El vicepresidente primero del Consell d'Eivissa, Mariano Juan, celebró este viernes que, aunque fuera con más de un año y medio de retraso, el Govern balear hiciese suya la propuesta que le planteó la máxima institución ibicenca y prometiese a los propietarios de los apartamentos Don Pepe de que, a cambio de derruir sus viviendas, les darán una nueva dentro de unos años.
«Se trata de una solución que ya planteamos en el Consell hace más de un año y medio en diversas reuniones», recordó Juan, «mostrando además nuestra disposición a que el Ayuntamiento recalificara un terreno y que se construyeran allí las viviendas alternativas». De cualquier forma, lamentó que esta decisión llegue «tan tarde» por «todo el sufrimiento que se ha generado a medio centenar de familias».
Ante el anuncio realizado por el Govern balear, el vicepresidente insular puso la institución «a disposición del Ayuntamiento y del Govern para recalificar esos terrenos». «No se nos ha explicado cómo lo quieren hacer ni qué hoja de ruta tienen», señaló, «pero tienen que pasar por el Consell, por lo que tendrán la plena colaboración de este equipo de gobierno para facilitar esta operación urbanística».
Juan recalcó a su vez que «de lo que se trata es de poner plazos, y no sólo de hacer anuncios o promesas como se ha hecho con el solar de la Comisaría, que después de tres años sigue sin ninguna construcción. Se trata de que esta promesa se cumpla de la manera más rápida posible y de la manera más expeditiva posible por parte de las administraciones que están prometiendo esto», concluyó.
En términos similares se expresó el coordinador de Ciudadanos en las Pitiusas y vicepresidente segundo del Consell d'Eivissa, Javier Torres, que destacó que «la solución aportada para los afectados de los desalojos de los Don Pepe supone una esperanza para los vecinos y propietarios, pero no evita el sufrimiento e incertidumbre que han tenido a lo largo de este tiempo ya que, de haber hecho caso a las propuestas que les hicimos desde el Consell que ya iban en esta línea, este calvario innecesario se hubiese evitado».
Torres insistió a su vez en que «la presión de los vecinos es la que ha hecho reaccionar al Govern, que ha hecho lo que tenía que hacer: dar una solución a los perjudicados por los desalojos del Ayuntamiento de Sant Josep. Pero tras esta declaración de intenciones ahora hay que poner de acuerdo a todos los vecinos y administraciones implicadas. Nosotros vamos a estar vigilantes para que no sea un proceso que se eternice, por lo que reclamaremos que se convierta en realidad cuanto antes», apuntilló.
Desde la formación Vox en Sant Josep, tanto su coordinadora, Araceli Costilla, como la concejala Pino Vidal, aseguraron que, con esta propuesta, Armengol «está vendiendo humo para frenar el enfado de los vecinos». Asimismo, se mostraron sorprendidas de que, de repente, «se saquen de la chistera una propuesta mágica». «Si hace un año no había solución, dudo de que ahora la señora Armengol haya obrado el milagro», subrayó Vidal.
Desde Vox Sant Josep indicaron a su vez que «todo nos parece muy extraño, demasiado optimista y fácil para ser verdad» y aseguraron que vigilarán «de cerca» la medida porque «hay algo que no cuadra» y que quieren «lo mejor para esas 100 familias que están viviendo un calvario». «Estamos seguros de que Armengol está haciendo trampas y va a intentar saltarse por algún lado la legalidad con fines electoralistas», concluyeron.