En diciembre de 2017 el Parlament balear aprobó la ley de urbanismo que actualmente está en vigor, conocida como LUIB, con los votos a favor de la izquierda y en contra de la derecha, algo que entra dentro de la más absoluta normalidad al ser un proyecto del Govern de Francina Armengol.
Lo que ya no es tan normal es que los entonces socios del PSOE en el Govern se desmarquen de una disposición transitoria, voten en contra de la misma y la critiquen abiertamente y que el PP la vote a favor. Ciudadanos y El PI se abstuvieron.
Se trata de la disposición transitoria decimocuarta redactada ad hoc para legalizar proyectos urbanísticos de la zona de Sant Josep de Playa den Bossa, muchos de ellos propiedad del Grupo Matutes. Obviamente, el texto nada dice de la zona en concreto ni de los propietarios agraciados con la medida para evitar dejar negro sobre blanco que es lo que parece, un caso más de urbanismo a la carta, algo que está expresamente prohibido.
El Parlament balear usurpó las competencias urbanísticas al Ayuntamiento de Manacor para autorizar en suelo rústico y en primera instancia el complejo de Rafa Nadal en 2012, con José Ramón Bauzá como presidente y Biel Company como conseller con 51 votos a favor (los del PP y del PSOE) y 5 en contra del PSM-IV-ExM, que aún no había saltado por los aires el bipartidismo en esa época.
El centro en cuestión está compuesto por un colegio internacional, una residencia, un gimnasio, un museo del deporte, un espacio de fitness, una clínica, un spa, una tienda, un restaurante, 27 pistas de tenis, siete de pádel y dos piscinas.
Como el primer traje a medida funcionó bien y le sentó de maravilla a la familia Nadal, años después se puso manos a la obra para hilvanar el segundo traje a medida después de fracasar la vía ordinaria: que la residencia pensada para jóvenes promesas del tenis sea un hotel (hasta entonces lo era encubierto) y la superficie explotable crezca un 54 %.
Es decir, un hotel en suelo rústico por la puerta de atrás, saltándose, además, el preceptivo informe de impacto ambiental y los estudios de Recursos Hídricos, entre otros, evitando la cesión de terrenos al Ayuntamiento, todo ello en tiempo récord si se compara con los ochos años en los que estimó entonces la oposición la tramitación ordinaria.
La operación fue posible gracias a una enmienda presentada por el PP a la Ley de la Vivienda, operación que la familia Nadal había consensuado con el PSOE, partido que también votó a favor, al igual que Ciudadanos. El PI se abstuvo.
Así es como PP y PSOE son capaces de pactar abiertamente soluciones que resuelven problemas graves para el interés general cuando quieren.
Es obvio que es positivo que una zona consolidada cuyo pecado original hay que buscarlo décadas atrás disponga de seguridad jurídica y de una solución.
Como también lo es que el mejor deportista de estas islas, quizá de España, pueda levantar en su pueblo un megacentro deportivo y un hotel, ambos muy cool, para seguir ganado más dinero.
Solución pasiva.
En otras, el pacto es de silencio como en el caso de Marina Ibiza.
Una decena de negocios operan en esa concesión incumpliendo las más elementales normas urbanísticas municipales y administrativas de Autoridad Portuaria, tanto que los edificios en los que están instalados fueron construidos sin licencia de obra y carecen de licencia de actividad ni tampoco de instalación.
Todo el mundo lo sabe porque Periódico de Ibiza y Formentera lo ha publicado y nadie dice nada, ni hace nada.
El Ayuntamiento de Ibiza no envía celadores para abrir expedientes de disciplina urbanística, ni se les pasa por la cabeza cerrar locales que operan irregularmente «con la que está cayendo», según dijo la concejal de Urbanismo, Elena López, en alusión a la pandemia y a los trabajadores que se irían a la calle si el Consistorio osara cumplir y hacer cumplir la ley, el juramento que hacen todos los cargos públicos al acceder a ellos.
