Dicen que de casta le viene al galgo. Y, cuando empiezas a entrevistar a Marisina Marí (Ibiza, 1975), no puedes evitar pensar en su madre, María Luisa Cava de Llano. Hablar con Marisina Marí es recibir un puñetazo directo al estómago. Centrada en la protección de los menores, sus palabras tienen como fin concienciar a la sociedad sobre la situación en la que se encuentran muchos de ellos y forzar al sistema a cumplir que, en cualquier decisión que les afecte, debe primar su interés. Entidades como la Fundación Conciencia, presidida por Marí, se vuelcan en facilitar la vida en la medida de lo posible a estas víctimas. Y para ello hace falta dinero. El próximo día 3 de octubre la Fundación Pachá celebrará una cena benéfica en el restaurante Lío con el fin de recaudar fondos para que Conciencia pueda «mantener las terapias para niños víctimas de abusos sexuales».
—¿Cuál es la situación hoy en Ibiza en cuanto al maltrato infantil?
—Es algo muy invisible. No nos damos cuenta pero sucede a nuestro alrededor continuamente. Hay muchos tipos de maltrato infantil. Save the Children dice que 3 de cada 10 adultos en España han sufrido algún tipo de abuso sexual en la infancia. Y estamos hablando solo del maltrato sexual. Hay otros como los gritos, la desatención, ser partícipe de una familia en la que hay violencia de género... Al final, hay muchísimos niños maltratados pero no me atrevo a darle un dato estadístico porque no lo tengo.
—¿Qué tipo de situaciones son hoy más habituales?
—En la fundación estamos recibiendo ahora muchos casos de adolescentes en riesgo de suicidio. Es cada vez más preocupante. Los adolescentes están en tierra de nadie. No cuentan su problema, los padres no lo saben, los amigos no se atreven a decir nada. Es un tema ante el que tenemos que hacer algo como sociedad. Hay que dar más dirección a sus vidas, que tengan objetivos... Les está volviendo locos eso de no ser populares y deben darse cuenta de que todos tenemos algo que nos hace ser muy valiosos, que no hace falta ni ser rico, ni ser guapísimo, ni ser youtuber.
—La pandemia ha tenido efectos muy duros para muchos adolescentes.
—Sí, ellos necesitan la socialización. Es básica en todas las etapas, pero, sobre todo, en la adolescencia. Tienen que relacionarse con personas ajenas a la familia, encontrar su lugar. Y la pandemia ha bloqueado esto. Han tenido que hacer todo en formato electrónico. Para ellos ha tenido consecuencias que no son naturales. Por ejemplo, ha aumentado el consumo de pornografía en este grupo de edad. Las cosas hay que canalizarlas y todo ha de suceder a su tiempo porque, si no es así, todo tiene consecuencias.
—En el caso de Ibiza, ¿cuáles son los maltratos infantiles más habituales o más graves?
—El que nosotros trabajamos más es el abuso sexual y la violación infantiles. Se usa poco la palabra violación porque nos hace daño pensarlo, pero también existe. También trabajamos mucho con niños que están en un entorno familiar en el que hay violencia de género. Se trata de ayudarles a pasar lo que están viviendo en casa y, a la vez, ir previniendo para que esto no se repita en la siguiente generación.
—¿De qué forma trabajan ustedes con estos niños?
—Con terapias psicológicas. Pero tiene que tener en cuenta que hay casos en los que el padre es el abusador y, a la vez, no autoriza la terapia, con lo que el niño no puede ser atendido. A estos niños les ayudamos a través de una actividad que se llama Arte y Movimiento. La imparte una maestra especializada en educación infantil para niños con problemas porque, si lo hiciera una psicóloga, tendríamos un conflicto con esos padres que no lo autorizan. El resultado, la verdad, es maravilloso. De una forma muy lúdica se les ayuda a que puedan ir vaciando esa mochilita que tienen muy cargada.
—¿La nueva Ley de Protección a la Infancia no tiene entre sus objetivos acabar con estas situaciones?
—La ley no está mal. Pero en todas las leyes de protección de la infancia se habla del interés superior del menor. Si eso fuera cierto, no haría falta nada más. El problema no es la ley en sí sino cómo se aplica, qué protocolos se utilizan. En estos protocolos no se tiene en cuenta a los niños. No entra en cuestiones como, por ejemplo, la falta de profesionales en la Administración, que es algo que nos afecta especialmente en el caso de Ibiza. Solo tenemos una psicóloga forense en el juzgado y es para niños, para maltratadas, para todo. Para hacer un caso a fondo tiene que dejar 200 desatendidos.
—Ustedes hace unos meses ofrecieron a la Justicia su propio personal para agilizar esto. ¿Lo aceptaron?
