El Consell de Ibiza informó ayer de su intención de poner en marcha lo antes posible un servicio de investigación para detectar fiestas ilegales y poder abortarlas en colaboración con las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado. La intención del Consell es que la empresa encargada de este servicio pueda infiltrar personas en las fiestas de forma que se pueda, además, levantar acta de todas aquellas infracciones que se cometan en su interior.
El anuncio lo hizo el vicepresidente primero del Consell, Mariano Juan, tras la celebración de una reunión con los concejales de Policía de todos los ayuntamientos y representantes de la Policía Nacional, Guardia Civil y la Dirección Insular de la Administración del Estado. El conseller indicó que en varias reuniones mantenidas en las últimas semanas se ha hecho un diagnóstico de la situación y se han puesto sobre la mesa una serie de propuestas para tratar de atajar este asunto.
En cuanto al diagnóstico, los datos con los que cuentan los ayuntamientos revelan que las fiestas ilegales son un problema que se da de forma generalizada en viviendas en suelo rústico y no sólo en viviendas vacacionales. «El problema no es el lugar, sino la fiesta en sí misma porque es un peligro sanitario y debe quedar claro el objetivo es que estas fiestas no estropeen más la situación sanitaria de la isla», aseguró Juan.
Protocolo
En este contexto los ayuntamientos trabajan en coordinación con el Consell en un protocolo común de actuación para utilizar las herramientas legislativas a su alcance e intentar atajar el problema de las fiestas ilegales.
Por el momento existe un borrador de este protocolo elaborado por el Ayuntamiento de Santa Eulària, en el que se plantean actuaciones previas, con el objeto de evitar la celebración de estas fiesta, y posteriores, para sancionar de forma efectiva y ejemplar a los organizadores de estos eventos.
Respecto a las actuaciones previas, que buscarían principalmente «reventar o desarticular estas fiestas», el Consell se ha ofrecido a contratar un servicio de «detectives o rastreadores» que localice donde se celebran estos eventos, informe a las fuerzas y cuerpos de seguridad y se infiltre para dar cuenta de las ilegalidades cometidas.
El conseller dio a entender que se quiere poner en marcha este servicio en las próximas semanas para que actúe este verano, pero no detalló el mecanismo de contratación que se utilizará, aunque si manifestó que su articulación será complicada.
En cuanto a las actuaciones posteriori se trabaja en la posibilidad de interponer sanciones administrativas por la vía de la normativa de actividades.
«Existen sentencias que ponen de manifiesto que una fiesta en una vivienda puede llegar a ser considerada una infracción de la normativa de actividades, incluso si no se venden entradas ni bebidas». Dado que este tipo de actividades requieren de licencia municipal, los ayuntamientos podrían sancionar por la celebración de una actividad no permanente sin autorización y adoptar medidas cautelares si lo considerasen oportuno. La otra posibilidad que se plantea es actuar al amparo de la normativa covid. Por ejemplo, en la actualidad sería posible sancionar a todas aquellas personas que se encuentren en una fiesta entre la 1 y las 6 de la mañana y no formen parte del núcleo familiar.
Con todo esto, las instituciones ibicencas buscan «una mayor coordinación y comunicación entre todas las policías y cuerpos de seguridad para combatir esta problemática», indicó Juan.
Petición al Govern
El conseller insistió en la necesidad de llevar a cabo un cambio legislativo que facilite la actuación contra estas fiestas, algo que se ha reiterado por parte de los cuerpos policiales en las reuniones celebradas. «Sabemos que es complicado regular ciertas cuestiones, pero ante una situación real que afecta con fuerza a unas de las islas, el Govern no se puede lavar las manos y debe tomar nota de lo que dicen las policías: que con la legislación actual es muy difícil luchar contra las fiestas ilegales en toda clase de viviendas de suelo rústico», exigió.
Por otra parte pidió una mayor coordinación y comunicación con los ayuntamientos para hacer efectivas las medidas para combatir este problema. Informó de que el Govern no había ratificado las medidas cautelares impuestas por Sant Antoni a una fiesta ilegal, por lo que pidió en este sentido una mejor comunicación entre administraciones.
Los ayuntamientos indican que las fiestas en viviendas vacacionales son residuales y que se celebran en toda clase de localizaciones en suelo rustico.