El Ayuntamiento de Sant Josep repartió en 2020 sólo el 34% de la partida presupuestada para ayudas al alquiler a causa de la COVID. Concretamente, el Consistorio josepí había destinado al efecto 200.000 euros, de los que únicamente llegaron a sus destinatarios 67.500 euros.
Según informaron desde la Administración local, se recibieron un total de 150 solicitudes, de las que tan solo prosperaron 75. Ante esta escasa incidencia, fuentes consistoriales aseguraron que para futuras convocatorias tenían previsto realizar una serie de cambios ya que, «aunque hubiéramos dado luz verde al total de las solicitudes, tampoco habríamos cubierto todo el presupuesto». En este sentido, recordaron que para valorar los requisitos económicos a la hora de conceder las ayudas se había utilizado el índice IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples). Dicho índice es el que utiliza el Gobierno para la revalorización de prestaciones sociales como los subsidios de desempleo, las ayudas a la vivienda y las becas, entre otros.
Esta forma de valorar las solicitudes «puede ser algo exigente y demasiado restrictiva para personas que no son el usuario habitual de los servicios sociales», explicaron desde Sant Josep, «por lo que para futuras convocatorias estamos estudiando aplicar el salario mínimo». Asimismo, indicaron que había quedado fuera de la posibilidad de acceder a las ayudas gente que tenía problemas con el empadronamiento en el municipio, por lo que se prevé relajar los requisitos y dar más publicidad a este tipo de subvenciones para que puedan llegar a todos aquellos que realmente lo necesitan. Además, adelantaron que la partida que se prevé destinar a este concepto en 2021 alcanzará los 300.000 euros.
Sant Antoni
Otro de los municipios que no logró cubrir el 100% del presupuesto destinado a ayudas al alquiler fue el de Sant Antoni. En este caso, de los 160.000 euros destinados a esta convocatoria de ayudas se entregaron 106.000 (casi el 67%). En total, según informaron desde el Consistorio, se presentaron 126 solicitudes, de las que 74 fueron aceptadas aunque dos de los beneficiarios al final renunciaron a ellas.
De los excluidos la mayoría fueron por tener deudas con otras administraciones, no aportar la documentación requerida o superar los ingresos económicos de la unidad familiar. Las ayudas iban de los 825 euros de la mínima a los 1.500 de la máxima.
Santa Eulària
Los ayuntamientos de Santa Eulària y Eivissa fueron los únicos que en el año 2020 agotaron la totalidad de la partida presupuestaria destinada a las ayudas al alquiler por la COVID, e incluso en ambos casos tuvieron que incrementar dicha partida para abarcar a un mayor número de usuarios.
El Consistorio de la Villa del Río había previsto dedicar al efecto 250.000 euros pero, ante la avalancha de peticiones y con el objetivo de que nadie de los que cumplieran los requisitos planteados por la administración se quedara sin ayudas, decidió aportar una partida extra de 80.000 euros, alcanzando de esta forma los 330.000.
La convocatoria establecía un máximo de dos mensualidades de alquiler para el público en general, pero se ampliaba en media mensualidad más en el caso de menores de 35 años y mayores de 65. En el caso de los solicitantes de tipo general el máximo que recibieron fueron 1.200 euros, mientras que en los dos grupos especiales la ayuda máxima subió hasta los 1.400 euros. Finalmente se autorizaron un total de 283 peticiones y se denegaron 233. Los motivos por los que se rechazaron éstas últimas son por tener más ingresos de los fijados en las bases, tener determinados tipos de propiedades, no haber presentado la documentación requerida o no estar empadronados en el municipio el mínimo de 2 años que exigían las bases de la convocatoria de ayudas.
El Ayuntamiento de Eivissa, por su parte, fue el que más dinero aportó a su línea de ayudas para el pago del alquiler a las personas afectadas por la crisis de la COVID, concretamente 560.000 euros. Las ayudas tenían un importe máximo de 1.800 euros, aunque se llegó a incrementar hasta los 2.400 euros en los casos de especial vulnerabilidad. Finalmente, con este presupuesto se llegó a atender a 229 familias.
Por último, Sant Joan destinó 32.000 euros a ayudar a las familias más necesitadas a pagar los alquileres.
Formentera sigue valorando las solicitudes
El Consell de Formentera, por su parte, es la única institución que a día de hoy sigue valorando las solicitudes para poder optar a ayudas al alquiler a causa de la crisis de la COVID, ya que abrió el plazo de inscripción a finales de 2020. En total, la máxima institución de la pitiusa del sur ha destinado al efecto una partida presupuestaria de 150.000 euros y, una vez finalizado el plazo de admisión, ha recibido 27 solicitudes. Las ayudas cubren entre el 70% y el 100% del coste del alquiler de los solicitantes, con un máximo de tres meses de alquiler y una renta máxima de 1.200 euros mensuales. Estas subvenciones son de carácter finalista y están destinadas al pago total o parcial de la renta del alquiler y a la cancelación total o parcial de los créditos solicitados por la financiación del alquiler entre el 1 de abril y el 31 de octubre de 2020.
El importe máximo, dependiendo de las circunstancias sociales y laborales de los solicitantes, puede llegar a los 3.240 euros.
Desde el Consell de Formentera recordaron que las bases que rigen estas ayudas son similares a las de otras administraciones locales y autonómicas. Además, para poder llegar al mayor número de ciudadanos posible, se hizo una campaña publicitaria en los medios locales y se difundió a través de las redes sociales de la institución.
Éstas ayudas no son compatibles con las que ofrece el Govern balear.