El anunciado plan de decrecimiento de plazas turísticas anunciado el pasado lunes por el Govern mantiene a las patronales pitiusas en vilo, pendientes de conocer con exactitud el alcance de la propuesta del Ejecutivo balear. Desde el equipo de gobierno autonómico explicaron que dicho plan no comenzará a ser efectivo hasta dentro de cuatro años, fecha en la que finaliza la moratoria y el plazo máximo que tienen los Consells para incorporar la reducción de plazas.
En la Confederación de Asociaciones de Baleares (CAEB), el vicepresidente en las Pitiusas, José Antonio Roselló, puntualizó ayer que el mencionado plan forma parte de las negociaciones incluidas en la tramitación parlamentaria de la nueva ley turística. Por lo tanto, no debería hablarse en estos momentos de un plan como tal y sí de una posible enmienda defendida solo por una parte de la mayoría gobernante.
La situación es «muy movible, sin conocer exactamente el alcance. No se trata de ninguna decisión clara», insistió Roselló.
El vicepresidente reiteró que «el término plan es demasiado ambicioso en este caso» y explicó que, según la nueva ley, lo que predominará será la bolsa de plazas existente, objeto de una moratoria a la espera de que los Consells insulares elaboren sus respectivos Planes de Intervención de Ámbitos Turísticos (PIAT) o Planes Insulares Territoriales (PTI).
Decrecimiento
Con todo, Roselló consideró que este plan de decrecimiento supondrá para el sector hotelero un «impacto muy limitado, casi inexistente». «Es una noticia que, a día de hoy y hasta donde sabemos, tendrá poco efecto», aclaró el vicepresidente de la patronal.
«La mayoría de plazas que tenemos en la isla no se han comprado puesto que vienen de antiguo, desde la década de los 70. Así, se acota muchísimo el efecto», concluyó.
La Federación Empresarial Hotelera de Ibiza y Formentera (FEHIF) reconoció también estar a la espera de conocer el impacto de esta propuesta, aunque por ahora «no nos alarma mucho», según manifestó el gerente Manuel Sendino.
Desde el Consell d´Eivissa recordaron que en los últimos años ya se está decreciendo en cuanto a plazas turísticas. A modo de ejemplo, explicaron que en el año 2004 en la isla de Ibiza podían existir cerca de 81.000 plazas legales, mientras que la cifra ya estaba por debajo de las 78.000 si se tienen en cuenta los datos relativos a 2020. Curiosamente, en el año 2018 volvió a producirse un incremento del número de plazas turísticas, superando las 80.000.
Según explicó este pasado lunes el portavoz del Govern, Iago Negueruela, la medida tendrá efectos mínimos a corto plazo y éstos serán limitados: no afectará a la bolsa de plazas y solo se producirá la reducción en aquellas plazas de intercambio que previamente se hubieran adquirido de forma onerosa, según figura en la enmienda pactada por la izquierda. Tampoco incidirá en los alojamientos que salgan a la venta, sino a las plazas que se intercambien.
«Ley de progresos»
«Es una ley de progresos, pero moderada, pionera en muchos aspectos y lo que busca es una mejora de la competitividad del sector», añadió Negueruela.
El conseller recordó que en Baleares hay en estos momentos 433.000 plazas, a las que se podrían sumar las 20.000 que aún quedan en la bolsa. Es decir, si no se actúa sobre esta bolsa, aún hay margen para crecer. El cambio de la ley impedirá ese crecimiento y favorecerá la reducción a largo plazo.
Negueruela fue muy crítico con el portavoz del PP, Antoni Costa, que había asegurado que la medida hará desaparecer 100.000 plazas y el 25% de los puestos de trabajo. Entre otras cuestiones, el portavoz del Govern avanzó que, cuando se levante la moratoria de cuatro años, el intercambio de plazas también se reducirá mediante un sistema de ‘dos por uno'.
Para el conseller, esta fórmula no supone hablar de decrecimiento, sino de una «mejora de la competitividad del sector». «Todo lo nuevo, excepto la compra directa, irá a un modelo de reducción de plazas en una proporción razonable y a largo plazo», señaló.