«Chiringuito» y «clientelismo». Son las palabras con las que el portavoz del PP en el Ayuntamiento de Ibiza, José Vicente Marí Bosó, resumió ayer, durante la celebración del Pleno, la política de contrataciones del Gobierno del socialista Rafa Ruiz. Marí Bosó aseguró que «los contratos a dedo, sin presupuesto, sin fiscalización y con reconocimiento extrajudicial de deuda» alcanzaron en 2020 nada menos que el 73% de la contratación llevada a cabo por el Consistorio. Un dato ante el que la concejala de Economía y Hacienda, la socialista Estefanía Torres, ni se inmutó. «Cada año», denunció el portavoz del PP, «dedican a estos contratos menores unos tres millones y medio de euros». Y añadió que, sin querer recurrir al insulto, esto podía considerarse como «una forma de hacer clientelismo». Más contundente fue el edil popular ante la parsimonia de Torres en sus respuestas y no dudó en señalar que, si el Gobierno municipal no hace nada para solventar la situación, es «porque tienen montado el chiringuito».
Marí Bosó quería conocer el grado de cumplimiento del plan de contratación que el Consistorio tuvo que hacer para este año a propuesta del PP y ante el informe de la Sindicatura de Cuentas que, en referencia a 2017, apuntaba a que se habían firmado en aquel año cerca de 900 contratos menores con «fraccionamiento» o indicios del mismo. Es decir, contratos que se habían dividido para evitar salir a concurso y poder ser adjudicados a dedo. Este plan, recordó ayer el concejal popular, tenía entre sus objetivos el de permitir a las empresas interesadas conocer con antelación qué contratos tenía previsto adjudicar este año el Consistorio y poder preparar sus ofertas en igualdad de condiciones.
Precios y calidad
Pero el edil también quería saber qué ha hecho el Gobierno de Ruiz para acabar con una política de contrataciones que está más que en entredicho con escándalos como el de la adjudicación a Ibiza DMC de un contrato cuyo importe era superior al estimado. «Si mejoramos la contratación menor», aseguró Marí Bosó, «si bajan estas facturas, estaremos mejorando para el conjunto de la ciudadanía. Sabremos qué precios pagamos y qué calidad de servicio pagamos».
A las críticas de Marí Bosó respondió Estefanía Torres con argumentos como que el grado de cumplimiento del plan rondará cuando acabe este año el 80%. Añadió como acciones emprendidas por el Consistorio para mejorar la situación la adhesión a convenios de compra centralizada tanto con el Estado como con el Govern y puso como ejemplo los firmados para la adquisición de combustible y de papel para fotocopiadoras e impresoras o para la suscripción de seguros de responsabilidad civil.
Torres no entró al trapo de la crítica y llegó a definir el plan de contratación como «un instrumento fantástico» que puede ayudar a «reducir los contratos recurrentes y periódicos». «Ahora tenemos tantas mesas de contratación que es increíble», dijo sin que quedara muy claro si estaba intentando ironizar.
Sin embargo, la concejala de Economía y Hacienda sí rechazó las cifras ofrecidas por Marí Bosó sobre el informe de la Sindicatura de Cuentas ya que, afirmó, «han pasado unos cuantos años desde 2017». Estefanía Torres, finalmente, subrayó que el Gobierno municipal tiene «voluntad de mejorar». Y solo al final de su intervención acusó a Marí Bosó de pretender «dar una apariencia extraña» al trabajo que lleva a cabo el Ayuntamiento de Ibiza en este área. «El plan», concluyó la concejala socialista, «es una previsión. Nos quedan tres meses del año».
PSOE y Podemos rechazan crear ayudas para personas celíacas
Cs en Vila criticó ayer al equipo de gobierno por rechazar su moción para conceder ayudas económicas a los celiacos. Roberto Algaba recordó que las personas celíacas o con sensibilidad al gluten son «un sector de la sociedad totalmente olvidado por las instituciones». Algaba afirmó, además, que Vila debería crear un registro de establecimientos cuya oferta tenga alimentos que no tengan trazas de gluten. También recordó que la cesta de compra para un celíaco está tasada en más de 1.000 euros anuales.
¿Quién controla la limpieza viaria en Vila?
La pregunta la formuló ayer en el Pleno el concejal del PP Ignacio García, quien defendió una moción de control con el fin de conocer con qué argumentos justifica el Gobierno municipal el estado de suciedad en el que se encuentran las calles de la capital pitiusa. La respuesta la dio el concejal de Medio Ambiente, Jordi Salewski, quien explicó que es una empresa externa la que se encarga de controlar el grado de cumplimiento del contrato por parte de la empresa concesionaria del servicio, Valoriza.
García acusó al Consistorio de no llevar un control real de la contrata y de hacer la vista gorda ante situaciones como los contenedores de basura llenos a las 20.00 horas. A estas críticas respondió Salewski con mensajes a favor de la implantación de la recogida selectiva, asegurando que ésta sería la fórmula ideal para evitar, por ejemplo, bolsas de basura depositadas en los alrededores de los contenedores grises y no en su interior.
Salewski también culpó a los ciudadanos de generar demasiados residuos y, en algunos casos, de no cumplir las normas a la hora de depositar los mismos en los contenedores.
De poco sirvieron las respuestas, pues el concejal del PP insistió en conocer algo tan básico como «por qué Vila está sucia». Y mostró dos fotografías de basuras alrededor de contenedores para cuestionar al Salewski sobre su responsabilidad con respecto a la empresa concesionaria del servicio.
El concejal de Ciudadanos José Luis Rodríguez criticó también la limpieza en la ciudad y dejó claro que, si hay bolsas fuera de los contenedores, es porque estos «están llenos» o porque, en algún caso, «hay gente que no puede» depositar la bolsa en el interior por su edad. «A lo mejor lo que hay que hacer es cambiar al supervisor», añadió Rodríguez, «Vila está sucia y es un problema de todos».
El responsable de Medio Ambiente, finalmente, no aceptó ni críticas ni propuestas: «Nuestra obligación es tener la ciudad limpia pero el ciudadano también tiene que controlar», concluyó Salewski.