Mientras todo esto sucede y el resto de medios de comunicación hacen ver que el desmán no va con ellos y en cambio ven plataformas, desmontes y caminos por doquier, el PP y Ciudadanos callan, luego otorgan, que no deja de ser otra forma de acordar un urbanismo a la carta que curiosamente siempre favorece a los más débiles, como Empresas Matutes, Rafa Nadal y el Grupo de Empresas Alonso Marí y su socio mallorquín, el Grupo IPM de Juan Antoni Riutort.
Que el puerto de Ibiza no dispone de plan especial, requisito ineludible para acceder a una licencia de obras, ya que en él se definen los usos permitidos, y las licencias de obras son imprescindibles salvo que se traten y con matices de obras de interés portuario, no pasa nada, se hacen que ya nos inventaremos la manera de vestir el santo con informes y contrainformes y subterfugios. Que ganar más dinero responde a un derecho fundamental y ha de ser protegido por la autoridad. Hasta aquí hemos llegado.
Cuando se levante el secreto del sumario de la investigación del caso que se llevó por delante a Joan Gual de Torrella sabremos si estas tropelías están siendo investigadas y han sido incorporadas a la causa y si lo están, cómo han sido capaces las mentes pensantes de Autoridad Portuaria y Marina Ibiza de perpetrar tal caso de urbanismo a la carta sin que nadie levante un ceja, ni Podemos en este caso. Desde luego, tiene mucho mérito y hay que reconocerlo.
Por una vivienda no merece la pena.
A los poderosos de los apartamentos Don Pepe no se les puede aplicar, en cambio, el urbanismo a la carta, para resolver la minucia que supone tener una casa o no tenerla, ya que todos los ciudadanos somos iguales ante la ley y, por lo tanto, si el edificio está fuera de ordenación, no se le puede otorgar licencia de reforma y, ante el riesgo de colapso advertido por los técnicos, han de ser desalojados.
Según desveló el actual alcalde de Sant Josep y tanto entonces como ahora concejal de Urbanismo, Ángel Luis Guerrero, en el pleno municipal del jueves, su antecesor, Josep Marí Ribas Agustinet, se llegó a plantear conceder la licencia a sabiendas de que no era posible, es decir, prevaricando, y dimitir al día siguiente con los deberes hechos y con otro caso de urbanismo a la carta como los tres anteriores. Un colofón a la brillante trayectoria de quien logró arrebatar Sant Josep al PP.
Pero no, el balón fue al palo y no pasó de una idea, que como tal queda muy chula, como la vida de Desigual. Es una mamarrachada tanto de Agustinet al decirlo y no hacerlo y de Guerrero por desvelar la épica del episodio.
Y ello el mismo día que el Ayuntamiento de Sant Josep se opone a que el Parlament balear apruebe una enmienda que el PP presenta por segunda vez y que se basa en una disposición legal que hace años que está vigente en Cataluña y a la que el PSOE se ha opuesto inexplicablemente.
La coherencia del PP.
Aquí el único que no engaña es el PP, partido que está a favor del urbanismo a la carta siempre, tanto si gobierna como si está en la posición, y afecte a poderosos como Rafael Nadal, Abel Matutes o la familia de Alonso Marí, o a gente humilde como los propietarios de los Don Pepe.
Guerrero desveló que Agustinet había puesto sobre la mesa todas las soluciones para resolver el caso de los Don Pepe.
Me atrevo a sugerirle a Guerrero una que quizá no fue contemplada en su momento. Siente en una misma mesa a los políticos del PP y del PSOE que pactaron las modificaciones legales que favorecieron a Rafa Nadal, junto a los abogados de éste, háganse acompañar por los políticos de los mismos partidos, si son diferentes, que pactaron la enmienda que regulariza los proyectos de Playa d'en Bossa, incorporen al personal de Autoridad Portuaria al frente de la felonía de Marina Ibiza y de los abogados de ésta y no se levanten hasta que hayan dado con la solución. Que haberlas haylas cuando hay voluntad, que estamos hablando de las casas de personas humildes... ¿O ese problema no interesa resolverlo?