El coordinador del sector de Carreteras de CCOO en Baleares, Chema Martín, expresó ayer el «firme rechazo» por parte del sindicato a la solicitud del Consell de Eivissa al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana de que elimine el uso del tacógrafo en el transporte de mercancías y de viajeros en la isla.
«Si eliminamos el uso de estos dispositivos estamos expuestos a que los trabajadores no descansen entre jornadas, lo que puede derivar en que ocurra algún accidente», alertó Martín.
Para el coordinador sindical no es comprensible que se intenten hacer mejoras mediante un plan integral del transporte regular en Ibiza «y se dé ahora un varapalo a los trabajadores que no tendrán una herramienta que fije sus descansos diarios y sus descansos semanales».
Por otra parte, criticó las declaraciones del conseller de Transporte, Javier Torres, que puso sobre la mesa los problemas burocráticos que supone para las empresas de transporte la instalación y uso de tacógrafos como uno de los motivos para solicitar que en Ibiza no se utilice. «Si ponemos en valor que es más importante cualquier tipo de gasto administrativo, antes que la propia seguridad, tenemos un problema».
Aseguró que desde el sindicato se hará «todo lo posible» para que esta modificación del Real Decreto (RD) 640/2007 para incluir a Ibiza como zona en la que no es obligatorio el uso del tacógrafo no se lleve a cabo.
Recordó, además, que el 10 de mayo de 2021 enviaron desde el sindicato una carta a la conselleria insular de Transporte, a Pimeef y a la conselleria balear de Movilidad en la que expresaban y explicaban su oposición a esta medida.
Martín señaló algunas imprecisiones de la moción del Consell, dado que el RD 1163/2009 modificó las excepciones al tacógrafo en islas de 1.500 km2, que pasó a establecerse para islas de un tamaño inferior a 250 km2.
«Lo relevante no son los kilómetros cuadrados que tiene la isla, sino el tiempo que el conductor está trabajando. Da igual si el territorio tiene 40 kilómetros si el trabajador no para en ningún momento», explicó Martín, que consideró que detrás de esta decisión del Consell hay intereses ocultos.