiguración de la prueba».
Señalaron a su vez en su escrito que el número de preguntas afectadas «es muy elevado» por lo que «condiciona los principios de igualdad, mérito y capacidad que deben presidir la evaluación de los conocimientos de los aspirantes a las pruebas selectivas en los términos que venían establecidos en las bases de la convocatoria».
Además, hicieron hincapié en que la plantilla que se proporcionó para corregir las pruebas también estaba equivocada.
Sin normativa
Aunque no existe una normativa aplicable en una situación como esta, desde el sindicato recordaron que la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura anuló la validez de un examen «estableciendo que la prueba debía repetirse debido a que la propia Administración anuló en un primer momento el 30% de las preguntas tipo test, entendiendo que estaban mal formuladas o fuera de temario», un volumen de incorrecciones que el tribunal consideró excesivo.
Aunque en el caso de la prueba de Vila no se llega al 30% de anulaciones, los responsables de CCOO recordaron que esta misma sentencia afirma que «basta que se desfigure el ejercicio para su anulación» pero en ningún caso se dice que el 30% de preguntas eliminadas «sea el límite mínimo».
El delegado Sindical de Comisiones Obreras en la Policía Local de Eivissa, Marcos Ballesta, manifestó por su parte que, como sindicato, «no podemos permitir que un proceso que se ha iniciado mal continúe mal». En este sentido, señaló que «lo más inteligente es anular las pruebas, que las vuelvan a preparar y que lo hagan como toca». «Situaciones como ésta crean indefensión y afectan más al que mejor preparado va al examen», reconoció.
Ante esta situación, los opositores que siguieran sin estar conformes con los resultados de la prueba tienen aún la posibilidad de presentar un recurso contencioso-administrativo en los tribunales.
Un procedimiento que se prolongaría mucho en el tiempo pero que, en caso de recibir una sentencia positiva, obligaría a que los policías que lograron su plaza mediante este proceso de oposición tuvieran que abandonarla, lo que sería la gota que colma el vaso de la chapuza.
Por su parte, el Grupo Popular en el Ayuntamiento de Eivissa, a través de su concejal Jacobo Varela, aseguró que con la polémica de las oposiciones de la Policía Local de Vila «llueve sobre mojado» en las «chapuzas» que está haciendo en lo que va de legislatura la Concejalía dirigida por Rosa Rubio.
«Llevamos un año y medio de chapuzas. Dimitió el jefe de la Policía a los pocos meses de nombrarlo, hicieron una inauguración fantasma de la sala de cámaras, una sala en la que no había cámaras y la presentaron sólo por hacerse la foto; faltan agentes; muchos policías cambian de municipio porque no están contentos...» enumeró Varela.
«Lo que está claro es que la concejal Rosa Rubio no sirve y el alcalde tampoco y deben dar explicaciones», insistió. En este sentido, criticó que desde el Consistorio se escuden en que se trata de un error y no haya ningún tipo de responsabilidades. «Llevamos un año y medio de errores continuados y esto no puede seguir así», insistió el edil popular. «Nosotros no entramos en quién es el responsable, lo deberán dirimir ellos, pero tenemos claro que se tendrán que depurar responsabilidades sobre esta nueva chapuza», sentenció.
En este sentido, Jacobo Varela adelantó que en el próximo Pleno municipal pedirán las pertinentes explicaciones tanto al alcalde, Rafa Ruiz, como a las concejalías implicadas, la de Recursos Humanos y la de Policía Local.