El edificio de la calle Torrent 6 de Punta Pedrera, que lleva años okupado por decenas de personas y que ha protagonizado titulares en las páginas de sucesos en diferentes ocasiones se encuentra ya desalojado casi por completo tras la actuación de la propiedad.
Durante esta semana la empresa Ferrovial se ha encargado de la limpieza de la zona, así como del tapiado de las viviendas okupadas.
Acuerdos económicos
La inmobiliaria Cecilio, ha participado en la gestión del desalojo de los okupas, un responsable de la inmobiliaria explicó a Periódico de Ibiza y Formentera que han conseguido el desalojo de la gran mayoría de los vecinos del edificio okupado llegando a diferentes acuerdos económicos, tras cerca de un año de negociaciones. Los acuerdos económicos han variado según las necesidades de cada uno. El responsable de la negociación habla de acuerdos económicos de «entre 500 y 3.000 euros. Hay casos de personas que necesitaban abandonar la isla y les hemos pagado los billetes hasta su lugar de origen, por ejemplo a una mujer boliviana le hemos pagado el billete de avión hasta Bolivia».
La inmobiliaria no es la propietaria del edificio, en manos de un fondo de inversión relacionado con una entidad bancaria que, según los operarios que trabajan en la zona, pretende poner a la venta el inmueble a una constructora.
Con el patio del edificio repleto de enseres que los antiguos habitantes dejaron en sus viviendas okupadas antes de marchar, un buen número de operarios de Ferrovial pasaron buena parte de la semana pasada ejerciendo los trabajos de tapiado y limpieza de los pisos. También se hace notar la presencia de un operario de seguridad, para quién se ha montado una oficina prefabricada, conectada a una serie de placas solares, desde la que debe ocuparse de que no se ocupe de nuevo el edificio.
Resistente
Sin embargo, de las cerca de dos decenas de okupas que habitaban el edificio de Torret 6, hay una persona que todavía resiste en el edificio. Aunque los encargados de la negociación aseguran que en pocos días estará ya fuera del edificio. Se trata de Laya, que lleva en el edificio desde el levantamiento del confinamiento de 2020 y que se niega a dejar la vivienda «por lo menos hasta que mi hijo se vaya a primeros del mes de noviembre».
Laya habla de las «malas artes» que han llevado a cabo los negociadores a la hora de persuadirla para que abandonara el edificio. Reconoce que le ofrecieron dinero, que no aceptó, y que ha sufrido engaños y amenazas. También asegura que las personas encargadas de la negociación llegaron a poner al resto de vecinos en su contra asegurándoles que no cobraría nadie el dinero pactado hasta que ella accediera.
Desde el Ayuntamiento de Sant Josep reconocen ciertas dificultades a la hora de dar con la propiedad, a quien se le hicieron varios requerimientos para mantener la zona limpia, vallada y libre de los «problemas de convivencia» que ocasionaban los ocupantes del edificio. De esta manera, tras dar con la empresa propietaria, el Ayuntamiento se muestra satisfecho por la buena disposición de ésta a la hora de restablecer la zona y mantenerla en condiciones adecuadas, y sobre todo se muestra satisfecho por que los vecinos puedan recuperar la tranquilidad.