El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha abonado finalmente al Consell d'Eivissa los casi 16 millones de euros que quedaban por liquidar del último convenio de carreteras, que se firmó en el año 2009 por un montante de 55,4 millones de euros.
Según la máxima institución insular, de este forma el Ministerio da respuesta a una petición aprobada en el pleno ordinario del mes de octubre y a las diferentes reclamaciones impulsadas por el equipo de gobierno insular. De hecho, el pasado 27 de junio el conseller de Infraestructuras Viarias, Mariano Juan, anunció que si el Ejecutivo de Pedro Sánchez no hacía frente a esta deuda la institución ibicenca la reclamaría judicialmente.
Un día después, a preguntas de Periódico de Ibiza y Formentera, el Ministerio confirmó su «intención de cumplir las obligaciones pendientes en el marco de los convenios ya extinguidos con los consells», aunque no aclaró cuándo se produciría este pago ni si tenía intención de firmar un nuevo convenio.
Hay que recordar que el Consell d'Eivissa envió las liquidaciones al órgano estatal hace más de un año. Sin embargo, desde el Ministerio aseguraron que las habían perdido, por lo que hubo que reenviarlas en el mes de abril.
La recepción de estos 15,9 millones de euros suponen «un punto y seguido en las reivindicaciones de la institución insular en materia de carreteras» ya que, «si bien se da por liquidado el convenio antiguo, el Consell d'Eivissa seguirá reclamando un nuevo convenio de carreteras que dé respuesta a las necesidades actuales de la isla», indicaron desde la institución en un comunicado.
A preguntas de este periódico sobre si hay posibilidades reales de firmar un nuevo acuerdo viario con el Ministerio, Mariano Juan aseguró que «tengo confianza real en que si el PSOE y Podemos aprietan en esto también, lo conseguiremos».
Juan recordó a su vez que el convenio de carreteras, hasta esta legislatura, «no había sido un regalo, sino que era y ha de seguir siendo un derecho de todos los ibicencos que se tiene que respetar gobierne quien gobierne. Nosotros no tenemos tranvías , no tenemos trenes de alta velocidad y tenemos que tener una red viaria moderna, segura y que dé respuesta a las necesidades actuales, de la que el Estado debe ser partícipe».
La última propuesta de actuaciones remitida por la máxima institución de Ibiza al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana el 15 de marzo de este año recoge un total de 12 proyectos con un valor total de 128.555.785 euros.
El acondicionamiento de la carretera EI-700, que une las localidades de Sant Antoni y Sant Josep, tendría un coste de 22,6 millones, de los que 20,5 corresponderían a las obras y 2,1 a las expropiaciones necesarias.
13,5 millones para la EI-200
El coste del acondicionamiento de la EI-200, entre Santa Eulària y Sant Carles, ascendería a 13,5 millones, de los que 11,7 serían en concepto de obras y 1,7 para expropiaciones.
Un total de 6,3 millones costaría acondicionar la EI-781, entre la EI-700 y el aeropuerto, 5,5 millones las obras y 810.000 euros las expropiaciones. Por su parte, el acondicionamiento en dos fases de la carretera EI-100, entre Jesús y Santa Eulària, rondaría los 27 millones de euros, de los que 3,6 irían a sufragar las expropiaciones previstas.
Otras de las actuaciones incluidas para el nuevo convenio serían el acondicionamiento de la EI-900, de Sant Jordi a Ses Salines (8,3 millones); los dos tramos de la EI-10, primer cinturón de ronda de Vila (15,1 millones); el acondicionamiento de las paradas de bus en la red de carreteras (2,3 millones); la ejecución de viales ciclistas en la red viaria (19,5 millones); la mejora de la intersección EI-300 y EI-200 (7 millones, y las variantes de Sant Rafel y Sant Josep, que aún no están monetizadas porque están en proyecto.
El apunte
Los consells no saben con quién negociar
José María de LamoLos consells insulares no saben con quién tienen que negociar los nuevos convenios viarios tras las declaraciones realizadas en los últimos meses tanto por Govern como por el Gobierno. El Ministerio de Fomento había remitido a las instituciones insulares a hablar directamente con el Ejecutivo autonómico, tras no haber incluido ni un solo euro a tal efecto en los Presupuestos Generales del Estado. Armengol, por su parte, se desentendió de cualquier posibilidad de realizar convenios de carreteras con los consells.