«Toda ayuda es bienvenida, pero esta no es justa y es discriminatoria». Así de clara se mostró Mari Angels Marí. La secretaria general de la Pimeef lamentó que muchas empresas pequeñas «no suelen pedir créditos y prefieren afrontar las deudas con sus ahorros».
En esa misma línea, aseguró que no tiene ningún sentido que «se premie a quien no está cumpliendo la ley». «Todos lo hemos pasado mal, pero los que han pagado siguiendo la ley de morosidad se quedan fuera de estas ayudas, no tiene sentido que haya una ley estatal y que se saquen unas ayudas estatales que premian a los que incumplen la ley», insistió.
Además, señaló que se lo habían comunicado al Govern cuando se conoció el borrador, pero que es algo que depende del Gobierno central y que perjudica a los que pagaron sus deudas descapitalizándose. «Pongamos dos empresas similares. Una repartió dividendos y luego se endeudó. La otra no los había distribuido y utilizó este dinero para pagar sus gastos. Una puede entrar a las ayudas y la otra se queda fuera», ejemplificó.
Una ayuda tardía
En una línea muy similar se manifestó el representante de la CAEB en las Pitiusas, José Antonio Roselló: «Toda ayuda siempre es bien recibida, aunque esta era muy esperada porque en otros países europeos ya se había empezado a distribuir ayudas de este tipo. En España se ha tardado, íbamos rezagados y es bienvenida, pero somos de los últimos en recibir estas ayudas directas».
Roselló lamentó que «se está aplicando una interpretación muy taxativa del Real Decreto Ley, ya que el endeudamiento es la condición indispensable. Esto significa que aquellas empresas que hayan aplicado tesorería directa o inversiones financieras que en su día hubiesen hecho a modo de ahorro, no van a poder recibir esta ayuda. Lo que habría que hacer es un recopilatorio de los gastos que sí son subvencionables. Las ayudas se deberían destinar a una serie de gastos fijos, pero el real decreto ley está redactado de una manera imprecisa y esto hace que el Govern se acoja a esta interpretación tan estricta».
«Nosotros lo vemos discriminatorio porque las empresas que a modo de hormiguitas han hecho sus esfuerzos de no repartir dividendos y han ido haciendo un colchón para pagar deuda, no entran en esta ayuda y son empresas que se quedarán muy debilitadas por hacer uso de su tesorería», explicó, antes de reseñar que en Ibiza «este fenómeno estará bastante extendido».