El precio de la electricidad no ha parado de subir en los últimos meses. El pasado jueves alcanzó los 140,38 euros por megavatio/ hora. Los medios de comunicación informan a diario sobre lo que tendrán que pagar los consumidores por cada megavatio proporcionado por las eléctricas. Desde el Gobierno central se ha pasado del «vendrán meses duros» de la ministra del ramo, Teresa Ribera, a la propuesta de crear una empresa pública, planteada por Unidas Podemos.
Pero la realidad es que la situación se ha ido agravando y son muchos los que, después del susto de julio, temen aún más la llegada de la factura de agosto, tras un mes en el que en lugares como Ibiza el aire acondicionado ha funcionado a plena potencia por pura necesidad.
«La electricidad es un bien básico», recuerda el portavoz de la Unión de Consumidores de Ibiza (UCE), Carlos Salinas, «y el Gobierno tiene que tomar medidas porque la situación es insostenible». Considera «una burla» que desde el Ejecutivo central se haya ofrecido a los consumidores fórmulas de ahorro como «poner la lavadora de madrugada». Y tiene claro que aquellos políticos que se benefician de las controvertidas «puertas giratorias» deberían «defender a los consumidores cuando se sientan en los consejos de administración y no a las empresas».
La indignación es hoy la tónica entre los consumidores. Sin embargo, pocos se atreven a proponer movilizaciones para mostrar al Gobierno su rechazo. Estos días se difunden convocatorias para desconectar todos los electrodomésticos durante 10 minutos en distintas fechas. Gestos que apenas afectan a las eléctricas y que no sirven como modo de protesta real porque apenas tienen repercusión pública.
En Baleares, entidades como Consubal han convocado a los ciudadanos a una concentración el próximo 16 de septiembre frente a la Delegación del Gobierno en Palma. Quieren «exigir soluciones a los gobernantes» ante la «situación de gravedad social» que está provocando el precio de la energía eléctrica.
En Ibiza, la UCE no tiene nada previsto de momento. Sin embargo, Carlos Salinas no descarta sumarse a las protestas que puedan organizarse en la isla. Y es que el portavoz de la UCE tiene claro que el Gobierno sí tiene en su mano la posibilidad de solucionar esta situación. Admite que el establecimiento del precio de la electricidad es un asunto «muy complejo» pero considera que es necesaria «una reorganización porque se trata de un bien de primera necesidad».
En su opinión, la Administración sí puede «tomar medidas» sobre los costes fijos de la factura. Ya lo demostró, recuerda, cuando bajó el IVA del 21% al 10% en el caso de los consumidores domésticos. Su organización está recibiendo numerosas quejas de ciudadanos que observan que estos costes fijos encarecen enormemente el recibo de la luz y, ante esta situación, señala que «es muy difícil explicar a los usuarios los peajes que estamos pagando».
Lo público como mecanismo de control
De un modo muy similar se pronuncia el secretario general de UGT en Ibiza, Fernando Fernández, quien denuncia que «los trabajadores son los primeros afectados por la subida de la luz». Sabe que «no es posible hacer milagros», pero sí cree que el origen de la crisis energética actual está «en la privatización».
De ahí que defienda la propuesta de Unidas Podemos de crear una compañía eléctrica pública que, en su opinión, «podría servir, al menos, para controlar este disparate de los precios». «Tiene que haber algún tipo de control público», insiste, «porque, aunque todo tenga un precio, éste ha de ser razonable, y más cuando hablamos de un bien básico. Esto no puede funcionar como una subasta de un mercado de abastos».
¿Más o menos impuestos?
Para el consumidor medio, la solución más rápida a esta escandalosa subida de precios está en la reducción de los impuestos que abona mensualmente por la electricidad. Sin embargo, no es tan fácil. Así, al menos, lo señala el vicepresidente de la CAEB, José Antonio Roselló, quien explica que una medida de ese calibre supondría «desvestir a un santo para vestir a otro». Admite que sí sería posible una intervención pública para «modular» la situación, pero habría que llevarla a cabo en coordinación con la UE.
