Con ocasión del periodo festivo entrante, la Guardia Civil quiere recordar que los titulares o empresas comercializadoras que cedan el uso o alquilen estancias vacacionales en las que se celebren fiestas, actividad no permitida en la actualidad, incurrirán en responsabilidad y les podrá ser aplicado el régimen sancionador en vigor en esta Comunidad Autónoma.
La normativa turística obliga a dichos titulares y empresa al desalojo de los clientes en un supuesto como el señalado, estando obligados igualmente al control documental previsto en la ley orgánica de protección de la seguridad ciudadana. Los incumplimientos que tengan lugar pueden suponer la prohibición de la comercialización turística durante un periodo de hasta tres años.
Al mismo tiempo, desde la Guardia Civil recuerdan en un comunicado de este viernes que la omisión en el cumplimiento de las obligaciones establecidas tanto por el Estado como por el Govern de las Illes Balears para afrontar la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, podría suponer la formulación de denuncias contra entidades proveedoras de suministros o de prestación de servicios contribuyentes para la comercialización u organización de fiestas tanto en espacios públicos como en espacios privados.