El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Palma permitirá que el Ayuntamiento de Sant Josep desaloje a los vecinos del edificio Don Pepe siempre que realoje «temporalmente a las familias de las escaleras 3, 4 y 5 del bloque A» mientras «se realizan las obras necesarias para la estabilidad del edificio, garantizando la seguridad de sus ocupantes, si técnicamente fuera viable».
La magistrado no entra a valorar en ningún momento el fondo del asunto sobre cuál de las dos partes tiene razón, pero sí que pone en evidencia que, habiendo informes contradictorios sobre la posibilidad de que se pueda rehabilitar el edificio y, coincidiendo todos los técnicos en que «el edificio tienen problemas estructurales, habiéndose derrumbado parte del forjado, lo que pone en peligro la integridad de sus moradores», es innegable «la existencia de un interés público en salvaguardar la integridad» de los vecinos del edificio.
El alcalde de Sant Josep, Ángel Luis Guerrero, consideró ayer que en este auto la juez da la razón al Ayuntamiento porque «hay un riesgo para la seguridad de las personas» y la administración «ha actuado para minimizar este riesgo» con su decisión de desalojar la edificación «porque tiene patologías muy graves».
Guerrero insistió en que, tanto los servicios jurídicos como técnicos del Ayuntamiento «entienden que si no se puede dar una licencia a un particular, tampoco se pueden hacer este tipo de obras. Técnicamente no es posible porque jurídicamente tampoco es posible conceder esta licencia, por lo que cuando se acabe el expediente de ruina se habrá cumplido con esta sentencia», en clara referencia a que bajo ningún concepto se podrá rehabilitar el inmueble. Esto supondría, a su entender, que el Consistorio tendría vía libre para derribar el edificio.
Asimismo, anunció que el Consistorio presentará alegaciones contra la parte del auto judicial que obliga a la institución a realojar a los afectados mientras se realizan las obras necesarias porque «entendemos que lo que hace es cargar un deber al Ayuntamiento que excede su propia competencia y su propia obligación». El Consistorio entiende que no tiene que realojar a los afectados «más allá del expediente de ruina» y señaló que, en caso de que su recurso sea rechazado, «ya veremos lo que hacemos.
Noticia agridulce
Por su parte la portavoz de los vecinos del Don Pepe, Silvia Hernández, aseguró que el auto judicial es «una noticia agridulce» porque por una parte se autoriza la salida de los vecinos de sus viviendas, lo que supondría la parte triste, pero por otra parte «la juez valora nuestro derecho a estar en una vivienda y, por lo tanto, obliga al Ayuntamiento a ofrecer una solución habitacional a los vecinos mientras duren las obras», lo que va más allá de los dos meses que en un principio ofrecía la administración como realojo.
Hernández destacó a su vez como aspecto positivo el hecho de que el tribunal «haya visto con nuestros informes que necesita mirarlo todo con más detenimiento en un proceso ordinario, lo que ponen en evidencia que la juez ha visto que no está tan mal la situación como ha puesto el Ayuntamiento en sus informes».
«Sabemos que hay una serie de patologías que hay que reparar», insistió la portavoz de los vecinos, «pero nuestro edificio no se cae. Hemos establecido una duda razonable, no está tan claro a ojos de la juez que el edificio esté tan mal», concluyó.