La propiedad del complejo turístico ilegal Casa Lola tiene de plazo hasta el día 3 de septiembre para proceder al derribo voluntario de todas las obras ilegales que ha ido ejecutando en la propiedad en cumplimiento de sentencia judicial. En caso de que no cumpla con el fallo judicial en este espacio de tiempo, el Ayuntamiento solicitará al juzgado el correspondiente permiso para entrar en la finca y proceder a realizar los trabajos de demolición de manera subsidiaria, cargando el coste de los trabajos a la propiedad.
El alcalde de Sant Josep, Ángel Luis Guerrero, confirmó este viernes que la propiedad ya ha sido notificada de la resolución judicial del caso con la desestimación del recurso de casación interpuesto ante el Tribunal Supremo contra la sentencia que ratificaba la demolición del complejo y la obligación de restablecer la legalidad urbanística vulnerada.
Guerrero calificó la jornada de este viernes como «un día histórico» por el hecho de que, «después de muchos años de lucha en los juzgados, éstos nos dan la razón» y porque «por fin se acaba esta sensación de impunidad que tenía esta promotora».
Las obras realizadas sin licencia y vulnerando la protección del suelo vigente, por lo que se consideran ilegalizables, consisten en una piscina y terraza anexa al edificio principal, el porche, una edificación anexa de unos 50 metros cuadrados, los cimientos de una edificación de unos 30 metros cuadrados de superficie, una edificación de 50 metros cuadrados situada al norte de la parcela, cerca del camino de acceso, dos edificaciones en forma de ‘L’ con una superficie de 200 metros cuadrados, un depósito de agua con una superficie de 52 metros cuadrados, ocho volúmenes de planta baja con una superficie aproximada de 930 metros cuadrados, terrazas cubiertas con una superficie de 342 metros cuadrados, terrazas abiertas con una superficie de 414 metros cuadrados, dos piscinas con superficie de espejo de agua de 84 metros cuadrados y 68 metros cuadrados respectivamente, una cisterna en construcción de 36 metros cuadrados y diversos muros de cerramiento de parcela y de división interior con una edificabilidad aproximada de 1.104 metros cuadrados.
El primer edil de Sant Josep mostró sus serias dudas de que la propiedad vaya a ejecutar los trabajos de demolición de manera voluntaria, por lo que aseguró tener ya elaborado el proyecto de derribo, cuyo coste asciende a los 40.000 euros.
Una vez cerrado el expediente de restablecimiento de la legalidad urbanística en la finca, continúa su tramitación el expediente sancionador contra la propiedad, ya que estas obras ilegales están tipificadas como una infracción grave. «El expediente sancionador de 1,4 millones de euros ha estado paralizado mientras decidían los juzgados», explicó Guerrero, «y ahora, tras esta decisión, continúa su tramitación».
Una tramitación que se prevé muy larga puesto que la vía administrativa en la que se encuentra todavía tiene mucho recorrido, y una vez que finalice la propiedad puede iniciar la vía judicial, por lo que no se prevé una pronta resolución del expediente.
Además de el complejo Casa Lola, la propietaria de la finca, Francisca Sánchez Ordóñez, dispone de otras propiedades, también en el municipio de Sant Josep, que tiene orden de demolición por parte del Consistorio y que se encuentran en estos momentos en los Tribunales.
El Periódico de Ibiza y Formentera se puso en contacto con Francisca Sánchez para valorar la decisión judicial, pero la propietaria declinó realizar ninguna declaración.