La prevención en riesgos laborales es, además de una necesidad, una obligación para todas las empresas españolas, especialmente en el ámbito de la construcción, un sector peligroso de por sí y de una complejidad que requiere a su vez de unos conocimientos específicos para formar.
Esta obligatoriedad, y el gran volumen de trabajadores que mueve el sector de la construcción, especialmente en las Islas Baleares, ha convertido la formación para la prevención de riesgos laborales en la construcción en un millonario negocio que no está exento de claroscuros.
Tanto es así que el propietario de la compañía Servicio de Prevención de Riesgos Laborales Mare Nostrum, Ignacio Barrios, ha acusado al Govern balear de favorecer a un organismo privado que disfruta de una suerte de monopolio que cobra de todas las formaciones de prevención de riesgos laborales en la construcción.
Y es que el Instituto Balear de Seguridad y Salud Laboral (IBASSAL), dependiente de la Conselleria de Modelo Económico y Turismo, obliga a todas las empresas que quieran prestar el servicio de formaciones en el archipiélago balear a «pasar por el aro» de la Fundación Laboral para la Construcción, para recibir una homologación «que no se exige en ninguna otra comunidad autónoma».
Patronal y sindicatos
La Fundación Laboral para la Construcción está formada por la patronal Confederación Nacional de la Construcción, integrada en la CEOE y en Cepyme, y por los sindicatos UGT y CCOO a través de sus respectivas federaciones sectoriales.
En el resto de España el único requisito para poder realizar formaciones en el ámbito de la construcción es estar dado de alta en el Registro de Empresas Acreditadas (REA), inscripción que tramita cada autoridad laboral de cada uno de los territorios.
«En Baleares se sacan de la chistera que hay que hacerlo a través de esta fundación», destaca Barrios. «No puedes obligar a un servicio de prevención que cumple la normativa que se homologue a través de una empresa privada», insistió «por que lo que están haciendo es decirle a un servicio de prevención que su formación no es válida».
Monopolio
En el resto del territorio nacional, la Fundación Laboral para la Construcción compite de tú a tú con las empresas de formación. Aquí además de prestar este servicio a las empresas, decide quién puede entrar a competir en el mercado mediante la homologación adicional.
Una homologación que genera una gran parte de negocio, ya que toda empresa que quiera hacer formaciones de prevención de riesgos laborales en la construcción debe abonar 1.000 euros anuales a la Fundación para recibir el permiso para poder llevarlas a cabo. A esto hay que sumarle otros 800 euros anuales en concepto de inscripción y un porcentaje por cada trabajador formado. En el caso de la construcción, las empresas deben pagar entre 200 y 250 euros para formar en prevención de riesgos laborales a cada uno de sus trabajadores y esta formación hay que renovarla cada cinco años. «Es mucho dinero al año», sentencia Barrios.
«Clara prevaricación»
Barrios estalló contra lo que considera una clara «prevaricación» por parte del Govern balear cuando, al tratar de inscribirse en el Registro de Empresas Acreditadas una empresa a la que su compañía realizó la formación, el IBASSAL denegó la inscripción al constatar que Mare Nostrum no estaba dentro de las compañías homologadas en Baleares por la Fundación. Esto le llevó a presentar una demanda ante el Juzgado de lo social de Palma para que el magistrado declare nula la decisión del IBASSAL.
Por su parte, el director del IBASSAL, Rubén Castro, indicó que la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, en su artículo 2, indica que es una ley de mínimos que puede ser mejorada por lo previsto en un convenio colectivo.
Asimismo, explicó que, en su artículo 19, especifica que la formación de prevención de riesgos laborales con carácter general «la puede impartir la empresa cuando tenga personal propio preparado para ello o un servicio de prevención ajeno».
Sin embargo, señaló que el convenio colectivo del sector de la construcción, «teniendo en cuenta que tiene rango de ley», marca también una formación obligatoria para aquellas empresas y trabajadores que operen en el sector de la construcción. «Por lo tanto tenemos dos formaciones», continuó Castro, «y el convenio colectivo marca qué entidades son las que pueden impartir esa formación. Y es este caso puede ser impartida por la Fundación Laboral para la Construcción y entidades que estén homologadas por esta fundación. Nosotros, desde el IBASSAL, cumplimos lo que dicen las dos legislaciones», concluyó.
No contesta
Periódico de Ibiza y Formentera ha preguntado sin éxito en varias ocasiones al Ministerio de Trabajo y Economía Social desde el pasado 9 de septiembre sobre qué empresas están capacitadas para realizar formaciones de prevención de riesgo laborales en la construcción. Cualquier compañía que realice estas funciones debe estar registrada en el portal SERPA.
De cualquier forma, lo que sí que está claro es que la Fundación Laboral para la Construcción no figura en dicho listado, a pesar de impartir formación y de llevarse una parte del pastel de las empresas privadas que la imparten.
Sí que recibió respuesta el propio Barrios a una consulta realizada Dirección General de Trabajo en la que cuestionaba la necesidad de recibir la homologación de la Fundación Laboral para la Construcción, tal y como se apunta en el convenio colectivo. En ella se asegura que «es clara la falta de competencia del convenio colectivo para introducir esta regulación que afecta no a la mera acreditación de una formación laboral, sino a la creación en práctica de un título habilitante de la contratación». El caso ha sido puesto en conocimiento de la Inspección de Trabajo.