Al menos una decena de negocios operan en Marina Ibiza al margen de la ley. Se trata de comercios y locales del sector de la restauración que no disponen de licencia de obras y no pueden contar con la preceptiva licencia municipal de actividad al estar fuera de ordenación y no estar definidos los usos. Además, algunos de los edificios se levantaron al margen de la concesión.
Según pudo comprobar Periódico de Ibiza y Formentera, un mínimo de seis edificaciones situadas en este puerto deportivo son ilegales, ya que ni cuentan ni pueden contar con licencia municipal. El Plan General de Ordenación Urbana de Vila en vigor actualmente, el de 1987, dice claramente que no podrá autorizarse edificación alguna en el ámbito portuario hasta que no esté aprobado el Plan Especial del Puerto de Ibiza. Este planeamiento está en vigor, ya que el aprobado el 4 de agosto de 2009 fue anulado por el Tribunal Supremo en febrero de 2015, con lo que automáticamente pasó a volver a estar vigente el del siglo pasado. El de 2009 también exigía plan especial para una licencia.
De hecho, todo lo que se ha construido en esta zona a partir del año 1999 sería ilegal, ya que fue esta la fecha en que se anuló el anterior Plan Especial del puerto, que fue aprobado por la Comisión Insular de Urbanismo el 2 de diciembre 1993 y que se publicó en el BOCAIB el 28/04/1994.
Fue anulado por sentencia número 461 de 29 de junio de 1999 del Tribunal Superior de Justicia de Baleares. Por tanto, todo lo construido en la zona portuaria desde esta fecha es ilegal porque decayó el único instrumento que permitía al Ayuntamiento de Ibiza dar las imprescindibles licencias.
Las construcciones que están fuera de la legalidad en Marina Ibiza se han ido sumando al espacio portuario en los años 2007, 2009, 2014 y 2017. La actual concesión de Marina Ibiza, que ganó la empresa Servicios Marítimos Ports d'Eivissa S.L. (SEMAR) se licitó el año 2004.
El pliego de condiciones deja bien claro que en la zona de Marina Ibiza «no podrán aumentarse volúmenes de edificación, no puede haber cambios de usos y sí que se puede suprimir edificación».
Sin embargo, a partir de 2007, año en el que comenzó la explotación del puerto deportivo por la empresa participada por el Grupo de Empresas Alonso Marí, se han construido en la zona un mínimo de seis edificaciones de nueva planta, algo que impide el PGOU de Vila y la concesión del año 2004.
Mientras tanto, el Ayuntamiento mira hacia otro lado y permite que estos negocios operen al margen de la legalidad urbanística con total impunidad. De hecho, la teniente de alcalde de Urbanismo, Elena López (PSOE), justificó ante el Pleno la pasividad municipal en que los trabajadores se verían afectados por las clausuras en plena pandemia. La oposición de PP y Ciudadanos también han demostrado un nulo interés en esta cuestión.