En su opinión, lo que está sucediendo estas semanas obedece a la pretensión del Gobierno de «desincentivar el uso de energías clásicas para pasar a las renovables». «Eso está muy bien», añade, «pero el problema es que España y la UE quieren hacerlo rápido y tendrían que pensar que la implantación de las energías verdes quizás requiera un poco más de tiempo».
Roselló recuerda que la electricidad es «un coste esencial del sistema productivo», por lo que se trata de «un tema muy relevante para las empresas». Empresas que, añade, echan en falta la acción por parte del Gobierno. «Sería deseable ver que buscan una solución», concluye en este sentido, «y no lo que ha hecho hasta ahora la ministra Ribera, que se ha intentado esconder de abordar el tema».
El presidente de la Pimeef, Alfonso Rojo, se muestra especialmente indignado ante lo que está sucediendo. Sobre todo porque la subida imparable del precio de la electricidad afecta de forma notable a las pequeñas y medianas empresas que, sin haber superado aún la crisis del COVID-19, no tienen forma de repercutir este nuevo gasto en sus clientes. Algo que, añade, provocará «una grave pérdida de competitividad».
El aire acondicionado, recuerda Rojo, «ya no es un lujo» en las empresas de Ibiza, sino «un bien de primera necesidad» que deben tener tanto para sus trabajadores como para sus clientes, a pesar de tratarse de una de las máquinas que más energía consume. De ahí que no contemple que el ahorro pueda venir de la mano de prescindir de este electrodoméstico o de otros que son necesarios para el funcionamiento de las empresas.
«Los mortales podemos hacer poco ahora mismo», lamenta, «las compañías son oligopolios y no puedes ir a buscar un mejor precio. Es un tema de difícil solución». Rojo cree que una compañía eléctrica pública «podría tener lógica a medio o largo plazo» pero también considera que la falta de energía nuclear en España es un hándicap que dificulta aún más la situación.
Hoy no encuentra ninguna solución, ni lógica, a lo que está pasando: «Como empresario puedes intentar optimizar el consumo de energía, pero no puedes rebajarlo a la mitad. Eso es imposible. El aire acondicionado, por ejemplo, es un bien de primera necesidad en Ibiza y Formentera. Ya no es un artículo de lujo. Tampoco sirven de nada las franjas horarias porque ni un supermercado ni un restaurante van a abrir de madrugada para ahorrar en la luz. Estamos en una situación de indefensión total todos».
¿Soluciones?
La crisis del precio de la electricidad podría agravarse si, antes del invierno, no se frena la subida de las tarifas y se retorna a unos precios más asequibles. A la bajada de las tasas, peajes e impuestos, se suman otras posibilidades que van más allá de poner la lavadora de madrugada. Pero para aplicarlas hacen falta tiempo y dinero. Así lo expone el vicepresidente de la CAEB, José Antonio Roselló, quien subraya que deben ser «soluciones lógicas, acordadas en el marco de la UE y con la voluntad real de abordar el problema».
En su opinión, la empresa pública que propone Unidas Podemos es «un tema que está muy bien en teoría». Es más, recuerda, hay países que tienen este tipo de compañías y funcionan. Pero la idiosincrasia de la clase política española le lleva a pensar que, en este país, una compañía eléctrica pública sería «una fuente de ineficacias y un lugar para meter a los amigotes».
Desde UGT, Fernando Fernández sí cree que parte de la solución al precio de la electricidad pasa por una empresa pública. Sin embargo, se muestra más partidario de una implantación rápida de las energías verdes y, sobre todo, de la procedente del sol. «No es comprensible que en un país como el nuestro se le haya puesto un impuesto al sol», lamenta, «con las placas solares puedes producir energía barata y el sol no nos cobra nada por alumbrarnos». «Está claro», concluye, «que esto no sirve para solucionar lo que está pasando ahora mismo pero sí que debería ser una solución a largo plazo».