El Govern balear considera que la propuesta de modificación legislativa planteada por el Consell d'Eivissa para tratar de frenar las fiestas ilegales no es la «adecuada» para luchar contra esta lacra ya que, según manifestó este viernes la presidenta autonómica, Francina Armengol, «no encuentra la fórmula para evitar que se produzcan las fiestas ilegales, si no que es una propuesta para sancionar a aquel que ha celebrado este tipo de eventos», además de tener un encaje jurídico «complicado».
Armengol, de visita este viernes en la isla de Ibiza, aseguró que se trata de un asunto «muy complejo» y que la propuesta de la máxima institución ibicenca entraría en conflicto con el derecho a la vivienda, «y el derecho individual es muy difícil poder regularlo desde la administración pública». Consideró, además, que si se aplicara el texto remitido desde el Consell una familia ni siquiera podría celebrar el cumpleaños de uno de sus miembros.
Sorpresa en el Consell
«Le hemos propuesto al Consell seguir con el grupo de trabajo técnico y ampliarlo también a los ayuntamientos para buscar un encaje jurídico y encontrar una fórmula que sea viable jurídicamente, que garantice el derecho de las personas que tienen una actividad normalizada en sus casas y persigamos lo perseguible, que son esas fiestas en las que se cobra entrada, que son masivas y que son sustitutivas de los locales de ocio nocturno», recalcó Armengol.
Las declaraciones de la presidenta del Govern balear sorprendieron al vicepresidente del Consell d'Eivissa, Mariano Juan, quien señaló que «después de haber enviado el texto hace unas semanas, nadie se ha dirigido al Consell». Además, se mostró «abierto» a trabajar el documento «y si quieren hacer una propuesta que mejore el texto, la estamos esperando».
Juan se sorprendió a su vez por el ejemplo que puso la líder del ejecutivo autonómico sobre las fiestas de cumpleaños privadas, y matizó que el texto remitido para su consideración al Govern «precisamente deja claro que las fiestas sin pública concurrencia no están incluidas».
Concretamente, en el artículo cuatro del texto propuesto, en el apartado 29 bis, se define como fiestas multitudinarias prohibidas las «reuniones, fiestas, eventos o cualquier otro tipo de actividad o acto ocasional, esporádico o recurrente, con concurrencia pública y normalmente con finalidad lucrativa, donde se producen grandes aglomeraciones de personas».
Buscar la solución definitiva
Además, insistió en que en la página 13 del informe elaborado por el jefe de los servicios jurídicos de la institución queda meridianamente claro que lo que se propone en este texto de modificación legal es «considerar que cuando se esté celebrando una fiesta ilegal en un espacio, ya sea vivienda o ya sea un local» no haga falta la solicitud previa de una orden judicial para poder acceder a su interior ya que no pueda ser considerado «a estos exclusivos efectos, un domicilio o un lugar necesitado de consentimiento del titular; sino que sea considerado un lugar de pública concurrencia (como locales abiertos al público) donde se lleva a cabo una actividad prohibida y a los efectos de proceder única y exclusivamente al desalojo de las personas asistentes».
Por su parte el presidente del Consell, Vicent Marí, aseguró que la prioridad en estos momentos «es buscar la solución definitiva para que podamos llegar al verano con un paquete legal que permita actuar a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad». En este sentido, subrayó que «seguiremos insistiendo» con su propuesta «porque creemos que es viable».