—Nosotros presentamos al Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJB) una propuesta de convenio y aún no tenemos respuesta. Es verdad que hoy no hay retrasos en el tema de abusos sexuales a menores, pero, como la psicóloga tiene tantas otras cosas, no puede dedicar el tiempo a hacer una evaluación como toca. El protocolo, por otro lado, debería indicar que esa ayuda ha de ser durante el tiempo que el niño necesite. Hay niños que en un día verbalizan todo y ya hay suficiente material. Pero, si hace falta estar un mes haciendo visitas con dinámicas que te ayudan a valorar, tiene que ser así. No queremos meter a nadie en la cárcel, pero sí saber qué está pasando con estos menores.
—Su reivindicación principal es hacia el sistema judicial.
—Hacia el sistema en general. El Govern es quien fija, por ejemplo, los criterios de inclusión para que los niños tengan acceso a un tratamiento. Si no puedes demostrar el abuso, y no siempre se puede, no se le da tratamiento.
—¿A cuántos niños atiende su fundación en estos momentos?
—En lo que a terapias se refiere, unos 25. Pero también atendemos a sus familiares. Para poder ayudar a un niño, has de ayudar a sus padres, que son los que están en el día a día y los que le van a acompañar el resto de su vida. Le pongo otro ejemplo de cosas que no son comprensibles. Cuando llega un caso de estos, el protocolo te dice que no lo hables con el niño para que nada pueda alterar la exploración. Pero, claro, si yo soy la madre y mi hijo me cuenta esta barbaridad, tengo que atenderlo, saber lo que ha pasado, tranquilizarlo... Sin embargo, no puedes, te anulan esa parte por no estropear la declaración. Y resulta que esa declaración no es inmediata.
—¿Y qué se puede hacer en esa situación?
—Nosotros estamos pidiendo que se haga la Casa del Menor, igual que existe la Oficina de la Dona. En los casos de violencia de género, esta oficina da una atención inmediata a las víctimas. Tenemos niños que están esperando tres años para la atención psicológica y dos para la evaluación. Hay la tendencia a infravalorar lo que les pasa a estos niños. Y no se tiene en cuenta cómo afectan estos abusos a esos niños cuando se convierten en adultos.
—Muchas veces, además, se acusa a la madre de inventarse los abusos.
—Sí, es verdad. Y también se dice que los psicólogos de parte ponen lo que la madre les dice. A ver, puede que pase alguna vez, pero no es lo normal. La mayoría de las veces no mienten. Pero mientras no esté muy claro o la madre haya pillado in fraganti al agresor, se mantiene el contacto y las visitas y, por lo tanto, siguen el maltrato y los abusos. Y así durante años.
—Es que, si hay denuncias y la Justicia no atiende, el agresor se debe sentir envalentonado.
—Efectivamente. Hasta que no nos demos cuenta de que esto es así y que los niños abusados tienen que estar en el mismo nivel en el que están las mujeres que sufren malos tratos, no arreglaremos nada. La gente no quiere hablar de estos temas. Es algo tan tremendo que es mejor pensar que no existe. Ahora mismo en Ibiza hay ocho casos judicializados. ¿Usted cree que, con la cantidad de habitantes que tenemos, puede haber solo ocho casos reales? Por otro lado, nos hablan de que la detección es muy importante. Pero, si cuando lo detectas, no hay una solución, ¿de qué sirve?
—Pero el día de mañana ese niño abusado puede ser una persona con graves problemas de relación o, incluso, un maltratador.
—¡Claro! Pero es que si el niño lo dice y no se hace nada, las consecuencias son aún peores porque tiene la sensación de que pidió ayuda y nadie se la dio. Puede acabar, incluso, suicidándose. Lo ideal sería que tuviéramos un juzgado especializado en menores, pero eso no existe así que lo que pedimos es que estos casos tengan prioridad absoluta. No estamos hablando de 50 casos diarios.
—¿Qué sucede con esos niños cuando los casos se archivan?
—Quedan desprotegidos. El Govern no les da atención psicológica porque no se han podido demostrar los abusos. Y nosotros tampoco podemos hacer nada porque el padre no autoriza. Además, las madres han salido escaldadas y temen que les quiten la custodia de los hijos porque las han amenazado con eso. Entonces, prefieren no pedir ninguna ayuda.
—¿Por qué se metió usted en esto?
—Mi madre (María Luisa Cava de Llano) trabajó en el Defensor del Pueblo durante muchos años. Vivíamos juntas en Madrid cuando yo estaba estudiando y veía que en casa tampoco paraba de trabajar porque era algo que le apasionaba. En una ocasión, llevaba un caso sobre una niña y una madre que estaban en una casa de acogida familiar. Fue una barbaridad porque los Servicios Sociales le quitaron a la niña y no tenían que haberlo hecho. Mi madre logró que se la devolvieran. Yo me quedé muy sorprendida porque veías que, a veces, la Administración funciona muy mal. Aunque también hay gente que arregla esos problemas. Comencé a interesarme por el tema de los niños tutelados y a buscar información. Fue con estos casos con los que comencé a trabajar, con niños que había que buscar la manera de que volvieran con sus familias. En la Fundación Conciencia también tratamos estos casos. Tenemos familias a las que ayudamos trabajando conjuntamente con la Administración. A través de esto fue que llegamos a lo de los abusos a menores.