Los propietarios contactados hasta el momento por la representación de los apartamentos Don Pepe estarían de acuerdo con la permuta de sus viviendas por unas de nueva construcción, tal y como les ofreció el Govern balear, aunque manifiestan numerosas dudas sobre el proceso. Así lo aseguró ayer la presidenta de la asociación de vecinos, Silvia Hernández, quien destacó que la mayoría de estas dudas «no se pueden despejar» porque todavía «se está trabajando en ello». «Las dudas vienen generadas porque, a día de hoy, no hay más datos que los que se dieron en la reunión con Francina Armengol», subrayó la portavoz vecinal, «y lógicamente, con todo lo que se están jugando, la gente lo quiere saber todo ya».
«En estos momentos están todos los vecinos (los 100 propietarios de los bloques A y B) informados del contenido de la oferta de permuta realizada por el Govern», explicó Hernández, quien señaló a su vez que es un proceso que están llevando a cabo «sin prisa, pero también sin pausa».
Asimismo, destacó que los propietarios «están contentos» porque están comprobando que se está trabajando en solucionar el problema que llevan arrastrando desde hace más de dos años. «Sabemos que el Govern balear ya ha pedido la valoración medioambiental de los dos edificios de los Don Pepe», recalcó, labor que ha sido encargada a un experto de la Universidad de las Islas Baleares, «y que el Instituto Balear de la Vivienda (Ibavi) ya ha empezado a trabajar en el proyecto de las nuevas viviendas», adelantó Silvia Hernández. Unas viviendas que, a día de hoy, aún no saben dónde estarán ubicadas. «Sólo nos han dicho que será entre Sant Jordi y Playa d'en Bossa», reconoció.
Mesa de trabajo
Desde la Conselleria de Vivienda, por su parte, anunciaron que ya se está trabajando en la puesta en marcha de la mesa de trabajo anunciada por la presidenta del Govern balear, Francina Armengol, para llevar a cabo todo el proceso de permuta, además de en «definir su funcionamiento».
En este sentido, recordaron que para empezar a ejecutar estas labores «no hace falta que hayan dado todavía su visto bueno los propietarios a la permuta» e insistieron en que «no tardará mucho» en «empezar a rodar».
Además, desde la Conselleria dirigida por el ibicenco Josep Marí Ribas Agustinet hicieron hincapié en que, en paralelo a la creación de esta mesa de trabajo, se sigue en contacto permanente «tanto con los vecinos como con el abogado de estos» para ponerles al corriente de las actuaciones que se están llevando a cabo.
Hay que recordar que el pasado 10 de febrero, para encontrar una solución definitiva a la problemática de los Don Pepe tras más de dos años de desencuentros, Armengol se reunió con una representación de los 100 propietarios y les propuso, tanto a los del bloque A como a los del bloque B, una permuta de su vivienda antigua por una nueva en un edificio cuya construcción tramitará el Ayuntamiento de Sant Josep en un terreno cercano a la actual ubicación de las viviendas, aunque fuera de la zona del Parque Natural.
El objetivo final, según explicó la presidenta, es que los dos edificios acaben derruidos «para restablecer el Parque Natural», por lo que el 100% de los vecinos deberían estar de acuerdo con la propuesta.
LA NOTA
Los propietarios del bloque A que vivían en el edificio podrán optar a 10.000 euros de ayuda
Ayer se abrió el plazo para que las personas desalojadas del edificio A de los apartamentos Don Pepe puedan pedir las prestaciones económicas para atender ésta situación de emergencia social ante el Ayuntamiento de Sant Josep.
El plazo para presentar las solicitudes para optar a estas prestaciones, financiadas con una aportación de 500.000 euros del Consell d'Eivissa, se extiende hasta el 30 de noviembre.
Se prevé destinar 10.000 euros a cada propietario residente en el edificio desalojado, con un máximo de una prestación por vivienda; 5.000 euros para los propietarios que no vivían en el bloque A pero residen en las islas, independientemente del número de pisos de los que sean titulares, y 2.500 para las personas que vivían en el edificio en régimen de alquiler. A estas cifras se pueden añadir 1.000 euros adicionales por cada hijo menor de edad o persona dependiente que conviva con la beneficiaria.
Los beneficiarios recibirán en un primer momento el 60% de la cantidad económica demandada y el resto en un plazo de tres meses, una vez reunidos con los servicios sociales municipales para acreditar que se ha hecho un buen uso de estos fondos. Según estipulan las bases, este buen uso implica destinar la prestación a evitar que las personas afectadas pasen a una situación de vulnerabilidad. Así, pueden destinarse a la manutención, el vestido, el uso del hogar y todas aquellas relacionadas con la integración escolar, laboral y social de las familias beneficiarias.
Estas prestaciones son compatibles con otras ayudas, como las que prepara el Govern balear para subvencionar durante los próximos años los alquileres de las familias desalojadas, en cumplimiento del compromiso público alcanzado con el Ayuntamiento de Sant Josep y el Consell ibicenco de estar al lado de estas personas mientras llega la solución definitiva de su caso. Estas prestaciones se ponen a disposición de los afectados respetando también el calendario acordado.