La proliferación de fiestas ilegales en viviendas turísticas es un problema que empieza a preocupar sobremanera a las instituciones de la isla, especialmente desde que decayó el estado de alarma decretado por el Gobierno.
Baste como ejemplo las registradas en el municipio de Sant Josep. En lo que va de año la Policía Local de este municipio ha tenido que intervenir en 328 ocasiones por denuncias de música elevada y ruidos, de las que 208 corresponden al último mes y medio, lo que supone un 63,4% del total.
Vídeo difundido por la Policía Local de Sant Josep durante el fin de semana.
La concejal de Policía de Sant Josep, Pilar Ribas, reconoció que tienen muy difícil poder actuar en este tipo de concentraciones «porque la Policía Local sólo puede actuar si se detecta alguna infracción de las ordenanzas municipales». Unas actuaciones que suelen estar relacionadas con el nivel de ruido y con el aparcamiento de los vehículos que acuden a este tipo de fiestas.
Pocas herramientas
Ribas reconoció que, «con la legislación en la mano», los agentes locales tienen muy pocas herramientas para poder entrar en este tipo de eventos en domicilios privados y apuntó que la normativa autonómica permite la elaboración de un reglamento insular que facilitaría poder luchar contra estas ilegalidades. Una de las propuestas que ha lanzado al resto de corporaciones locales es regular una serie de requisitos sobre los usos que se puede dar a las viviendas turísticas.
Como uno de los principales molestias a los vecinos es el exceso de ruidos, «habría que determinar qué equipo de música tiene la vivienda registrada como turística». Dependiendo de esta inscripción, podría determinarse si procede la instalación de un limitador acústico o, en caso de que se usara un equipo que no fuera el registrado previamente, poder proceder a sancionarlo.
De cualquier forma, la regidora del Consistorio josepí reconoció que no se trata de un problema únicamente de convivencia «porque suele tratarse de una actividad lucrativa y, el que se beneficia de ella, no declara esos ingresos, por lo que además es una competencia desleal con el sector del ocio», que está totalmente regulado durante toda la pandemia.
Advertencia del Consell
Por su parte desde el Consell d'Eivissa reconocieron que las fiestas ilegales son una cuestión de orden público, por lo que por esta parte atañe a los ayuntamientos, y sanitario, por lo que en ese aspecto concierne al Govern balear. «Ya advertimos de que proliferarían las fiestas masivas si el Govern no estudiaba en serio la posibilidad de articular medidas de control que fueran más allá de controlar la salida de gente de las fiestas», indicaron desde la máxima institución insular. «Los ayuntamientos y las fuerzas de seguridad están solos en esta lucha», añadieron.
Desde el Consell recordaron que «nosotros ofrecemos nuestra ayuda de inspección turística a los ayuntamientos, pero el margen de maniobra administrativo es siempre posterior a la fiesta con las normas actuales». Asimismo, subrayaron que «las policías necesitan medios eficaces y rápidos para cortar de raíz ilegalidades que ponen en peligro el esfuerzo de todos y son una competencia desleal al ocio que paga impuestos».
El director insular de la Administración del Estado, Enrique Sánchez, declinó ayer realizar declaraciones al Periódico de Ibiza y Formentera sobre las fiestas ilegales. Sin embargo sí que las hizo a Radio Ibiza Cadena Ser, donde señaló que las fiestas ilegales en viviendas turísticas o villas de lujo son un producto que se está asentando en Ibiza y abogó por unificar criterios entre todas las administraciones para poder actuar de forma más eficaz son conculcar derechos fundamentales.
Protocolo unificado
Asimismo, reconoció que sería deseable disponer de más herramientas legales para poner coto a estas fiestas, algo que ya se ha debatido en las diferentes juntas locales municipales. Propuso, además, unificar un protocolo de actuación y la creación de equipos de trabajo de todas las instituciones implicadas para que los técnicos puedan determinar de qué forma se pueden atajar estos eventos ilegales sin afectar a derechos fundamentales como la entrada en un domicilio.
Desde la Asociación Ocio de Ibiza aseguraron que este tipo de fiestas son «una barbaridad» y que son una de las principales causas de que incremente la incidencia de la Covid. Asimismo su gerente, José Luis Benítez, destacó la necesidad de regular que la policía pudiera entrar en este tipo de fiestas, aunque se celebren en viviendas privadas. «No es ocio reglado y esto es un gran problema», insistió Benítez.
Paralizan una fiesta con 70 personas en Formentera
La Policía Local de Formentera paralizó una fiesta con 70 personas en un local de Migjorn y levantó un acta por incumplimiento de la normativa covid, según informó el Consell Insular en un comunicado.
Los hechos ocurrieron el sábado por la tarde, cuando los agentes llegaron al local y se encontraron con una fiesta en la terraza superior del establecimiento, con música, personas bailando y sin mantener la distancia de seguridad ni usar mascarilla. El expediente ha sido remitido al Govern balear y se ha pedido celeridad en su tramitación.
El Área de Actividades del Consell de Formentera también abrirá un expediente sancionador sobre los posibles incumplimientos de la ley de actividades y las diferentes ordenanzas municipales de música y contaminación acústica.
Por otro lado, la Policía Local también disolvió el sábado por la tarde una fiesta con música y bebida en la playa des Cavall d'en Borràs, en el Parque Natural de ses Salines,
Los agentes requisaron un altavoz e identificaron al propietario del equipo de música sobre el que podría recaer una infracción por incumplir la ordenanza de playas, entre otras infracciones medioambientales al tratarse de un espacio protegido.