Se suele decir que hecha la ley, hecha la trampa. Baleares se ha agarrado ese popular dicho y ha buscado una argucia legal para pasar de la Ley 2/2021 del 29 de marzo publicada en el Boletín Oficial de Estado y que pilló por sorpresa a la mayoría de las comunidades. Este texto, en su artículo 5 recogía que las personas de más de seis años deberán usar la mascarilla «en la vía pública, en espacios al aire libre y en cualquier espacio cerrado de uso público o que se encuentre abierto al público». Finalmente esto ha durado en el archipiélago unas pocas horas.
Fue la consellera de Salud, Patricia Gómez, que tras reunirse con sus homólogos en el Consejo Interterritorial anunció que Baleares mantendría sus actuales restricciones. Para ello, los juristas del Govern buscaron en el texto un resquicio legal al que agarrarse y lo encontraron.
«Con arreglo a las indicaciones de las autoridades sanitarias». Ésta es la parte de la ley aprobada por el Congreso a la que se agarra Baleares para no obligar a llevar mascarilla en espacios públicos, si se respeta la distancia social de seguridad. «Los servicios jurídicos de la comunidad entienden que nuestra normativa no ha sido superada», explicó ayer Gómez.
Así, al menos durante Semana Santa, seguirá vigente el decreto aprobado en noviembre que dice que no será necesario protegerse con mascarilla si se va solo, con el grupo de convivencia, o se mantiene la distancia social con el resto de personas que haya en la playa, en las piscinas o en espacios naturales, fuera de núcleos de población.
A su vez, el Consejo Interterritorial creará un grupo de trabajo con las comunidades para ver si la ley debe modificarse, una decisión que se tomará la semana que viene. Si después hay que cambiar la norma, «se hará», puntualizó la consellera.
«La ley está publicada y nosotros hemos hecho esta interpretación que entendemos que es válida», dijo. De ahí que además «firmaremos y enviaremos una instrucción aclaratoria para las fuerzas de seguridad, para que tengan claro que la normativa vigente esto días será la nuestra».
Aún así, cabe recordar que hasta el 11 de abril, hay otra instrucción estatal que establece que en exteriores, las reuniones deben ser de un máximo de seis personas y dos grupos convivientes.
Petición de Formentera
Antes de que se diese este anuncio, el Consell de Formentera se había movido para intentar frenar esta nueva ley. La presidenta, Alejandra Ferrer, reclamó que se reconsiderase la obligatoriedad del uso de mascarilla en las playas.
La presidenta insular aseguró que la norma publicada en el BOE va «en contra» de todas las políticas que se han llevado adelante hasta ahora, cuando eran las comunidades autónomas, junto con los municipios, «los encargados de tomar este tipo de decisiones en cuanto a medidas restrictivas relacionadas con la COVID-19».
Para Ferrer, el uso obligatorio de mascarilla en la playa es una medida «desproporcionada», más aún en Formentera, «donde en la mayoría de las veces, en las playas y espacios naturales al aire libre, se puede garantizar que la gente pueda pasear con la distancia sanitaria necesaria».
Finalmente, Ferrer instó a «repensar» la medida y que sea adaptada «a cada uno de los espacios y situaciones», además de tener en cuenta las «especificidades» de cada territorio y la «evolución» de la pandemia.