Los ayuntamientos de Ibiza y Sant Josep no están de acuerdo con las modificaciones legislativas que el Consell d'Eivissa reclama al Govern con el fin de acabar con las fiestas ilegales. Así lo indicaron ayer fuentes de ambos consistorios, gobernados por el PSOE y Unidas Podemos. De este modo, estos dos ayuntamientos rompen el consenso que existía para atajar este problema y exigir al Govern balear medidas que permitan una solución definitiva. Cabe recordar que la propuesta del Consell d'Eivissa también cuenta con el apoyo de todas las patronales turísticas.
El Consell, según explicó el presidente, Vicent Marí, en una entrevista en Periódico de Ibiza y Formentera, reclama al Govern una modificación legislativa que pasa por dejar de considerar como domicilio a aquellas viviendas en las que se organizan fiestas en las que se cobra entrada y se venden bebidas. La urgencia por acabar con esta situación es tal que los servicios jurídicos de la institución han redactado la normativa modificada con el fin de agilizar el trabajo y que el Govern balear se vea obligado a pronunciarse.
Sin embargo, esta postura no termina de gustar a los consistorios de Sant Josep y Vila. El primero es el más afectado por estas fiestas ilegales y fuentes del mismo consultadas ayer por este periódico indicaron que consideran que «existen problemas de encaje jurídico» en la propuesta del Consell. Las mismas fuentes señalaron que el Consell es consciente de su postura, por lo que, si aun así, decide «tirar adelante, es cosa de ellos».
Modificaciones legislativas
«El Ayuntamiento», añadieron, «ha hecho propuestas durante la negociación» mantenida entre las dos administraciones en los últimos meses. Y lamentaron que el Consell no las haya «tenido en cuenta», aunque no desvelaron el contenido de las mismas. «Es verdad que se ha trabajado con todos los ayuntamientos» para presentar este documento de modificaciones legislativas, añadieron, «pero eso no significa que todos hayamos coincidido».
El Ayuntamiento de Ibiza, por su parte, recordó que, aunque no se ve especialmente afectado por este problema, sí ha participado también en las negociaciones con el Consell y el resto de consistorios con el fin de «encontrar soluciones» a una situación que, recordaron, «se ha agravado con la pandemia». Las fuentes consultadas por este periódico señalaron que los servicios jurídicos municipales han «estudiado» la propuesta del Consell y consideran que la misma «presenta muchas dudas legales». Dudas que, añadieron, «no se han solventado a día de hoy». Y pusieron como ejemplo el hecho de que, según los técnicos municipales, la modificación que propone el Consell puede chocar con el artículo 18 de la Constitución, que consagra «el derecho a la inviolabilidad del domicilio».
El Gobierno de Vila, sin embargo, se mostró partidario de seguir trabajando en la búsqueda de fórmulas que permitan a las autoridades de la isla atajar el problema de las fiestas ilegales. «Seguimos en disposición de buscar fórmulas que garanticen la actuación e intervención de las policías locales en este tipo de fiestas», abundaron, «y consideramos que sería más adecuado seguir trabajando en un texto por parte del departamento jurídico del Consell que resuelva las dudas de seguridad jurídica expuestas».
Inspeccionar las fiestas
El Consell, a pesar de todo, no está solo en su objetivo de poner fin a estos abusos. El Ayuntamiento de Santa Eulària, por ejemplo, comparte tanto el objetivo como las formas. En este sentido, fuentes del Consistorio la Villa del Río señalaron que, si bien es cierto que el domicilio «es inviolable», también lo es que «si se celebran fiestas, debería poderse inspeccionar ya que están realizando una actividad». Y añadieron que la propuesta del Consell «permitiría también revisar los domicilios por si se han hecho ampliaciones ilegales o reformas en sótanos o plantas que no están a la vista para adaptar las viviendas a una especie de salas de fiestas». Las mismas fuentes indicaron, finalmente, que, en numerosas ocasiones, las policías locales se encuentran con el problema de que no pueden comprobar si hay o no transacciones económicas por la entrada o las bebidas en la fiesta. Y esto tiene como consecuencia que los agentes no puedan hacer nada para detener la actividad e imponer las correspondientes sanciones.