Chari García no sabe por dónde empezar. Rodeada por una multitud variopinta de bolsas empaquetadas, ella y su marido Javi Gallizia observan cómo su vida se ha tenido que reducir a 30 enormes fardos, la mayoría de ropa, que se amontonaban en el pequeño apartamento turístico, habilitado por el Ayuntamiento de Sant Josep, para las familias desahuciadas de los Don Pepe. «Nos lo han quitado todo, todo nuestro esfuerzo y sacrificio se ha quedado atrás, en esas cuatro paredes. Hemos pasado de tener un hogar familiar a llevar la vida a cuestas», destacó Javi Gallizia mientras miraba al techo suspirando.
Esta «injusta» realidad es el nuevo escenario que tienen que afrontar ahora las 29 familias que este pasado viernes fueron desalojadas de sus viviendas. «Nos trataron como criminales. A las 08.00 horas había por lo menos seis coches patrulla de la Guardia Civil y otros tres de la Policía Local. En cuestión de minutos, el perímetro del bloque estaba bordeado por decenas de agentes», destacó la vecina Anisa Mohamed, todavía conmocionada por todo lo que vivió el viernes por la mañana.
Esta mujer, madre de dos hijos y propietaria de una de las viviendas desde hace más de 20 años, sigue sin asimilar todo lo ocurrido. «Me han quitado la vida. Estoy hundida, y a base de ansiolíticos, esto me está afectando en mi salud física y mental», expresó Anisa mientras sus ojos marrones, asomados por encima de la mascarilla de tela, centelleaban de dolor. Anisa Mohamed, y otras 17 familias, han optado por alquilar una vivienda en lugar de aceptar uno de los apartamentos ofrecidos por el Consistorio josepí en los Bon Sol. Según Alisa Mohamed, solo 12 familias, de las 29 que abandonaron el viernes sus hogares, viven en una de estas viviendas turísticas.
«No todos han podido conseguir un alquiler en condiciones en tan poco tiempo», destacó.
En este sentido, Chari García, una de las propietarias desahuciadas del bloque A, explicó que todavía no han recibido ninguna ayuda por parte de las administraciones y que no todos los vecinos pueden asumir, al mismo tiempo, una cuota hipotecaria y el pago de un alquiler mensual. «Somos personas humildes y trabajadoras. Solo queremos vivir tranquilos, pero no nos dejan. El viernes nos trataron como auténticos delincuentes en nuestra propia casa», relató Chari García mientras su ex vecina y amiga Anisa Mohamed mostraba con su móvil las imágenes del amplio despliegue policial, con vehículos patrullando la zona y controles de tránsito, que se puso en marcha la mañana del desahucio.
«Todavía no hemos asimilado la situación. Ni el desalojo forzoso, ni la cobardía del alcalde de Sant Josep, que no quiso dar la cara tras lo ocurrido, ni mucho menos el hecho de tener que vivir de prestado en una vivienda ajena», subrayó Javier Gallizia al mismo tiempo que intentaba consolar a su mujer algo emocionada.
Contraste
Las imágenes de la gran muchedumbre, congregada el viernes en los Don Pepe, contrasta mucho con el escenario que este sábado se respiraba en es Codolar.
Apenas cuatro vecinos, del bloque B, deambulaban por las zonas comunes en un doloroso silencio. «Me duele el alma, les han arruinado la vida para siempre», destacó conmocionada Almudena Medrano, una de las vecinas de la escalera 2 que ya fue desalojada el 24 de junio de este año. Almudena Medrano estuvo viviendo un par de meses en uno de los apartamentos Bon Sol y, tras vivir más de 30 días en un piso de alquiler junto a su familia, regresó a los Don Pepe.
Ahora vive en el bloque B, en el piso vacío de su cuñada. «Necesitaba volver, todavía no sabemos si este edificio tendrá el mismo destino que el bloque A, seguimos con esa incertidumbre, pero no quería estar lejos de mi hogar», puntualizó. A su lado, María Boned Costa, propietaria de una de las viviendas de esta comunidad desde hace casi 40 años, afirmó con dureza que su apartamento no tiene ni una sola grieta.
«Mi hijo mayor nació en esta casa. Tengo toda mi vida aquí», señaló Boned. En este sentido, expresó con preocupación que ambos bloques son «estructuras gemelas» porque se utilizaron los mismos materiales y se construyeron al mismo tiempo. «Encontrarán cualquier excusa para desalojarnos lo antes posible», apuntó.
El propietario Antonio González asentía con cada palabra que Boned pronunciaba. «Nos han hecho varias inspecciones técnicas y pruebas de laboratorio. Este edificio no tiene patologías estructurales », añadió González. Muy cerca de estos vecinos, dos trabajadores del servicio de vigilancia privada contratado por el Ayuntamiento realizaban el primer turno de guardia tras el desalojo del edificio. Según uno de los agentes, este servicio, que protegerá el bloque A para que ningún okupa entre en los pisos abandonados ya precintados, se prolongará durante solo una semana. «Y cuando pasen los siete días, ¿qué hacemos, cómo evitamos que puedan acceder?», cuestionó el vecino Salvador Campillos.
Mientras los inquilinos buscan respuestas y soluciones reales, que no sean nuevas viviendas de promoción pública del Govern (Ibavi) o alojamientos temporales, el recurso interpuesto por la comunidad de vecinos contra la orden judicial de desalojo sigue su curso. «Hace cinco días presentamos un nuevo requerimiento. Además, estamos esperando a que desde el Ayuntamiento de Sant Josep se pongan en contacto con nosotros una vez terminen de leer el informe sobre el análisis del estado estructural del edificio. Si no contestan en menos de dos meses, o lo hacen negativamente, presentaremos un recurso contencioso y pasaremos de la vía administrativa a la vía judicial», concluyó la portavoz de los vecinos del edificio Don Pepe, Silvia Hernández.