Decenas de jubilados se concentraron este sábado, a media mañana, en el Parque de la Paz, convocados por la Coordinadora Balear para la Defensa de las Pensiones Públicas, para reivindicar que la subida de las pensiones –que está fijada para el 2,5 por ciento para las contributivas y en un tres por ciento para las mínimas y las no contributivas– se iguale al IPC real del año pasado, que fue del 5,5 por ciento. De hecho, en diciembre fue del 6,2 por ciento, por lo que los jubilados están perdiendo casi cuatro puntos de poder adquisitivo, dijo la portavoz de la organización para las Pitiusas, Graciela Masiano.
Masiano, quien lamentó que esto «se nota en la cesta de la compra», recordó que, a estas pensiones «precarias», hay que sumar el aumento del precio de la luz, el agua, el gas o los comestibles. De esta forma, cree que llegará un momento en que el colectivo se vea obligado a prescindir de las medicinas, por ejemplo, para poder alimentarse.
Otra demanda de la plataforma es la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) al 60 por ciento del salario medio. Igualmente, el colectivo pide acabar con la brecha de género. Además, Masiano criticó la intención del ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, de privatizar las pensiones, porque «el dinero va a parar a fondos privados», con la incertidumbre que puede generar entre el colectivo si la empresa quiebra.
Masiano desgranó que las pensiones no contributivas perderán un tres por ciento de poder adquisitivo, es decir, algo menos que las contributivas, pero, claro, cobrando alrededor de 650 euros, «igual no llegan».
La dirigente de la Coordinadora Balear para la Defensa de las Pensiones Públicas criticó la labor de los sindicatos generalistas mayoritarios, cuyos representantes no asistieron a la concentración. Según lamentó, «están en sus despachos mientras la gente está aquí protestando».
«Una vergüenza»
De similar opinión era una de las manifestantes, Alicia Rejón, quien directamente calificó la ausencia de los sindicatos como «una vergüenza». «¿Dónde están los sindicatos?», dijo.
A Rejón, quien perteneció en algún momento de su vida a la Confederación Nacional del Trabajo (CNT), le pareció decepcionante que no asistiera ningún representante sindical, especialmente cuando conoce casos de jubilados que, con la subida de la luz y el agua, «están pasando hambre y frío y recurriendo a la Seguridad Social, porque trabajaban mucho y les cotizaban muy poco». En su opinión, «es muy triste que gente que ha estado trabajando toda la vida tenga que ir a comedores sociales, donde hoy día hay más abuelos que otro tipo de personas». Por ello, insistió, «a los sindicatos se les tendría que caer la cara de vergüenza».
Rosé Sacases fue otra de las personas que firmó. Ella cobra una pensión de 400 euros y tiene una hipoteca de 600, lo que la hace estar «en la miseria», dijo, al tiempo que criticó la reforma laboral.
Avelino Parra también se adhirió a las reclamaciones. En declaraciones a Periódico de Ibiza y Formentera, simplemente afirmó que le parecía «una buena idea».