El concejal de Vivienda del Ayuntamiento de Ibiza, Aitor Morrás, reaccionó ayer de forma airada cuando el líder del PP ibicenco, José Marí Bosó, presentó al Pleno una moción con diferentes medidas para intentar paliar el grave problema del precio de la vivienda que sufre el municipio. Los populares plantearon cuestiones como la posibilidad de instar al Govern a rebajar al 4% el impuesto de transmisiones patrimoniales, mantener la partida presupuestaria de 500.000 euros para otorgar ayudas al alquiler o modificar la ordenanza de bienes inmuebles para bonificar los arrendamientos sociales.
A estas propuestas contestó Morrás de forma sorprendentemente agresiva. El edil acusó a los populares de «terrorismo financiero», les culpó de haber causado con sus políticas de vivienda «regueros de sangre» y se negó a debatir sus propuestas porque, dijo, «son las mismas medidas de [José María] Aznar, que nos llevaron a la burbuja inmobiliaria». Estas políticas, aseguró el concejal de Unidas Podemos, «provocaron más de 400.000 desahucios». «Centenares de personas», añadió, «se suicidaron por la perspectiva de perder su vivienda». «Fue una estafa financiera e inmobiliaria que solo produjo padecimiento y dolor», sumó Morrás en una intervención que sorprendió a todos por su virulencia. Y concluyó: «No les haremos el juego. Váyanse a pastar».
«Chiringuito»
La sesión, por otro lado, dio luz verde al plan definitivo de uso del agua en la ciudad. Un plan para el que se realizó un estudio hidrogeológico que se adjudicó mediante un contrato menor. Este estudio, explicó Marí Bosó, fue contratado a la empresa Hidrolem, cuyo propietario es el secretario de Política Territorial del PSC del Maresme, en Barcelona, y concejal de Medio Ambiente en el Ayuntamiento de Cabrera de Mar, Daniel Meroño. «En el chiringuito», dijo Marí Bosó, «siempre nos pasan estas cosas». El edil de Medio Ambiente, Jordi Salewski, evitó pronunciarse sobre el contrato y se limitó a acusar al PP de «menospreciar el trabajo» de los demás y «ensuciar». Salewski se defendió de las acusaciones de los populares sobre la inconsistencia del plan de gestión del agua apelando a que lleva «poco tiempo» en la política y evitó pronunciarse sobre el contrato adjudicado al socialista catalán.
El Portal de Transparencia del Consistorio fue otro de los puntos de fricción entre el gobierno municipal y la oposición. Desde el PP, el concejal Ignacio García puso en evidencia las carencias de este servicio que pudiendo mostrar 180 indicadores de transparencia se ha quedado en algo más de 80. Algo que la edil del área, Montserrat García, justificó explicando que la web es auditada por la organización Transparencia Internacional. García destacó como puntos fuertes del portal la «automatización» a la hora de subir la información municipal, documentos como las actas de los plenos o las adjudicaciones. Por parte de Ciudadanos, el concejal Roberto Algaba aplaudió la existencia de este servicio pero se mostró partidario de crear un departamento para el mismo o, al menos, designar a una persona que se responsabilice del mismo y ejerza de «mamporrero» de los concejales y los funcionarios para «subir más información».
Fuga de agentes
El PP, finalmente, exigió explicaciones al gobierno del socialista Rafael Ruíz sobre la situación actual de la Policía Local. El popular Juan Flores recriminó a la responsable del área, Rosa Rubio, la falta de agentes en la plantilla, la fuga de estos hacia otros municipios y el «descontrol» en zonas conflictivas de la ciudad como sa Penya o ses Figueretes.
Acusaciones que Rubio rechazó explicando que, en estos momentos, la Policía Local de Vila cuenta con dos inspectores, seis subinespectores, 15 oficiales y 96 agentes. «Una cantidad superior», dijo, «a la establecida en el reglamento marco de Policías Locales de Baleares».