El Consell de Govern extraordinario de este viernes aprobó un decreto que, entre otras medidas, incluye la limitación del precio de las pruebas PCR y de los test de antígenos, así como la obligatoriedad de la vacunación contra el coronavirus de determinados colectivos. Así lo anunció este viernes en rueda de prensa el conseller de Movilidad, Josep Marí Ribas Agustinet.
Al ser cuestionado por el motivo que ha llevado al Govern a tomar esta decisión, Agustinet se limitó a decir que se había explorado juridicamente esta posibilidad y que una vez que se vio que se podía llevar a cabo se tomó la decisión de incorporar esta herramienta.
Aunque el conseller prácticamente dio por hecho que en las residencias se obligará al personal sociosanitario a vacunarse, desde Salud fueron más prudentes al responder a las preguntas de este periódico. La Conselleria explicó que se trata de «una de las medidas que se recogen en el decreto y no quiere decir que se vaya a hacer mañana. Es una opción».
Además, señalaron que aunque Agustinet habló de personal sociosanitario, el decreto no especifica qué colectivos podrían ser obligados a recibir la vacuna.
Precio a las PCR
En este decreto ley que modifica la ley de Salud Pública de las Islas «para poder mantener medidas que ha sido efectivas en el control de la pandemia» también se fija en un máximo de 75 euros el precio de las PCR y en 30 euros el de las pruebas de antígenos.
El decreto supone incluir modificaciones en la Ley de Salud Pública de Baleares para, previa autorización del TSJIB, tener la potestad de aplicar en las Islas medidas hasta ahora sujetas al estado de alarma como la limitación nocturna de la movilidad, las limitaciones personales en reuniones sociales y los controles en puertos y aeropuertos.
Además, se incluiría la posibilidad de decretar confinamientos por barrios o territorios y regular la intervención de las residencias de personas mayores, entre otras cuestiones.