Representantes de los cinco ayuntamientos de la isla se reunieron este lunes en la sede del Consell con integrantes de la empresa que llevará a cabo el servicio de detección de lucha contra las fiestas ilegales impulsado por la Oficina de Lucha Contra el Intrusismo.
Un encuentro en el que también estuvieron el conseller de Lucha contra el Intrusismo, Mariano y el jefe de servicio de Ordenación Turística, Mariano Yepes, que dieron cuenta de la adjudicación del servicio que cubrirá toda la isla con 3 investigadores extranjeros y un administrativo infiltrándose en este tipo de fiestas gracias a las investigaciones a través de redes sociales.
Los representantes de la empresa explicaron su mecánica de trabajo y cómo se realizará la coordinación con las administraciones y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
En la reunión se ha pactado incidir especialmente en todas aquellas personas que publiciten las fiestas a través de internet o se dedican a la captación de clientes en zonas de ocio de la isla, para dificultar al máximo la celebración de estos eventos.
El contrato se adjudicó la semana pasada por 112.723,60 euros. La empresa ofreció la entrega en 10 días de los informes en lugar de 15 y un equipo activo de tres detectives y un administrativo.
Las prescripciones técnicas establecen que el número de servicios estimados es de 34 en un año.
Colaboración
El conseller de Lucha contra el Intrusismo explicó que con este servicio se les ofrece a los ayuntamientos «un arma muy efectiva» contra las fiestas ilegales que requerirá la colaboración de las Policías Locales.
En la reunión se ha puesto sobre la mesa el problema de personal que tienen los ayuntamientos, pero se han comprometido a hacer todo lo posible para enviar efectivos cuando se detecte una fiesta y poder desarticularla antes de que se celebre. En caso de que no pudieran hacerlo, su actuación sería durante la fiesta.
«En ese caso su labor sería la de identificar a las personas asistentes a la fiesta y multarlas. Porque ahora, con el cambio de la normativa hecho a instancia del Consell de Ibiza, se puede sancionar incluso a los asistentes», recordó Mariano Juan.
El cambio en la normativa contempla la sanción para aquellos que publiciten o capten clientes para la celebración de una fiesta sin licencia o los suministradores de servicios o material, además de a los organizadores.
Las sanciones pueden alcanzar en los casos más graves los 300.000 euros.
Los representantes de la empresa adjudicataria del servicio se reunirán de nuevo con las administraciones en 15 días. En la reunión celebrada este lunes ya se solicitaron actuaciones en ciertos lugares que llevan a cabo estos eventos.
Pesquisas
Cada servicio de intervención tendrá una duración de dos días en los que los detectives deberán colaborar con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado cuando sus actuaciones estén relacionadas con hechos delictivos.
El equipo de investigación siempre estará formado por tres detectives que irán rotando para evitar ser detectados.
Las actuaciones se dividirán en tres etapas: rastreo, seguimiento e informe. El objetivo principal es siempre evitar que se celebre la fiesta o, en caso de que no se logre, obtener las pruebas para identificar a los responsables.
En la fase de rastreo deberán obtener los contactos necesarios para poder acceder a la fiesta ilegal, para ello acudirán al rastreo en redes sociales o al contacto directo. Esta fase se llevará a cabo en colaboración con la administración. En el momento que se tenga constancia de la fecha de la posible fiesta se pondrá en marcha el servicio.
La fase de seguimiento implicará la localización de la vivienda o viviendas en las que se realiza el evento. Esta es la parte más compleja, dado que el objetivo es conocer el lugar del evento antes de que se celebre. El modus operandi habitual es que a los invitados no se les informa de la ubicación del evento, sino que se les da un punto de encuentro donde los organizadores les trasladan en vehículos privados al lugar de la celebración.
Localizada la ubicación del evento, los investigadores iniciarán la fase de recogida de pruebas para constatar y demostrar la identidad de la organización que lleve a cabo venta de bebidas en un evento sin autorización.
Finalmente emitirán un informe en el que constarán todas las pruebas recabadas para poder iniciar las actuaciones penales y administrativas contra los organizadores y comercializadores. Para ello se incorporará en el expediente desde el rastreo en redes sociales al pago de la entrada al evento o los vídeos y fotos tomados durante el traslado y dentro de la fiesta, si esta finalmente se celebrase.